La huelga de 1929, antecedente de la autonomía
Después del asesinato del presidente electo general Álvaro Obregón, el Congreso nombró presidente provisional a Emilio Portes Gil, quien ocupó el cargo del 1 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930, lapso donde hubo sucesos importantes: la rebelión escobarista, el fin de la guerra cristera, la lucha vasconcelista, la fundación del PNR y la concesión de la autonomía universitaria.
La huelga estudiantil de 1929, movimiento de alumnos universitarios originado como protesta por los cambios en los exámenes escolares en la Universidad Nacional de México fue iniciada por estudiantes de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales (antigua Escuela de Jurisprudencia) y derivó en el otorgamiento de una limitada autonomía universitaria.
En 1929, Narciso Bassols, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, intentó elevar la calidad de los abogados, obligando a alumnos a estudiar sus textos de modo continuo y sistemático, y ordenó la celebración de reconocimientos semestrales escritos.
En la Escuela Nacional Preparatoria, su director, Alfonso Caso, formuló un nuevo plan de estudios superior al vigente; pero tanto la medida del director de Leyes como ese plan fueron impuestos en forma drástica sin hacer caso de las observaciones estudiantiles, y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y en la Preparatoria se creó un clima de agitación.
El 4 de mayo de ese año, los estudiantes de leyes celebraron una asamblea general y nombraron un Comité Provisional de Huelga para tratar, con el secretario de Educación, de resolver el conflicto. Como no se obtuvo nada, Arcadio D. Guevara y Antonio D’ Amiano, presidente y secretario de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Jurisprudencia, declararon a la prensa su oposición absoluta para aceptar el sistema de reconocimientos. El 9 de mayo, reunidos en el salón El Generalito de la ENP los estudiantes se declararon en huelga.
En respuesta a la agitación estudiantil, la Escuela de Leyes fue cerrada por acuerdo del presidente Portes Gil.
Ezequiel Padilla, secretario de Educación, reconoció que “durante muchos meses los estudiantes, y especialmente los de Derecho, hicieron bandera de combate la autonomía universitaria…”, pero condenaba la agitación reinante. En su editorial del día 13, El Universal criticó como impropia la clausura de la Escuela de Jurisprudencia decretada por acuerdo del presidente Portes Gil. Los alumnos estaban dispuestos a seguir la huelga y hablar con el rector para que convocara al Consejo Universitario.
Portes Gil calificó de “injustificada y de franca indisciplina” la huelga y advirtió que cualquier delito o alteración del orden se castigaría “con toda energía”. Acusaba a los líderes estudiantiles Alejandro Gómez Arias, presidente de la Confederación Nacional de Estudiantes, y a Salvador Azuela de aprovecharse del conflicto para obtener finalidades políticas debido a su íntima relación con el vasconcelismo.
El 21 de mayo, la Escuela Nacional Preparatoria secundó el movimiento; dos días después se unieron Odontología y las secundarias 1, 3 y 4.
Enfrentamiento en Santo Domingo
El 23 de mayo se suscita un zafarrancho en la Escuela de Derecho, entre estudiantes y bomberos, con heridos de ambos lados, y el movimiento se amplió con la adhesión de otros planteles, entre ellos escuelas secundarias, la Preparatoria Nocturna y la Escuela Nacional de Medicina. Varios profesores renunciaron. Una asamblea en la Casa del Estudiante decidió que la huelga continuara.
La policía arribó a la Escuela de Medicina en donde los jóvenes lanzaban airadas protestas y ataques al gobierno por la agresión del mediodía. El director de la Facultad, Fernando Ocaranza, rechazó a la policía. La intervención de José Manuel Puig Casauranc, jefe del Departamento del Distrito Federal, evitó más enfrentamientos y ofreció intervenir ante el presidente.
Una numerosa manifestación estudiantil se encaminó a las redacciones de los periódicos para dar a conocer su decisión de mantener la huelga. Fue acometida en la avenida Juárez en las primeras horas de la noche por bomberos y policías. Hubo numerosos lesionados.
Carta de Alejandro Gómez Arias
Ese día, Alejandro Gómez Arias, presidente del Directorio de la Huelga y de la Confederación Nacional de Estudiantes, envió una carta al jefe del Departamento del DF, la cual da la clave de la petición de autonomía. Dice: “Usted mismo intervino y puso fin la tarde de hoy al ataque de la policía a la Escuela de Medicina, cuando allí se celebraba una asamblea pacífica. Nada es necesario por el mismo decir sobre este suceso vergonzoso e injusto.
“Pero hace dos horas un grupo de estudiantes que se encaminaba a El Universal fue balaceado en la Avenida Juárez por fuerzas policíacas. No medió, por lo que a nosotros toca, ni provocación ni agresión; contamos para probarlo con testimonios imparciales, entre ellos el del periodista Alberto Ramírez de Aguilar. Hemos visto caer a varios compañeros, pero sólo en el transcurso de la noche tendremos los datos suficientes para denunciar con exactitud el número de víctimas. Todo esto afirma nuestra convicción de que se trata de resolver por la violencia un conflicto universitario.
“En el estado del conflicto es esencial, en primer término, castigar a quienes han hecho uso de la fuerza contra estudiantes inermes. El jefe de la policía debe ser castigado administrativamente y juzgado como delincuente. Exigimos también el retiro de las fuerzas policíacas, bomberos o elementos del ejército, de las escuelas en huelga o sus cercanías. En el primer caso las demandas de carácter docente, con preferencia la cuestión de los reconocimientos en la Escuela de Jurisprudencia y el plan de estudios de la Preparatoria, se resolverán de inmediato de acuerdo con las demandas estudiantiles. En este capítulo es fundamental no limitar la opinión estudiantil a los casos planteados ya, sino escuchar de modo permanente la opinión de la masa estudiantil; estamos seguros de que el rechazo de esta regla significaría posponer una serie de fricciones que irán surgiendo inevitablemente. La injerencia de los estudiantes en los organismos de la Universidad es absolutamente necesaria y no sólo como informativa, sino determinante en la vida escolar.
“El gobierno ha declarado que nuestro movimiento tiene un carácter político; rechazamos esa imputación y pedimos que se nos permita organizar la vida universitaria con sujeción a sus propias normas. La autodeterminación universitaria no es un ideal anárquico, la organización y la disciplina de nuestro movimiento que, como usted reconoció hoy en la tarde, es ejemplar y magnífica, aseguran la posibilidad de esos fines.
“Creemos necesario decir a usted, con lealtad, que en vista de los graves acontecimientos del día de hoy, la Confederación Nacional de Estudiantes se está dirigiendo a todas las federaciones que la forman y en general a todas las escuelas y estudiantes de la República, y no dudamos que obtendremos solidaridad y apoyo y el problema entonces requerirá tal vez resoluciones más vastas.
“México, DF, 23 de mayo de 1929. Muy atentamente, Alejandro Gómez Arias.”
El mismo día fueron tomados los edificios universitarios por parte de los huelguistas. El secretario general de la Universidad, Daniel Cosío Villegas, fue amenazado.
Al día siguiente, el 24 de mayo, la totalidad de las escuelas profesionales se unieron a la huelga.
Exaltados los ánimos hubo nuevas manifestaciones y la huelga alcanzó proporciones mayores. Algunos profesores renuncian. El rector Antonio Castro Leal reprueba los desórdenes y pide una averiguación exhaustiva a fin de que se aclare la culpabilidad de miembros de la policía que se han excedido en sus funciones. Renuncia el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Narciso Bassols.
El presidente lamentó los hechos ocurridos. Dijo: “Estimo conveniente que esta situación anómala termine cuanto antes”, y se han dictado ya “las medidas necesarias… consistentes en el retiro de las fuerzas de la policía y de los bomberos que custodiaban los edificios escolares”, por lo que pueden los estudiantes “con toda libertad volver a sus escuelas y deliberar en ellas cuanto lo deseen… El orden de los edificios y la guarda de los muebles y… objetos… quedan exclusivamente a su cuidado y encomendados al honor de los mismos estudiantes…”. Portes Gil termina con una invitación a que se le comuniquen los resultados de las deliberaciones personalmente o por escrito.
Los estudiantes se reúnen a deliberar sobre el documento que se presentará al presidente. Surgieron múltiples oradores que hicieron peticiones insignificantes. Sólo habló de pedir la autonomía la alumna normalista Elisa Zapata Vela. Las proposiciones de renuncias del secretario de Educación, Ezequiel Padilla; del subsecretario, Moisés Sáenz; del rector Antonio Castro Leal, de directores de facultades, de las secundarias 1, 3 y 4, del jefe de la Policía y de las Comisiones de Seguridad… fueron las principales.
José Manuel Puig Cassauranc envía un memorándum al presidente de la República –según su libro, Galatea rebelde a varios Pigmaliones–, donde menciona que “puede obtenerse del movimiento huelguista un verdadero triunfo revolucionario, apoyado en elevada tesis filosófica escolar y que aumentará en el interior y exterior del país el prestigio del señor presidente, dejando a su administración el mérito definitivo de una reforma trascendental en la organización universitaria”.
La tarde del 25 de mayo, Gómez Arias pronunció un discurso en la Facultad de Medicina. Explicó el verdadero motivo de la huelga. Después de hacer varios comentarios sobre la cuestión y manifestar que el asunto de los reconocimientos no tenía en realidad importancia alguna para los estudiantes de leyes, aclaró que lo que ellos pretendían era que el Consejo Universitario estuviera formado por representaciones proporcionales de maestros y alumnos, a fin de que en su seno se resolvieran todos los conflictos estudiantiles sin que imperara siempre la imposición oficial con grave perjuicio para los intereses de los escolares. Aseguró que ellos no pretendían tener la razón a toda costa en el caso de los reconocimientos, sino únicamente querían y tenían derecho a pedirlo, que se les escuchara, y si no estaban en lo justo, se les demostrara con razones, no con alardes de fuerza que revelaban intransigencia y falta de tacto, por lo cual, aseguraba, los estudiantes de leyes no cejarían hasta obtener lo que pedían: el gobierno autónomo de la Universidad.
Al día siguiente, en la Facultad de Derecho, se realizó un mitin. Se homenajeó a los heridos del 23 y se exigió que el “23 de mayo fuera declarado Día del Estudiante y que en la Plaza de Santo Domingo fuera colocada una placa con el texto Plaza 23 de Mayo… El doctor Puig Casauranc se declaró en favor y las placas fueron colocadas días más tarde”.
El camino hacia la Ley Orgánica
El 27 de mayo se presentó al presidente el memorial de los estudiantes. Lo firmó el secretario del Comité General de Huelga, Ricardo García Villalobos. Constaba de 10 considerados y seis peticiones, ninguna de las cuales hizo referencia a la autonomía. Se pedía, en cambio, la renuncia de un gran número de funcionarios y la mayor participación estudiantil, con voz y voto, en el Consejo Universitario, de tal manera que los estudiantes pudieran realizar “una verdadera conquista” que resolviera “con justicia y equidad problemas presentes y futuros”.
El presidente Portes Gil, contestó al día siguiente el pliego de peticiones por medio de una larga carta dirigida al secretario del Comité de Huelga, Ricardo García Villalobos. En su parte medular dice:
“Aunque no explícitamente formulado, el deseo de ustedes es el de ver su Universidad libre de la amenaza constante que para ella significa la ejecución, posiblemente arbitraria en muchas ocasiones, de acuerdos, sistemas y procedimientos que no han sufrido, previamente, la prueba de un análisis técnico y cuidadoso hecho sin otra mira que el mejor servicio posible para los intereses culturales de la República, y para evitar ese mal, sólo hay un camino eficaz: el de establecer y mantener la autonomía universitaria.
“Profundamente convencido de todo lo que antes digo, hoy mismo he formulado un proyecto de decreto convocando al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para el estudio de la ley mediante la cual quedará resuelto el establecimiento de la Universidad Autónoma.”
El primer mandatario envió su respuesta a los estudiantes peticionarios, queriendo mantener un “tono de serena cordialidad” frente a las demandas y frente a la conducta de los universitarios. Indicó que buscaba una colaboración generosa, y que se sentía “como un hombre de extracción universitaria”, incluso “cerca todavía de la vida estudiantil”. Desaprobó la represión ejercida. Expresó también que no podía conceder todas las peticiones, básicamente las referidas a renuncias de funcionarios, porque ello equivaldría a relegar su responsabilidad y a diluir “el principio de autoridad que sólo en ella se basa”.
Luz verde a la Ley Orgánica y fin de la huelga
El 3 de junio dan inicio las sesiones en el Congreso para tratar el referido proyecto de ley. El rector Antonio Castro Leal dio a conocer al Congreso su opinión favorable a la iniciativa presidencial, recalcando que la autonomía “ha sido el ideal constante de todos los universitarios”.
Al día siguiente, la Cámara de Diputados facultó al presidente sentar las bases de la Universidad Nacional Autónoma. El secretario de Educación, Ezequiel Padilla, habló en el recinto parlamentario y demandó de los estudiantes que supieran hacerse dignos de la autonomía.
El Senado concedió también facultades extraordinarias al presidente provisional para el establecimiento de la autonomía universitaria. La huelga estudiantil siguió adelante, en espera de que se alcanzara una resolución definitiva al conflicto, e inclusive el 11 de junio, los alumnos se apoderaron del edificio de la Universidad, cuando ya soldados, bomberos y policías habían sido retirados de los recintos escolares.
A mediados de ese mes, la Cámara de Diputados discute la conveniencia de otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República para que emitiese el decreto otorgando la autonomía a la Universidad Nacional.
El diputado por el Distrito Federal Rafael Sánchez Lira consideraba que la autonomía universitaria era uno de los postulados más elevados, más sublimes de la Revolución.
Ya trasladada la discusión a la Cámara de Senadores, el senador Pastor Rouaix propuso la creación del Instituto Científico Nacional dependiente directamente del Ejecutivo e independiente de la Universidad Nacional, señalando que a ésta le tocaría realizar una labor de orden docente, en tanto que al primero le correspondería desempeñar labores de investigación. Se sugirió que se otorgaran al presidente facultades extraordinarias para legislar, pero que se concediera a la Universidad una autonomía “muy relativa”, pero de ninguna manera una libertad absoluta.
La tesis de que la autonomía estaba emparentada con las ideas que en ese sentido se habían proclamado durante la Revolución aparece en el tercero de los considerandos del decreto del presidente Portes Gil. Ahí se dice que un ideal de los gobiernos revolucionarios y de las clases universitarias mexicanas era la autonomía de la Universidad Nacional. En efecto, los gobiernos del presidente Madero y de la Convención habían considerado la idea de la autonomía universitaria, y no deben omitirse el otorgamiento de la autonomía a la Universidad Michoacana en 1917, ni los importantes proyectos de Félix F. Palavicini y de José N. Novelo.
El primer día de julio, a propuesta del presidente Portes Gil, se reunieron en el Palacio Nacional varios profesores universitarios para enfrentar la crisis en la casa de estudios. En su junta, acordaron prorrogar un mes más la etapa de deliberaciones sobre la ley, para oír todas las opiniones.
Durante esos días, ante la demanda formulada por algunos de que se reanudaran las clases, el profesor Vicente Lombardo Toledano declaró: “El propósito principal que nos guía es el de evitar a todo trance que los alumnos de la Universidad pierdan este año de estudios”. El alumno Carlos Zapata Vela, en sesión del Comité de Huelga, indicó que si se expedía la ley autonómica, la huelga cesaría.
El 6 de julio, el comité de prensa de los profesores universitarios dio a conocer los puntos de vista de éstos sobre la necesidad de que, una vez expedida la ley, se integrara el Consejo Universitario con representantes de maestros y alumnos.
Y llegó el día: El 10 de julio de 1929 el presidente Emilio Portes Gil promulgó la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de México, Autónoma, la cual se publicó el 22 de julio en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el día 26.
Después del anuncio de Portes Gil, el 12 de julio, en el salón de actos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, celebró su última sesión el Comité de Huelga con representantes de todas las escuelas participantes. La directiva provisional de la asociación de profesores universitarios, encabezada por el ingeniero Enrique E. Schulz, expresó que “cualesquiera que sean los defectos de que la ley adolezca, lo que importa ahora no es objetarla, sino procurar su mejor cumplimiento. Estamos convencidos de que la resolución de lo que se ha dado en llamar el problema de la autonomía universitaria, depende –ante todo y sobre todo– de la sinceridad, de la honradez y del esfuerzo que cada profesor y cada estudiante pongan al servicio de la Universidad”.
La incertidumbre enclaustra los primeros años de autonomía
La Ley Orgánica de la Universidad establecía la autonomía de la Universidad Nacional, sin más taxativa que la ética y la responsabilidad sociales, comprometiéndose el gobierno, a su vez, a suministrarle un apoyo económico anual de una manera tan amplia “como las presentes necesidades de la Universidad demandan”.
La proposición de la terna para la designación de rector fue considerada por Portes Gil como un elemento para asegurar la armonía entre el gobierno y la Universidad y para garantizar el cumplimiento “de ciertos compromisos fundamentales de la Universidad ante la nación”. No se explicaban cuáles eran esos “ciertos compromisos” y obviamente se les dejaba al mejor entendimiento que sobre los mismos pudiera tener el propio presidente.
Una advertencia final se planteaba en las palabras de Portes Gil: “deseo reiterar de una manera enfática que la autonomía universitaria pagada por la nación se justificará solamente si los que la manejan saben patrióticamente identificarse, al desenvolver su programa de acción universitaria, con la fuerte y noble ideología de la Revolución Mexicana”.
Aparece por primera vez un condicionamiento importante para la libertad de cátedra y de investigación, supuesto que el contenido ideológico que justificaba el otorgamiento de la autonomía vinculaba también a los miembros de la comunidad universitaria.
El procedimiento adoptado por la Ley Orgánica de 1929 para la elección de rector era radicalmente opuesto al planteado por los alumnos de la huelga de mayo, quienes demandaban el derecho de la Universidad para elaborar una terna y remitirla al Ejecutivo, quien designaría al rector, procedimiento ya adoptado por la Ley universitaria de Victoriano Huerta, en tanto que el gobierno prefería el mecanismo inverso: que fuera el Ejecutivo quien remitiera al Consejo Universitario la terna para que éste eligiera al rector.
Este fue el criterio que prevaleció y de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica Portes Gil envió la terna al Consejo Universitario. Uno de los elegidos, Salvador Urbina, declinó ser considerado como posible rector, por lo cual la terna se convirtió en duerna, como irónicamente la calificó Antonio Caso.
El consejo solicitó al presidente la integración de la terna proponiendo un nombre más, pero recibió una negativa categórica y la elección final tuvo que hacerse entre los dos candidatos restantes. El elegido fue Ignacio García Téllez.
Ignacio García Téllez, Oficial Mayor de Gobernación, fue investido como rector de la Universidad de México, por designación del presidente de la República. El cargo lo ejerció en dos etapas: del 11 de julio al 1 de agosto de 1929 y del 4 de septiembre de 1929 al 12 de septiembre de 1932, ya que de manera interina, del 2 de agosto al 4 de septiembre, la rectoría la ocupó el constitucionalista José López Lira.
Durante su mandato, García Téllez hace las primeras gestiones para la creación de la Ciudad Universitaria y da a conocer que el presidente acordó la adquisición de terrenos en las Lomas de Chapultepec, donde ahora se alojan los edificios de la Secretaría de la Defensa. Ya en ejercicio de las funciones autónomas que correspondían a la Universidad, el 31 de julio de 1929 el rector declaró, en nombre de la República, instalado el Consejo Universitario.
Lo sustituiría en la rectoría el químico Roberto Medellín Ostos (del 12 de septiembre de 1932 al 15 de octubre de 1933), buscando con ello radicalizar la posición del gobierno con respecto a la intervención de la Iglesia en materia educativa. Abelardo L. Rodríguez había asumido la Presidencia de la República, que ostentaría del 2 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. En septiembre de 1933, el rector de la Universidad, Roberto Medellín y Vicente Lombardo Toledano organizaron el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos en el cual se aprobó que la Universidad y otras instituciones similares debían formar individuos que contribuyeran, de acuerdo con su preparación profesional, al advenimiento de una sociedad socialista.
Durante la administración de Medellín se originó un dinámico movimiento estudiantil en rechazo al proyecto educativo de reforma socialista que representaba para muchos universitarios la imposición por parte del Estado de una ideología en la enseñanza, ajena al sentir nacional y contraria a la libertad de cátedra.
Como respuesta a esa inconformidad, el gobierno mexicano decidió romper los vínculos con la Universidad y le otorgó la plena autonomía mediante su Ley Orgánica de 1933, que le dejaba bajo su exclusiva y absoluta responsabilidad y con sus propios elementos pecuniarios y morales.
La polémica Caso-Lombardo
No se puede conocer el alcance de la Ley Orgánica de 1933 sin tener presente el ambiente dentro del cual se produjo un replanteamiento total del concepto de universidad. Y ahí encajan las implicaciones de la polémica entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano acerca de la orientación ideológica de la Universidad. Este famoso debate se escenificó en los meses de septiembre y octubre de 1933 y tuvo su origen en el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, del 7 al 14 de septiembre de ese año.
El tema Posición ideológica de la Universidad frente a los problemas de momento dio lugar a una ponencia presentada por la Segunda Comisión del Congreso, según la cual, la Universidad Nacional y las instituciones de educación superior del país debían adoptar la filosofía del materialismo histórico como orientación de sus tareas docentes, científicas y culturales. Este planteamiento fue severamente impugnado por Antonio Caso y en el último día del congreso, Caso y Lombardo Toledano iniciaron la polémica que habrían de extender, posteriormente, a las páginas de los diarios mexicanos, con una importante resonancia en el ámbito académico del país.
La segunda de las conclusiones aprobadas por el congreso decía: “Siendo el problema de la producción y de la distribución de la riqueza material el más importante de los problemas de nuestra época y dependiendo su resolución eficaz de la transformación del régimen social que le ha dado origen, las universidades y los institutos de tipo universitario de la nación mexicana contribuirán, por medio de la orientación de sus cátedras y de los servicios de sus profesores y establecimientos de investigación, en el terreno estrictamente científico, a la sustitución del régimen capitalista, por un sistema que socialice los instrumentos y los medios de producción económica. La historia se enseñará como la evolución de las instituciones sociales dando preferencia al hecho económico como factor de la sociedad moderna”.
Así se desenvolvió una polémica premonitoria. Los siguientes protagonistas ya no serían dos profesores universitarios sino dos poderosos rivales de circunstancia: el Estado y la Universidad. El primero prosiguió el derrotero de perseguir un contenido ideológico para la educación. Tal se consiguió mediante la reforma al artículo 3° constitucional que establecía como característica definitoria de la educación su orientación socialista. La Universidad, por su parte, marchó por otra senda e identificó a la libertad de cátedra y de investigación como elementos indispensables de la autonomía. Prescindir de esas formas de libertad era cancelar su autonomía institucional.
La reacción en contra de los acuerdos adoptados por el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos también germinó en la Facultad de Derecho. Allí, un grupo de profesores, entre ellos Enrique González Aparicio, Antonio Carrillo Flores, Miguel Palacios Macedo, Roberto A. Esteva Ruiz, Manuel Gual Vidal y Rodulfo Brito Foucher, exigió el respeto por la libertad de cátedra en una asamblea realizada el 26 de septiembre de 1933.
La inconformidad creció. Un grupo de estudiantes solicitó al director de la Facultad de Derecho, Rodulfo Brito Foucher, que exigiera a la Confederación Nacional de Estudiantes la desocupación de la oficina que se le había concedido en el edificio de la propia Facultad. Señalaban como fundamento de su demanda que esa confederación había auspiciado las conclusiones del Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, mismo que proscribía la libertad de cátedra.
Al tiempo que esto ocurría en la Facultad de Derecho, en el seno de la Universidad se gestó una reacción en contra de Brito Foucher. Una comisión integrada por los directores Enrique O. Aragón, de Filosofía y Letras; Ignacio Chávez, de Medicina, y José Villagrán, de Arquitectura, recibió el encargo de solicitarle su renuncia. El mismo día que ellos cumplieron con su cometido, el rector acusó ante el Consejo Universitario al director Brito Foucher por instigar a la violencia a los alumnos de su escuela. El Consejo Universitario destituyó de su cargo al director.
El enfrentamiento que a continuación se produjo entre los alumnos de Derecho y de otras escuelas de la Universidad dio lugar a que el rector solicitara la intervención de la fuerza pública.
Para apoyar a Brito Foucher en contra de la resolución del Consejo Universitario, los alumnos iniciaron un movimiento de huelga y el 13 de octubre presentaron un pliego de peticiones en el que, entre otras demandas, exigían la renuncia del rector de la Universidad y de Vicente Lombardo Toledano como director de la Preparatoria. Pedían que cesara la intervención del secretario de Educación Pública en los asuntos internos de la Universidad y demandaban una reforma radical de la Ley Orgánica de la Universidad para que se le concediese a la institución la autonomía plena.
El rector Roberto Medellín se comprometió con un grupo de profesores de Derecho a pedir al director de la Preparatoria, Vicente Lombardo Toledano, que presentara su dimisión. Como éste no lo hiciera, quienes renunciaron fueron los directores de Filosofía y Letras, Enrique O. Aragón; de Medicina, Ignacio Chávez; de Medicina Veterinaria, José F. Rulfo, y de Odontología, Rafael Ferriz. Ante esta presión Lombardo Toledano dimitió, dirigiendo al rector de la Universidad un mensaje: “Deseo que usted y los universitarios sepan que sigo y seguiré pensando en la necesidad de dar una orientación socialista a la enseñanza”. Ante la salida de Lombardo, las renuncias de los directores se anularon.
Ante este panorama, el 14 de octubre de 1933 el presidente de la República Abelardo Rodríguez declaró: “Los graves acontecimientos en la Universidad Autónoma durante los últimos días y que culminaron hoy con el hecho de haber sido expulsado el rector de sus propias oficinas por un grupo de estudiantes, además de los serios deterioros causados en los planteles por las luchas de los alumnos entre sí, no pueden pasar inadvertidos por el gobierno de la República, el cual, deseoso de no inmiscuirse en la pugna de los bandos formados en el seno de la Universidad, se ha limitado hasta hoy a presenciar, lleno de dolorosa preocupación, cómo se desvía de sus nobles fines culturales el instituto que debiera ser orgullo de la nación”.
El presidente agregó: “La magnitud de los últimos sucesos, la posibilidad de que con peligro de la vida y los intereses legítimos de los habitantes de la capital pudieran desarrollarse futuras contiendas y la circunstancia de que si bien pesa sobre los mismos universitarios la responsabilidad de su conducta, no es posible que el Ejecutivo a mi cargo deje de buscar los medios más adecuados para llegar a una final y completa solución al estado de cosas reinantes, son todos ellos causas que obligan al gobierno a enfrentarse de lleno con la actual situación”.
Por las anteriores consideraciones el presidente concluía que para dar ese remedio ya enviaba al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas “que exige la actual Ley Orgánica de la Universidad Autónoma”, pues –aclaraba– “no es propósito del Ejecutivo reducir la autonomía de la Universidad porque una vez creado ese sistema de gobierno y entregada como está la responsabilidad de su destino a los propios universitarios, juzgo que es menester simplemente buscar la manera de que la ley de la institución permita de modo pleno el desarrollo de la vida universitaria con sus propios recursos, con sus propias orientaciones y bajo su exclusiva responsabilidad”.
Una vez conocidas las declaraciones del presidente, el rector Medellín presentó su dimisión. Quedaba patente, en la declaración presidencial, la amenaza en el sentido de abandonar a la Universidad a sus propios recursos y de desentenderse así del conflicto planteado en su seno.
Pierde la Universidad su carácter nacional
En el discurso pronunciado por el secretario de Educación, Narciso Bassols, en la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 1933 –a punto de que se eligiera rector a Manuel Gómez Morín en lugar de Roberto Medellín, quien dos días antes renunció debido a las protestas ocasionadas por el acuerdo firmado en el Congreso Universitario–, al presentar la iniciativa de la segunda Ley Orgánica de la Universidad, también llamada Ley Bassols, afirmó que ésta había abatido “el nivel espiritual y moral de sus hijos porque, empeñada en continuas y vanas contiendas, enseña que el camino noble no está en ella; que no es la ciencia, que no es la callada labor de investigación, de compenetración con los secretos de la naturaleza, lo que en la Universidad espera al joven. Ha enseñado que son más provechosas las luchas faccionales, destructoras, infecundas y formar parte de una banda de políticos y pseudopolíticos universitarios, que ir a las cátedras a demostrar sus conocimientos”.
Con este concepto de la Universidad y el señalamiento añadido de que en la institución más que democracia se producía agitación estéril y destructiva y se envenenaba prematuramente a los jóvenes, Bassols planteó la nueva ley de autonomía; ley que privaba a la Universidad de la característica de nacional que en 1910 le dio la dictadura porfiriana. Así, la revolución derivaba en el sentido de convertir el proyecto educativo de Justo Sierra en una institución privada. Las causas de la inquietud, incluso de la agitación, no se esclarecieron. Se atendía solamente a las apariencias sistemáticas de un mal cuya profunda raíz parecía preferible desconocer.
El énfasis particular que se puso en el desorden que vivía la Universidad; la supresión de su característica nacional; la cancelación del subsidio, responsabilidad del Estado; el paliativo, significado por la constitución de un capital de 10 millones de pesos para que de sus intereses viviera la Universidad –a pesar de que su presupuesto anual superaba a los tres millones de pesos– constituyeron solamente algunas de las formas para acosar a la institución.
Bassols afirmó que una de las soluciones que había ponderado el gobierno consistía en derogar la Ley de 1929: para que el Ejecutivo se hiciese cargo directamente de todos los planteles e instituciones universitarios. No obstante se optó por diferir esa medida y quedó pendiente, sobre la Universidad, la amenaza de que en cualquier momento le fuese revocada su autonomía.
Paradójico resulta que, aun cuando el secretario de Educación reconoció el desorden en que vivía la Universidad, la nueva Ley de 1933 no ofrecía ninguna posibilidad técnica de superar la situación en que la Universidad se debatía. Por el contrario, al afirmarse el poder de las academias se dejó vigente uno de los elementos de mayor efervescencia, cuyos resultados desfavorables para la organización institucional ya se habían dejado sentir y habrían de multiplicarse.
El aspecto fundamental de la Ley de 1933 fue la supresión del carácter nacional de la Universidad. En el discurso del secretario Bassols claramente se decía que la Universidad, al dejar de ser nacional, se convertía en una universidad más del país, que “quedará colocada en el único plano que en justicia le corresponde”. Y al dejar de ser nacional, el gobierno podía dejar de cubrir el subsidio que hasta entonces se le había entregado a la institución. Sintomática referencia hizo Bassols a lo que cien años antes había realizado Valentín Gómez Farías: clausurar la Universidad y –estableciendo un claro paralelismo entre lo hecho por Gómez Farías y lo hecho por el gobierno en 1933– señalaba que si en aquella ocasión la Universidad había sido clausurada, en esta última se le dejaba a su propio destino.
Tras la aprobación de la Ley Orgánica de 1933 se reunió el Consejo Universitario, el 23 de octubre, para designar encargado de la rectoría a Manuel Gómez Morín, quien al enfrentarse a los serios problemas financieros de la Universidad puso en marcha la política de austeridad y trabajo.
En forma simultánea se opuso rotundamente a que la Universidad se orientara, como el resto de las instituciones educativas del país, por una sola corriente del pensamiento. El rector se vio obligado a renunciar el 26 de octubre de 1934 por una huelga estudiantil en su contra. Enrique O. Aragón, director de la Facultad de Filosofía, lo sustituyó de manera interina, del 27 de octubre, al 26 de noviembre de 1934.
