Necesario, un rediseño de las políticas públicas

Hay grave crisis en seguridad y justicia

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En riesgo, la credibilidad del sistema anticorrupción

Mirtha Hernández / Laura Romero, 20 de abril de 2017

En México se vive una grave crisis en los sistemas de seguridad y justicia, con un crimen organizado violento, por lo que se requiere un rediseño de las políticas públicas con un enfoque funcional y transparente, señalaron participantes en los Foros Universitarios La UNAM y los Desafíos de la Nación quienes se refirieron al tema Seguridad.

José Medina Romero, académico de la Facultad de Derecho y exsubprocurador de la República, sostuvo que la seguridad y la justicia deben ir de la mano para poder hablar realmente de un estado de derecho, tarea que tiene que ver con las instituciones del Estado en los niveles federal, estatal o municipal.

Éste, recordó, es responsable de darnos nuevos esquemas y políticas públicas eficientes para enfrentar el fenómeno del crimen organizado y aquellos efectos que no sólo golpean a las personas y su patrimonio, sino que además rompen el tejido social.

Es necesario hablar de una política de Estado de transparencia y rendición de cuentas. Y el punto de partida sería la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República con características primordiales que permitan transexenalidad, exención de posicionamientos partidistas y una rendición de cuentas abierta ante la soberanía del país.

Aspecto del evento. Foto: Erik Hubbard

Ausencia de voluntad política

Patricia González Rodríguez, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y exprocuradora general de Justicia del Estado de Chihuahua, afirmó que la falta de una Fiscalía General de la República, aprobada mediante una reforma constitucional al sistema de justicia desde 2008, y que se ha aplazado por falta de voluntad política, pone en riesgo la credibilidad del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por lo anterior, México no ha transitado con pasos firmes al sistema judicial acusatorio, de transparencia y rendición de cuentas, que lleve a una justicia pronta.

“Ha faltado voluntad política para el diseño de políticas públicas de mediano y largo plazos. Una planificación que permita lograr la consolidación de una de las instituciones más importantes, que constituya el motor del sistema nacional acusatorio: la Fiscalía General de la República, indicó.

Para dar paso a esta fiscalía, agregó la también exjueza penal, tienen que desaparecer escalonadamente las delegaciones de la Procuraduría General de la República, pues la mayoría de los delegados desconocen el sistema nacional acusatorio. En su diseño deben participar la sociedad civil, organizaciones sociales y los expertos en temas de corrupción e impunidad.

José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refirió que ha habido avances enormes en la parte de derechos humanos, juicio de amparo, control de constitucionalidad, pero por otro lado, una extraordinaria crisis de la seguridad en el país.

Así, al Poder Judicial de la Federación se le presenta la dificultad de garantizar los derechos humanos en esas condiciones, lo cual genera una tensión enorme y una gran crítica a ese poder, como si no entendiera el tiempo en el que vive y las condiciones de la nación.

“Ni las policías, ministerios públicos, defensores públicos y forenses han adquirido las habilidades indispensables para contender, actuar y ser asertivos en un nuevo sistema de justicia como el que hoy tenemos, por lo que éste no se ve hoy como un sistema completo y funcional.”

Valor fundamental

Guillermo Ortiz Mayagoitia, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincidió en que la seguridad es el valor fundamental de lo jurídico y fin esencial del Estado. Sin embargo, las cifras que indican que en el país hay más de 29 mil personas desaparecidas, 850 fosas clandestinas y 60 mil desplazados muestran que se ha roto con este valor.

A lo anterior se suman diagnósticos de la Organización de las Naciones Unidas que señalan que el grado de impunidad en el territorio nacional es de 99 por ciento, pues sólo uno de cada cien delitos es perseguido y no todos terminan con sentencias condenatorias.

“Hay que acelerar la adecuación de todos los participantes en el nuevo sistema penal oral y acusatorio para que pronto sea eficaz. Vemos que el presupuesto en seguridad aumenta, pero para la justicia hay carencias”, añadió al pronunciarse porque este sistema cuente con insumos necesarios, y los jueces, policías y fiscales reciban la preparación requerida.

También participaron Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho; Luis Orozco Inclán, rector de la Universidad Naval; José Mario de la Garza, presidente de la Barra de Abogados; el comisionado de la Policía Federal Preventiva, Manelich Castilla Craviotto; Luis Esteban Islas Basilio, en representación de Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; Gustavo Mohar Betancourt, exsubsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como Alejandro Hope y Deni Álvarez Icaza, especialistas en seguridad nacional y en atención a víctimas de crímenes de alto impacto, respectivamente.