Necesario, un Estado democrático y social

Una utopía, la aplicación de los derechos humanos, señalan expertos

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Tiene que combatirse corrupción, impunidad y violencia para superar desigualdades y pobreza

Laura Romero / Leonardo Frías, 16 de mayo de 2017

En tanto en México no se logre construir un estado democrático, social y de derechos que combata la corrupción, impunidad y violencia; la posibilidad de seguir un camino de superación de la desigualdad y la pobreza por la vía de los derechos humanos parece una utopía. El Estado es responsable de garantizarlos, y el primero de ellos es el de la supervivencia, señalaron expertos en la UNAM.

El Estado es el responsable de garantizar los derechos; a su vez, los ciudadanos, de exigirlos.

El principal

Durante los Foros Universitarios La UNAM y los Desafíos de la Nación, con el tema Derechos Humanos y Equidad, Enrique del Val, director general de Planeación, expresó que el principal derecho humano es el de la supervivencia, porque sin él no se pueden cumplir los demás. “Si uno no come, es imposible que pueda gozar del resto”.

No obstante, en México hemos avanzado poco en garantizar el derecho a la alimentación a pesar de los compromisos internacionales que, como nación, hemos aceptado cumplir, refirió en la mesa II, Equidad.

En la Constitución política de la Ciudad de México se incluye el concepto de ingreso mínimo vital, y hay que darlo independientemente de la condición física o económica de la persona. “La única manera de avanzar en un verdadero combate a la pobreza no es focalizando, sino atendiendo a todos; esa renta básica, ese ingreso, pretende darle a cada ciudadano lo que le permita, al menos, su sobrevivencia”.

Enrique del Val dijo que el Estado es responsable de garantizar los derechos, pero los ciudadanos tenemos que exigirlos, y en ambos casos debe haber un avance. “No hay empleo para todos y habrá desempleados de por vida, por lo que se debe garantizar ese ingreso ciudadano”, opinó.

La sesión fue moderada por Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía (FE) y coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), quien expuso que en México hay una crisis de estatalidad, “entendiendo por esto falta de destrezas, de conocimiento de los servidores públicos para encarar las obligaciones que emanan del mandato constitucional.

“Ahí hay un problema de servicio público, civil, de burocracia, que se nos fue yendo hasta dejarnos un Estado debilitado en su interior, en sus capacidades para lidiar con el conflicto y adelantarse a las contradicciones, para asignar recursos, entre otros.”

Por eso, para enfrentar el tema de los derechos y de la estatalidad, propuso plantear una auténtica reforma del Estado que tenga como punto de partida a la “madre de todas las reformas” que es la fiscal o hacendaria, en la que se incluya gasto, ingreso y deuda.

Crisis nacional

En el auditorio Ho Chi-Minh de la FE, Clara Jusidman, presidenta fundadora de la asociación civil Incide Social, apuntó que hay una gran crisis de derechos humanos en la nación, por la tortura, desapariciones, secuestros, asesinatos, despojos y desalojos, violencia contra las mujeres y feminicidios. Enfrentar la violación a los derechos individuales y civiles exige acciones inmediatas y urgentes, y de recursos. Se necesita reconstruir al Estado y sus instituciones con la participación de la población.

Uno de los grandes obstáculos para incorporar los derechos humanos como eje de desarrollo social y económico del país es el enorme desconocimiento de los políticos y gobernantes de su significado e importancia, además de que prevalece un pensamiento conservador de las élites políticas, sostuvo la integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Éstas no tienen interés alguno en que las mayorías se conviertan en ciudadanos de pleno derecho, en titulares de derechos, ni en que se organicen para exigirlos. Por ello, las políticas y programas sociales son compensatorias, las primeras, y clientelares, los segundos.

Por último, David Ibarra, profesor de la FE y doctor Honoris Causa por la UNAM, consideró que se requiere iniciar la tarea de fortalecer los derechos humanos y de imprimir una cara amigable a la globalización y a la libertad de mercados.

“Esa es la tarea que enfrentamos, y es más intensa en el caso de México, por ser una nación en desarrollo que tiene la obligación real o impuesta de defender los principios del orden económico internacional”, expuso.

Los paradigmas económicos reguladores de las economías y de las sociedades muestran vacíos, signos claros de inadecuación; y al propio tiempo, la renovación necesaria de otras muchas visiones envejecidas se suma al panorama caótico que prevalece.

Dilemas

Aun cuando en nuestro país se planteó un nuevo paradigma constitucional, hay dos grandes dilemas: ni el Estado mexicano ni sus gobiernos se han apropiado e interiorizado de la agenda de derechos humanos, y tampoco la sociedad misma ha asumido este discurso. La pregunta es por qué, planteó Mario Luis Fuentes, investigador del PUED.

“¿Si es mandato constitucional y es la gran ordenanza de las Naciones Unidas, por qué no se ha asumido? Porque aun cuando todos los textos oficiales formales hacen un vínculo con visión de derechos humanos, sólo se hace en narrativa y en retórica, como en el Plan Nacional de Desarrollo y otros documentos de planeación”, explicó.

El especialista agregó que el Estado mexicano no ha llevado un proceso transformador que realmente constituya el andamiaje institucional después de 2011.

“La estructura del Estado sigue siendo la misma, no se ha modificado; la propuesta de órganos autónomos no responde a una noción de garantía de derechos humanos, corresponde a la desconfianza entre los poderes.”

Marta Lamas, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, indicó que hay una mutación antropológica en el psiquismo y en la subjetividad de las personas, debido a que los mandatos de la masculinidad y la feminidad, los cuales están entretejidos en nuestras costumbres sociales, tienen un efecto negativo sobre el libre ejercicio de la sexualidad y la reproducción.

“Los principios políticos de una democracia moderna pluralista se encuentran vivos también en los derechos sexuales y reproductivos; su exigibilidad implica no sólo reformar la política de salud, sino también la educativa y sobre todo hacer valer la separación Estado-Iglesia, porque lo que más obstaculiza legitimar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos es el tabú religioso que pesa sobre el aborto y la homosexualidad. De ahí que lo imprescindible sea preservar el carácter laico”, resaltó.

Hoy en México la lucha por los derechos sexuales y reproductivos no es sustitutiva de otras batallas, ni constituye la vía exclusiva para enfrentar las múltiples formas de subordinación y explotación en el país, abundó.

Por un modelo equitativo

En su turno, José del Val, director del Programa Universitario de la Diversidad Cultural e Interculturalidad (PUIC), expresó que la condición real de los pueblos indígenas en nuestro territorio, igual que en otras sociedades del continente, no es resultado del olvido, de la fragmentación lingüística, de su lejanía espacial, geográfica, o de su negativa a participar en el desarrollo económico y social, sino del compromiso férreo que los sucesivos gobiernos han mantenido con la lógica de una política, establecida y refrendada sexenio tras sexenio, de mantener un modelo de extrema desigualdad con ellos.

La escolaridad y el acceso a la educación, ejemplificó, son un indicador por excelencia. En ese sentido, el investigador universitario demandó un modelo equitativo para todos los mexicanos sean o no indígenas. Ya que, según la Comisión de Educación Indígena Bilingüe, sólo 1.6 por ciento de la población indígena entre 20 y 24 años ha tenido acceso a la educación superior, además de que las 12 universidades interculturales en diversos estados de la República para la gestión 2015-2016 tenían matriculados únicamente un total de 14 mil ocho alumnos.

Al considerar que la población indígena entre 20 y 24 años es de 591 mil 895 personas, el número de estudiantes en las universidades interculturales indígenas sólo representa el 2.37 por ciento del total.

“El sistema universitario de educación superior está muy lejos de ofrecer una oferta justa, equitativa y democrática de acceso a la educación superior en México a los miembros de los pueblos indígenas”, concluyó.