Concluye el debate por México

Cuestionan académicos plataformas políticas

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Convergen propuestas de política exterior

Leonardo Frías, 16 de abril de 2018

Aunque con matices, pluralidad y diversidad en sus iniciativas, las plataformas presentadas en política exterior por los equipos de los aspirantes a la Presidencia de la República convergen en su conjunto.

Analizadas por un grupo especializado de universitarios, en la mesa moderada por Angélica Cuéllar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, las proposiciones más importantes fueron el diseño de una política exterior de Estado, el mejoramiento de la imagen de México en el mundo, el fortalecimiento de un sistema multilateral, la defensa de connacionales en otras latitudes y el replanteamiento de la relación con Estados Unidos.

“Si bien en cada una no hay una visión organizadora de objetivos y propuestas, así como una narrativa para esta nueva era, que combine fines y medios, sí hay la certeza de retomar la historia de la honrosa política exterior mexicana”, dijo Francisco Alba Hernández, profesor-investigador de El Colegio de México.

Laura Rojas, Demián Sánchez, Francisco Alba, Jorge Eduardo Navarrete, Angélica Cuéllar, Bernardo Sepúlveda, Vanessa Rubio y Héctor Vasconcelos. Foto: Francisco Parra.

El embajador Jorge Eduardo Navarrete, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, indicó que en todos los planteamientos existe conciencia del grado de dependencia externa de la nación, aun cuando la cuestión internacional se siga viendo “como algo accesorio o apendicular”.

“Una convergencia es el diseño de una política exterior de Estado, aunque sea una aspiración de larga data, difícil de materializar, pero está, y debe contribuir al desarrollo interno, nacional.”

El juez Bernardo Sepúlveda Amor, investigador extraordinario de la UNAM, explicó que la defensa de la soberanía, la reafirmación de la política exterior independiente, y el alineamiento de ésta con la política interna son algunas de las coincidencias de las plataformas.

Destacó entre las propuestas, que llamó novedosas, la promoción de una política exterior incluyente que encuentre aliados internacionales, así como el cumplimiento de los objetivos mundiales de desarrollo sustentable. “Debe ser una política exterior protagónica e influyente, sería un error no serlo”.

Nada por encima del interés nacional

En el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, Vanessa Rubio, de la Coalición Todos por México, dejó en claro que en esta área “nada está por encima del interés nacional”. Se impulsa, aseguró, política de Estado transversal, no sólo una política “política”, sino comercial, incluyente, de derechos humanos, para fortalecer la voz de México en el exterior.

Demián Sánchez, representante de la candidata independiente Margarita Zavala, reconoció muchas coincidencias en las propuestas de sus adversarios políticos: un México fortalecido, la defensa de connacionales y una mejor relación con Estados Unidos.

La senadora Laura Rojas de la Coalición Por México al Frente, señaló que nuestra nación tiene que incrementar su liderazgo e influencia en el orbe. Mencionó el problema del cambio climático, como el desafío más complejo al cual nos enfrentamos de manera global.

Héctor Vasconcelos, de la Coalición Juntos Haremos Historia, propuso recuperar la dignidad y eficacia de la diplomacia mexicana, sin “protagonismos artificiales”, empezar, añadió, por poner la casa en orden, para que México sea percibido como país estable, seguro, sin corrupción.

 

Principal preocupación, la inseguridad pública

Laura Romero, 16 de abril de 2018

En la sesión dedicada a seguridad pública y derechos humanos, Jorge Islas, exabogado general de la UNAM, profesor de la Facultad de Derecho (FD) y moderador de la sesión, indicó que este tema constituye la principal preocupación, demanda y exigencia del pueblo mexicano.

En esta materia, las plataformas de algunos candidatos a la Presidencia de la República insisten en la guerra contra el narcotráfico, cuando se trata de una lucha perdida, y evaden el tema de la regulación del uso de las drogas, añadió.

Por ello, cabría preguntar si en la próxima administración tendremos una política de seguridad humana o sólo de seguridad pública, una política criminológica que considere el fenómeno de manera global o si tendremos una legislación nacional única, o seguiremos con una dispersión legislativa al respecto.

“El primer deber de cualquier Estado es ofrecer seguridad y justicia a su población”, recalcó Jorge Islas. No obstante, según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, que anualmente levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016 y 2017), la percepción de inseguridad se ubicó en el 74.3 por ciento, como el problema número uno por resolver.

Alejandro Chanona, Mariana Benítez, Pedro José Peñaloza, Sergio García, Jorge Islas, Guadalupe Fernández, Alfonso Durazo y Gerardo Bonilla. Foto: Erik Hubbard.

Y es que desde hace más de 12 años se han acumulado más de 211 mil 774 homicidios dolosos y 34 mil 268 personas no localizadas. Tenemos la tasa de homicidios más alta de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas e investigador nacional emérito, destacó que no se puede negar que tenemos un panorama dramático en materia de inseguridad pública y de vulneración de los derechos humanos, y que las estrategias han fracasado. Se requiere entonces de un gran cambio: “Queremos seguridad pública, democracia y observancia pulcra de los derechos fundamentales”.

Guadalupe Fernández Ruiz, profesora de la FD, resaltó que todas las plataformas admiten la gravedad del problema. Para el combate a la delincuencia se plantean diferentes propuestas, pero todas señalan la militarización del ejercicio de la seguridad pública, con la participación del Ejército y la Marina, además de una policía sólida. Asimismo, subrayó que la creación de instituciones no garantiza soluciones.

Pedro José Peñaloza, también académico de la FD, aseguró que la mejor política de seguridad pública es de carácter social: la lucha contra la desigualdad, la exclusión y la violencia. En cambio, sentenció, no sirven las detenciones de delincuentes, porque sólo “descabezan”, pero no desarticulan al crimen.

Descuido institucional

Mariana Benítez, de la Coalición Todos por México, acusó que el descuido de las instituciones en el ámbito local, así como la falta de presupuesto y de profesionalización del personal han generado que la seguridad enfrente una grave crisis de violencia. Su apuesta más importante es construir una política que ponga énfasis en el fortalecimiento de las fiscalías y las procuradurías locales.

De la Coalición Juntos Haremos Historia, Alfonso Durazo dijo que su proyecto de seguridad pública parte de una idea: la inseguridad no tiene su origen exclusivamente en los aparatos y políticas de seguridad, sino en la suma de las fallas del modelo político, económico y social. Para ser exitosos en su combate se requieren recursos adicionales a los policiales y militares: “la paz y la tranquilidad son producto de la justicia”.

Gerardo Bonilla, en representación de la candidata independiente Margarita Zavala, señaló que hoy la Policía Federal cuenta con unos cientos de elementos más que en 2012; si hubiera crecido al mismo ritmo que lo hizo entre 2006 y 2012, hoy no habría necesidad de que marinos y militares estuvieran en las calles haciendo labores de seguridad interior, por eso plantean duplicar su número en seis años, hasta alcanzar los 75 mil en 2024.

Por último, Alejandro Chanona, de la Coalición Por México al Frente, consideró que si se siguen modelos instrumentados y que ya han fracasado, “no vamos a avanzar”. Tenemos que dar un paso adelante y dar un giro en la política pública para establecer una estrategia de reducción de daños y riesgos que permita llevar el tema del consumo de drogas al ámbito de la salud pública.

 

La institucionalidad política, mermada

Guadalupe Lugo, 16 de abril de 2018

Al cierre de los foros, especialistas consideraron que las plataformas electorales carecen de planteamientos concretos y específicos en torno a cómo fortalecer nuestra mermada institucionalidad política, las relaciones entre poderes y el desempeño de éstos.

En el último tema de análisis, estado de derecho, democracia y rendición de cuentas, mesa moderada por Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, Jacqueline Peschard, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia, puntualizó que en la articulación de las plataformas políticas, “las generalidades casi siempre son políticamente correctas”.

Esa, dijo, es una expresión de que las plataformas han sido más que nada un requisito para registrar candidaturas y no un documento central de compromisos de partidos y de candidatos con los ciudadanos. Estos escritos deberían ser el sustento básico del debate político; sin embargo, “si eso no ha sido así, es porque en buena medida no ha habido una exigencia social fuerte con respecto a lo que plantean las plataformas”.

Demián Sánchez, Olga Sánchez Cordero, Jacqueline Peschard y Diego Valadés.

Para Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sobre la rendición de cuentas hay un gran equívoco generalizado en todas las plataformas y programas, porque se asimila sólo a un proceso de información, pero no a la sujeción que en una democracia debe operar en relación con quienes gobiernan, “porque de otra manera tenemos una rendición de cuentas sin consecuencia”.

Aseguró que el estado de derecho plantea igualdad ante la ley; no obstante, un tema relacionado con este punto y que no se trata en las plataformas electorales, es el caso de la interrupción voluntaria del embarazo a las 12 semanas. “La desigualdad es ostensible, las mexicanas están sujetas a diferentes regímenes, eso es falta de estado de derecho”.

En el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, José Woldenberg, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dijo estar convencido de que si en el centro del debate público estuvieran las plataformas y no los dimes y diretes, así como las descalificaciones mutuas, quizá a lo largo y ancho del proceso electoral México podría descubrir cuáles son sus retos, rezagos y eventualmente las recetas para superarlos o atenderlos.

Sostuvo que México construyó una germinal democracia. “Vivimos en un régimen presidencial y una fragmentación política cada vez mayor –las propias coaliciones, pienso, son una expresión de ello–, un ambiente en el que las identidades políticas y las ideologías parecen ser sustituidas por un pragmatismo y personalismo exacerbados”.

Olga Sánchez Cordero de la Coalición Juntos Haremos Historia, refirió que el estado de derecho debe garantizar la paz, el orden, la libertad, la democracia y la gobernabilidad. “Sin todo esto no hay viabilidad política y social; de ahí la importancia de lograr una gobernabilidad democrática, donde el respeto a los derechos humanos, la división de poderes y su equilibrio, además del combate al crimen, sean una realidad”.

Apuntalar las instituciones

Francisco Guerrero de la Coalición Todos por México, señaló que no podrá alcanzarse el desarrollo del país si no se respeta el estado de derecho. “Todos estamos de acuerdo, en lo general, respecto a que debemos ver cómo hacer para apuntalar a las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública. Asimismo, en el sistema nacional anticorrupción hacen falta muchos engranajes que deben completarse”.

Jesús Ortega, representante de la Coalición Por México al Frente, mencionó que el gran tema a destacar es el del ejercicio del poder político, porque a fin de cuentas aquélla es consecuencia de un ejercicio antidemocrático y autoritario del poder político. “Estamos poniendo las cosas de cabeza, no se resolverá el asunto del ejercicio democrático del poder político empezando por el combate a la corrupción”.

En tanto, Demián Sánchez, en representación de la candidata independiente Margarita Zavala, resaltó la necesidad de acercar el sistema de justicia a la ciudadanía, concientizarla sobre sus derechos y fortalecer el sistema de justicia. “Estamos en favor de la certidumbre jurídica, por lo que es necesario evaluar las acciones de los candidatos”.

Mónica González Contró, José Woldenberg, Francisco Guerrero y Jesús Ortega. Foto: Francisco Cruz.