Diplomado de capacitación sobre derechos humanos
Para que líderes de organizaciones sociales y campesinas incidan en políticas públicas de desarrollo y derechos humanos, la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) y la Comisión Nacional de Derechos los Humanos (CNDH) unieron esfuerzos.
“Con el Diplomado en Incidencia para la Defensa de los Derechos Humanos con Organizaciones Sociales y Campesinas, al que ya se han inscrito más de 260 personas, la escuela refrenda su compromiso con las comunidades y grupos que viven en alta vulnerabilidad social”, afirmó Leticia Cano, directora de la entidad universitaria.
En México, crisis
En ese sentido, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, se refirió a la importancia de esta alianza entre la academia, líderes y luchadores sociales, “hoy que México vive una crisis de derechos humanos”.
Ante los problemas de pobreza, desigualdad, violencia, inseguridad, corrupción e impunidad es necesario empoderar a quienes han hecho de su actividad la defensa de personas en condiciones de vulnerabilidad, la búsqueda de la igualdad, incluso la lucha por el medio ambiente, dijo.
“Si queremos llegar lejos hay que sumar, hacer alianzas y eso es justamente lo que significa el diplomado. Los participantes serán multiplicadores de lo que puedan aprender para defender a sus comunidades.”
Leticia Cano agregó que “es una intervención importante para que la ENTS siga promoviendo la equidad, la sustentabilidad y justicia social; esta última no existe en México si no se respetan los derechos humanos, si no erradicamos los rezagos sociales, la pobreza, las desigualdades”.
Para Wilfrido Hernández Jarquín, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y representante del movimiento El campo es de todos, el diplomado es un instrumento
necesario para fortalecer el trabajo de las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y populares que en los últimos años han tenido que recurrir al derecho de resistencia.
México ha firmado tratados de derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales, pero en la práctica se siguen quebrantando. “Las organizaciones sufren por concesiones mineras; despojo de tierras, biodiversidad y agua; desarrollo de megaproyectos. Incluso son criminalizadas para inhibir la lucha popular”, concluyó.