Estado fallido, efecto de corrupción e impunidad

En el horizonte turbio que vive México, hemos visto la penetración de la criminalidad en las redes del poder, influyendo en sus decisiones y acciones. Por ello, hay una pretensión inquietante y no irreal: un Estado conducido por la criminalidad, un Estado fallido que no da seguridad a sus gobernados y que constituye un peligro para los demás, planteó Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

No hemos llegado a ese capítulo, agregó el ex procurador general de la República y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en el camino que andamos, un destino posible es ese, el del crimen apoderado de las instituciones republicanas y gobernando en nombre de la nación. “No perdamos de vista esa posibilidad ominosa”.

Y si no resolvemos los problemas de impunidad y corrupción ¿cómo podríamos evitar deslizarnos en la pendiente que conduce hacia ese Estado fallido, si no tenemos justicia que responda con eficacia a las conductas criminales?, cuestionó el destacado jurista.

Al participar en la Segunda Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en Democracia: hacia una política de Estado centrada en los Derechos Humanos, organizada por esta casa de estudios y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, García Ramírez señaló que “el crimen se ha desarrollado espectacularmente. El delito se ha transformado y hoy asume características insoportables”.

En otra conferencia magistral, la embajadora Swanee Hunt, titular de la Cátedra Eleanor Roosevelt de la Universidad de Harvard, destacó el papel que las mujeres deben tener en la toma de decisiones. Ellas hacen el trabajo de los hombres más sencillo; se ven menos amenazantes; pueden aportar todo tipo de inteligencia y evitar guerras.

Hoy en día hay más mujeres elaborando constituciones y vemos grandes cambios cuando están haciéndolas; cuando participan en negociaciones hay más de 30 por ciento de probabilidad de que un pacto de paz se alargue.

En Ruanda, por ejemplo, ellas reconstruyeron un país con 200 mil huérfanos, que fueron distribuidos entre madres adoptivas. Ellas pueden cambiar la política exterior y los sistemas legales, consideró la especialista.

Antes, reconoció que el consumo de drogas en Estados Unidos ha contribuido a la crisis de seguridad que vive México. Las guerras hoy se libran en las calles, en las escuelas; pero no se puede luchar contra la violencia con más violencia. En el caso del vecino país, “ya hay 310 millones de armas”, como si cada hombre, mujer y niño tuviera una, y la solución para los tiroteos en los centros educativos no es armar a los maestros.

Reforma penal

En la mesa Estado de la Reforma Penal en México, María Novoa, directora del Área de Justicia de México Evalúa-CIDAC, opinó que falta definir un modelo policial que ayude a fortalecer a las instituciones de los tres niveles de gobierno para actuar en el tema de inseguridad y aumenten sus capacidades para ser primeros respondientes e iniciar un proceso penal.

Pablo Héctor González Villalobos, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, opinó que el gran reto consiste en generar una cultura que pondere, en su justa dimensión, el valor del modelo del debido proceso, sabiendo que no hay democracia ni derechos humanos tutelados correctamente sin él.

Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, expresó que las víctimas no logran entender el nuevo esquema de justicia y por qué aquella persona que ha afectado su bien jurídico, como su patrimonio, se deba mantener en libertad.

Francisco Pérez, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sostuvo que no podemos pensar en la reforma penal sin tener en cuenta que está necesariamente vinculada al nuevo esquema y paradigma de los derechos humanos en México. Pero los principios que establece la Constitución en la materia deben estar presentes no sólo en esa reforma, sino en todo tipo de actuación que efectúe el Estado.

Por último, Ulises Gómez Nolasco, subprocurador Federal Fiscal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda, expresó que el problema que tenemos en la operación del sistema penal acusatorio es de instituciones.