La ciencia, bien común, brújula para reducir males de desastres

“La pandemia de la Covid-19 podría ser la prueba final que necesitábamos para entender que vivimos en un periodo en el que nuestras acciones e inacciones han llevado al planeta más allá de los límites”, declara Mami Mizutori, representante especial del secretario general de la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres.

Este 2020, de acuerdo con esa entidad, el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se conmemora el 13 de octubre, será dedicado a la buena gobernanza del riesgo, en el que miles de personas en el mundo han fallecido y enfermado principalmente por la Covid-19.

Por ello, es indispensable que los países tengan estrategias que tomen en cuenta no sólo hechos puntuales, como inundaciones y sismos, sino también las de peligro sistémico generado por males zoonóticos, crisis climáticas y la degradación ambiental.

Según el organismo, la Covid-19 y la emergencia climática advierten a la humanidad que debe contar con planes nacionales y locales que actúen en función de evidencia científica en favor del bien común, como convinieron los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, al que México está adherido.

Ese marco fue el primer acuerdo principal de la agenda de desarrollo posterior a 2015 que ofrece a los estados miembros una serie de acciones concretas a tomar en consideración para proteger los beneficios del desarrollo y la vida de las personas contra el riesgo de desastres.

Al respecto, incluyen tácticas multisectoriales que contengan políticas en áreas como códigos de construcción, salud pública, educación, protección del medio ambiente, y recursos energéticos e hídricos, entre otros. Los efectos de los desastres son devastadores; por eso, las autoridades municipales y regionales deben trabajar urgentemente en la preparación y respuesta a las catástrofes.

El trabajo en México

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), creado el 6 de mayo de 1986, surgió como respuesta del gobierno a la tragedia desencadenada por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985.

“Si bien la protección civil es un componente importante de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD), el ámbito en el que fue concebido el Sinaproc ha sido rebasado por las necesidades asociadas con la disminución del riesgo de desastre mediante su manejo integral y transversal”, afirma Irasema Alcántara Ayala, investigadora del Instituto de Geografía.

Por ello, remarca que se requiere transitar de un sistema reactivo a uno preventivo en el que la política pública y la práctica vayan de la mano de los aportes de la ciencia, la tecnología y la ingeniería.

En dicho tenor, indica que diversos esfuerzos inter y transdisciplinarios coordinados por algunos expertos de la UNAM en foros de discusión, aluden a la necesidad de transformar el Sistema Nacional de Protección Civil actual en un Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

“Con el establecimiento de nuevas bases, así como la recuperación de los elementos más valiosos de las experiencias generadas hasta el momento, este nuevo sistema tiene que centrarse en la producción de condiciones de bienestar de la población, y considerar los procesos territoriales en sus diferentes escalas y dimensiones”, manifiesta.

Eso, porque los factores impulsores del riesgo están directamente condicionados por el inadecuado uso y manejo del territorio. Debe incluirse la perspectiva de causalidad, misma que está vinculada con problemas ambientales, de desarrollo y sostenibilidad.

La universitaria menciona que el fortalecimiento de la organización, gestión y autogestión territorial orientados a la valoración de las condiciones reales de la población: experiencias, recursos, bienes, capacidades, potencialidades y requerimientos en materia de bienestar social, es un mecanismo ineludible e insustituible.

Asimismo, las estrategias de la GIRD deben impedir la generación de nuevos riesgos y la amplificación de los ya existentes, a partir del desarrollo de competencias institucionales que garanticen la configuración de ciudades, comunidades y territorios capaces de repensar el espacio y no construir o reconstruir el peligro.

“La GIRD debe considerar la participación sistemática de diversos actores, y de manera fundamental a la sociedad civil organizada; fomentar, a partir de las mejores prácticas de intervención ciudadana, la reducción de vulnerabilidades y exposición; así como el diseño e implementación de protocolos de emergencia y políticas de reconstrucción”, detalla.

Ciencia para reducir desastres

La vulcanóloga del Instituto de Geofísica, Ana Lilian Martín del Pozo, recuerda que años atrás –cuando cursaba estudios de maestría– realizó trabajo de campo en el volcán El Chichón, Chiapas, y por coincidencia presenció la erupción. Para entonces no había el concepto protección civil.

Observó una serie de fenómenos que ocurrían en la zona, como sismos, y que de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad se anticipaba una erupción violenta y así fue. Después de este suceso, continuó con la recopilación de datos históricos para elaborar mapas de peligro volcánico, fechamientos, análisis químicos y hasta el momento sigue participando en comités científicos asesores.

“En cuanto empecé a trabajar en vulcanología me di cuenta que uno tiene la obligación no sólo de realizar las investigaciones científicas, sino, además, tratar de incidir en las decisiones de las autoridades para que se tomen en cuenta nuestros esfuerzos y, a la vez, pensar en cómo sustentar recomendaciones que se traduzcan en beneficio para las personas”, enfatiza.

A su vez, Xyoli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, comenta que en los comités científicos asesores lo que se busca es identificar esas necesidades del país y, con base en la ciencia, incidir y modificar alguna política pública que contribuya a estar mejor preparados ante los fenómenos que ponen a los mexicanos en un nivel de vulnerabilidad o de contingencia latente.

“Hace falta tener una comunicación más directa entre científicos y tomadores de decisiones, porque ellos crean estrategias que tienen que estar sustentadas en ciencia. Son muchos escalones para llegar a la autoridad, que es la principal interesada en asesorarse para la ejecución de políticas públicas que impactan a toda la ciudadanía”, asevera.

Opina que de 1985 a la fecha hay avances, pero aún falta por hacer. Se debe trabajar en la parte preventiva con base en el saber y por eso es relevante la interacción directa entre científicos, políticos y población, para delinear las políticas que ayudarán a evitar los desastres.

Estrategias para comunicar

“El conocimiento del riesgo que se origina desde la ciencia es muy vertical y normalmente no tiene el efecto deseado por la dificultad de comunicar su contenido científico, quedándose a veces en el cajón de quien debería utilizarlo”, puntualiza Naxhelli Ruiz Rivera, coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales.

Añade que la idea de la gobernanza del riesgo es pensar en qué hacer para romper esos abismos de comunicación y colaboración entre diferentes sectores, de manera que entre todos se logren avances.

Para hacer efectiva una comunicación pública de la ciencia en estos temas, expresa que es primordial la articulación entre el conocimiento científico y los escenarios concretos en los que las personas, incluyendo servidores públicos, toman sus decisiones cotidianas. El ser humano funciona por medio de narrativas, que son claves para adoptar lo que el riesgo significa en la vida diaria mediante historias en contextos específicos.

La Universidad Nacional genera conocimiento de punta en beneficio de la sociedad, subraya, y por ello es indispensable romper la barrera y hacer que la ciencia esté en la vida de las personas y en los ordenamientos públicos con procesos serios de comunicación; en esa tarea las ciencias sociales y las humanidades son un apoyo fundamental.