La libertad de expresión, amenazada por corrupción y débil estado de derecho

En México la libertad de prensa y la libre expresión están dramáticamente amenazadas por la violencia e inseguridad que imperan en el país, pero también por la corrupción y nuestro débil estado de derecho, afirmó Jacqueline Peschard, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia (SUT).

En la ceremonia inaugural del seminario internacional Libertad de Expresión y Publicidad Oficial, en el que participaron juristas, periodistas e integrantes de organismos que defienden la libertad de expresión y el derecho a la información, la académica universitaria resaltó que la falta de regulación en la publicidad oficial ha permitido el uso arbitrario y discrecional de ese gasto, el cual se ha utilizado para premiar o castigar a medios complacientes o críticos.

Datos sin publicar

En la Sala Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), planteó que estudios de Fundar (Centro de Análisis e Investigación) y Artículo 19 han mostrado que la mitad de las entidades federales no publican los datos de sus gastos en publicidad oficial, a pesar de que hay una ley general de transparencia que así lo demanda.

Dijo que el informe sobre libertad de prensa, elaborado por Freedom House en México, señala que al menos desde 2015 la ausencia de una regulación adecuada ha permitido el uso discrecional de unos 12 mil millones de pesos en ámbitos federal y local, y ha servido para orientar políticas editoriales para impulsar agendas políticas e incluso personales, de figuras gubernamentales.

Explicó que el propósito del seminario fue debatir sobre la relevancia de que el Congreso de la Unión pudiera emitir en semanas próximas una ley que regule el gasto de publicidad oficial y con ello fortalecer la libertad de expresión y de prensa.

Ana Cristina Ruedas, de Artículo 19, consideró que la legislación y regulación en publicidad oficial tiene un tema clave: ver al país de una manera distinta, desde la perspectiva de la pluralidad y no a partir de la mirada del Estado; “eso nos podría permitir una regulación en esa materia y una implementación efectiva de la ley”.

Haydeé Pérez, directora ejecutiva de Fundar, indicó que este seminario, con la participación de especialistas, contribuirá a profundizar las reflexiones, a comprender mucho mejor un problema complejo desde distintas aristas, para encontrar algunas propuestas novedosas de solución que hayan funcionado en otras naciones y que en este momento serán de mucha utilidad.

Gustavo Gómez, director ejecutivo del Barómetro Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, de Uruguay, comentó que el debate sobre control de la publicidad oficial está generando muchos problemas en Latinoamérica, una región con distintos tipos de gobiernos.

Planteó 10 puntos en los que debe basarse una regulación compatible con la promoción de la libertad de expresión, entre ellos la existencia de leyes específicas aprobadas por congresos concretos que mantengan ciertos principios generales para cualquier normativa que pudiera afectar esa garantía.

En la mesa Rendición de Cuentas, Derechos y Publicidad Oficial, Adela Navarro, directora general del semanario Zeta, destacó que no es tanto el dinero público lo que perjudica la línea editorial de un medio, sino “su integridad, su compromiso con la libertad de expresión. Éso no se vende”.

Ricardo Raphael, director general del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, señaló que la publicidad oficial funciona como subsidio ilegal y como instrumento restrictivo de la libertad de expresión, de manera tal que esta situación es mucho más grave que en los años 40 o 50 del siglo pasado, cuando se ofrecía el chayote a los periodistas.

Construcción de una ciudadanía digna

Pedro Salazar, director del IIJ, remarcó que un mal manejo de los recursos públicos para la publicidad oficial puede causar una lesión en dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, entendido en un sentido amplio; es decir, el derecho de estar bien informados y de contar con ciertos datos sobre la realidad en que vivimos. Ambos están vinculados de manera estrecha con los derechos políticos.

Así, “lo que está en juego es la construcción de una ciudadanía digna de ese nombre y, sin ella, es muy difícil tener una democracia pujante, real, verdadera, en la cual la deliberación de los asuntos públicos se despliegue y reproduzca en muchos ámbitos, que provienen desde los medios que informan, y que deben tener sede en muchos otros espacios de la convivencia”.