Rango constitucional a la autonomía

•En noviembre de 1979, el Legislativo la convierte en ley •Se publica en el Diario Oficial de la Federación en 1980

Noviembre de 1979, el Legislativo la convierte en ley

El 1 de octubre de 1979, el presidente José López Portillo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de decreto para adicionar el artículo 3 constitucional. Nueve meses después, el 9 de junio de 1980, se publicó el decreto con la adición correspondiente de la nueva fracción VIII al artículo 3, que dice:

“VIII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y con los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.”

La anterior fracción VIII pasó así a ser la IX, con el mismo texto:

“El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a este servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.”

La autonomía debe entenderse como el ejercicio de ciertas facultades que originalmente corresponden al Estado, al desprenderse éste de esas facultades que le son propias para depositarlas en otra entidad. Estas facultades están directamente relacionadas con el ejercicio del servicio público de educación, en este caso del tipo superior, y el Estado crea la institución en la cual deposita esas facultades. En este sentido, no puede concebirse la autonomía ni fuera del marco jurídico que le es propio ni ser otorgada por otra instancia que no sea el Estado.

La autonomía se otorga sólo mediante un acto jurídico emanado del Poder Legislativo, sea federal o estatal. Únicamente por ley se puede conceder la autonomía a una institución.

La autonomía se ejerce sólo en organismos descentralizados del Estado. Así, no es posible concebir una dependencia u organismo integrado a la estructura del gobierno central, que al mismo tiempo sea autónomo. La descentralización es una figura jurídica mediante la cual se retiran determinadas actividades de decisión de una autoridad central para transferirlas a otra autoridad de competencia menos general. Puede haber organismos descentralizados que no sean autónomos, pero no que haya organismos autónomos no descentralizados.

Como consecuencia, la autonomía es una condición jurídica que sólo puede otorgarse a instituciones públicas.

En el texto constitucional se estipula que la autonomía es, a un mismo tiempo, una facultad y una responsabilidad. La fracción VIII dice textualmente: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas…”. Esta facultad se traduce en un derecho. Mediante este derecho de autogobierno la institución nombra o elige sus propias autoridades, de acuerdo con el procedimiento que determina la misma ley que le otorga la autonomía. El derecho o la facultad de las universidades e instituciones autónomas para gobernarse a sí mismas, además de la designación o elección de sus autoridades, se ejerce en la expedición de sus autoridades y en la expedición de sus propias normas o reglamentos internos, también de acuerdo con la ley.

En estricto sentido, estos dos aspectos configuran la capacidad de las instituciones autónomas de gobernarse a sí mismas. En un sentido más amplio, al gobernarse a sí mismas estas instituciones configuran toda su vida académica y administrativa, y así también puede afirmarse que con el autogobierno se deja en manos de las propias casas de estudio el ejercicio de todas las actividades que les son propias para el cumplimiento de sus fines. Sin embargo; como se desprende del propio texto constitucional, la disposición es explícita en todos y cada uno de los aspectos que conforman la autonomía.

La facultad señalada en el artículo 3°, que es un derecho, va acompañada de la correspondiente responsabilidad, que es una obligación. Las instituciones autónomas no sólo tienen el derecho al autogobierno, también la obligación de gobernarse a sí mismas. La autonomía se ejerce con responsabilidad sólo si la institución es gobernada de acuerdo con la ley. A esta responsabilidad se añaden otras, como veremos más adelante.

El texto constitucional, refiriéndose a las mismas universidades e instituciones a las que la ley otorgue autonomía, apunta: realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas… Importa destacar en esta parte que todo el sentido, nacionalista, democrático, de solidaridad y de justicia que impera en el artículo 3° constitucional, se impone a la educación superior impartida en establecimientos autónomos. Se establece, además, la condición en la que deberán realizarse los fines de docencia, investigación y difusión de la cultura: respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas.

En esta condición radica la razón de ser de la autonomía, pues de no existir este marco de libertad para las labores académicas, no se justificaría el desprendimiento de estas facultades que por decisión propia el Estado deposita en las instituciones de educación superior, y mucho menos elevar la autonomía a rango constitucional.

Así, debe enseñarse, debe hacerse investigación y difundirse la cultura en las universidades autónomas, en un ámbito de libertad, de respeto y de pluralidad ideológica. Esto quiere decir que los fines para los cuales fueron creadas estas instituciones deben realizarse al margen de todo tipo de dogmatismos, sean religiosos, políticos o ideológicos, de acuerdo con el carácter universal que es intrínseco a la naturaleza de estas casas de estudio. Hacer que en las aulas de una institución pública autónoma prevalezca un determinado tipo de ideas o una cierta interpretación del mundo, la vida o la sociedad, sólo puede lograrse sometiendo la libertad de cátedra e investigación, e impidiendo que profesores o alumnos, o ambos, puedan examinar y discutir libremente las ideas, cualquiera sea su signo o procedencia.

México tiene una larga tradición en el ejercicio de la libertad de cátedra, la cual se inicia con la Independencia, a partir del momento en que se establecen los colegios civiles e institutos científicos y literarios en la primera mitad del siglo XIX, y las escuelas superiores creadas a partir de ese tiempo.

Al paso del tiempo, la libertad de cátedra se ha vuelto consustancial a nuestra educación superior. En la Exposición de Motivos de la iniciativa de decreto para adicionar el artículo 3° de la Constitución, se afirma: “La filosofía educativa rechaza postulados cerrados a toda posibilidad dialéctica. Supone un sistema ajeno a fanatismos y prejuicios, abierto a todas las corrientes del pensamiento universal y atento a la convicción del interés general, a la comprensión de nuestros problemas y acrecentamiento de nuestra cultura”. La elevación de la autonomía a rango constitucional es manifestación expresa del Estado de respetar la libertad de cátedra como factor primordial de la educación superior y por ello mismo de respetar la autonomía como condición para el ejercicio de esa libertad.

En congruencia con lo anterior, las instituciones determinarán sus planes y programas, esto es, los estudios que ofrecen y el contenido de dichos estudios. Esta facultad como la que sigue a continuación se ejerce a través de los órganos colegiados especialmente creados para dicho propósito, en los que participan los miembros de la comunidad.

El texto constitucional determina a continuación que las instituciones fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico. Esta disposición se explica por sí sola en una institución de carácter educativo, donde las tres funciones básicas son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Sólo la propia institución por medio de sus órganos de gobierno académicoadministrativo establecidos por ella de acuerdo con lo previsto por la ley y en el ejercicio de su facultad y el cumplimiento de su responsabilidad de gobernarse a sí misma, puede tener la facultad de designar y promover el personal encargado de las actividades relacionadas con el cumplimiento de sus finalidades. Para esto es precisamente autónoma la institución: para realizar sus fines por sí misma, por el derecho que le otorga la ley y en el cumplimiento de su responsabilidad. Ni los profesores e investigadores como tales, ni los estudiantes, aunque ambos son parte de la institución, sino ésta mediante sus propios órganos, y con los procedimientos establecidos, puede designar a su personal académico. Este punto está relacionado con lo que en la fracción VIII se refiere, en su segunda parte, a los aspectos laborales.

Se añade un elemento más en el ejercicio de la autonomía: las instituciones a las que se ha otorgado ésta tendrán las facultades antes mencionadas, y administrarán su patrimonio. Las leyes orgánicas de las universidades e instituciones autónomas establecen en su articulado que éstas tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. El patrimonio de estas instituciones se compone generalmente de los bienes muebles e inmuebles que se les entregan, así como todos aquellos recursos económicos que reciben para el cumplimiento de sus fines, sean procedentes de los servicios educativos que prestan, o del Estado con el carácter de subsidios, más donativos y otros recursos de fuentes diversas. Puesto que se gobiernan a sí mismas y deben ejercer sus fines, el complemento último de este conjunto de facultades es la capacidad propia para administrar su patrimonio.

El texto constitucional precisa la naturaleza de la autonomía y su ejercicio. En el espíritu de esta legislación priva el respeto a las condiciones esenciales para el cabal desempeño de las actividades académicas, consideradas como factor importante para el desarrollo del país.

El Estado admite su compromiso de respetar irrestrictamente la autonomía, mismo que se reconoce para que las universidades, al organizarse, administrarse y funcionar libremente, “sean sustento de las libertades, jamás como fórmula de endeudamiento que implique un derecho territorial por encima de las facultades primigenias del Estado”. La autonomía de las instituciones de educación superior existe sólo por una decisión jurídica del Estado, es parte del derecho positivo mexicano, y en el marco de la legislación nacional se determinan su alcance y sus límites. En este sentido, nadie puede atribuirse el derecho de intervenir en la vida interna de las instituciones autónomas, ni perturbar o entorpecer el ejercicio de las facultades que por ley les corresponde.

La Universidad, durante esta transición histórica, ha tenido diversas leyes constitutivas, entre ellas la Ley constitutiva de 1910, con cuatro artículos; la Ley de 1914 que consta de 28 artículos; la Ley de 1929 con 55 artículos; la Ley de 1933 con nueve artículos; y la Ley de 1945, con 18 artículos y ocho transitorios, que permanece vigente.


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Fotografías

Archivo Histórico de la UNAM (AHUNAM)

Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE)

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)


Como parte del 90 aniversario de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gaceta UNAM concluye, con este suplemento, su contribución. En los 20 encartes publicados se dieron a conocer hechos y momentos que trascendieron, primero, para la conquista de la autonomía universitaria y, posteriormente, en su irrenunciable defensa.

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