Diálogo nacional organizado por el PUED

Advierten fractura del Estado de derecho

Consideran que el Ejecutivo trata de someter a los otros poderes, y ven intervención de la delincuencia

Jacqueline Peschard, Diego Valadés, Guadalupe Valencia, Rolando Cordera y José Woldenberg. Foto: Benjamín Chaires.

En México el Estado de derecho está fracturado, ya que el actual gobierno tiene un reiterado desprecio hacia las normas y las instituciones, hay intentos del Ejecutivo por tratar de someter a los otros poderes, además de que la delincuencia busca apropiarse de segmentos del poder político.

Así lo afirmaron los expertos de esta casa de estudios José Woldenberg, Jacqueline Peschard, Diego Valadés y Rolando Cordera durante la mesa “Democracia y Estado de derecho”, del 15 Diálogo Nacional por un México Social “Reconstrucción para el Desarrollo”, organizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED).

José Woldenberg, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), afirmó que la democracia requiere funcionar en un Estado de derecho, y de no hacerlo se desvirtúa y puede convertirse en un régimen contrario: uno despótico.

En el país, señaló, hay un constante desacato a la Constitución para privilegiar los deseos del presidente. Ejemplos de ello son el decreto para que la Guardia Nacional se incorporara a la Secretaría de la Defensa, y solicitar a la Secretaría de Gobernación que hiciera una consulta en materia de seguridad pública, entre otros.

“La idea de que la justicia es superior a la ley, creer que la voluntad está por encima de las normas y tratar de someter a los otros poderes constitucionales están transformando a un gobierno electo democráticamente en uno despótico”, alertó el exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral.

Woldenberg recalcó que en democracia el poder no sólo debe estar regulado, sino fragmentado. Así, lamentó manifestaciones de senadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes han publicado desplegados en los que afirman que el presidente Andrés Manuel López Obrador “encarna a la nación, a la patria y al pueblo”.

Con él coincidió la académica de la FCPyS y coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia de la UNAM, Jacqueline Peschard, quien señaló que nuestro Estado de derecho está fracturado y es incapaz de ofrecer un techo de protección común a todos los mexicanos, debido a que el gobierno actual ha sido enfático en desconocer el valor de la vigencia de la ley como herramienta indispensable para la aplicación de la justicia.

Sostuvo que para el presidente es preferible hacer justicia que apegarse a la norma, y aprovecha la mayoría legislativa de su coalición para aprobar leyes y emitir reglamentos que vulneran claramente la Constitución. Entre ellas están la Ley eléctrica, el decreto para desaparecer los fideicomisos de ciencia y cultura, y el decreto por el cual se declaran casos de seguridad nacional todos los contratos de las áreas de la administración pública a fin de exentarlos de cumplir requisitos de las leyes de adquisiciones o transparencia, entre otros.

Al presidente, dijo la exconsejera electoral, le estorban las instituciones reguladas por normas democráticas y que controlan ciertas pulsiones autoritarias. Así, no es casual que desautorice a los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral.

Añadió que instrumentos internacionales, como el Índice Global de Estado de derecho de 2022, reportan los retrocesos que el país tiene en la materia, pues ocupa el sitio 115 de 140 naciones evaluadas, y descendió dos posiciones respecto de 2021 y 11 posiciones en relación con 2020.

Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, coincidió en que son muchos los indicadores internacionales objetivos que señalan el decrecimiento en el Estado de derecho en nuestra nación, en la cual hay una retórica cada vez más virulenta que nos llevará a un escenario electoral aflictivo en 2024.

Advirtió que además hay un deterioro de la paz pública por la lucha de los delincuentes no sólo por mantener la intimidación, sino para apropiarse de segmentos de poder político.

Asimismo, consideró que la propuesta de reforma electoral que se discute actualmente busca desarticular este sistema y los cambios que se avecinan –ya sea por la vía constitucional, legislativa o sólo mediante la integración de nuevos consejeros–, y se puede traducir, al menos, en un relajamiento en los controles del proceso electoral.

En tanto, el profesor emérito Rolando Cordera subrayó que estamos viviendo la apropiación del territorio físico, político, económico y comercial de vastas regiones del país por el crimen organizado, lo que implica el debilitamiento del Estado. En la medida en que la apropiación se mantenga y avance, será más profunda la fractura de éste, alertó.

En la mesa, moderada por la coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia, Cordera se pronunció por atender la anterior problemática con la máxima prioridad.

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