Excluidos dentro de los excluidos

Análisis sobre la población excedente que carece de derechos

Foro Punitivismo y estigma; Reflexiones desde los feminismos, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas

Jóvenes y adolescentes encarcelados por cometer delitos graves como homicidio, robo, violación o delitos simples como la posesión de drogas; migrantes varados en su intento por cruzar a Estados Unidos forzados a vivir en condiciones precarias en el cauce del río Tijuana; hombres y mujeres obligados a prostituirse o ingresar al crimen organizado para conseguir alimento o droga, y personas desaparecidas víctimas de la guerra del Estado contra el narcotráfico conforman la llamada población excedente o “desechable”.

Son “grupos de excluidos dentro de los excluidos”, invisibilizados porque “sobran” y carecen de derechos, estigmatizados y criminalizados desde una perspectiva parcial por su condición socioeconómica, raza, edad, género, actividad y nacionalidad, entre otros factores. “Cuando son mujeres hay un estigma extra, porque son mujeres, trabajadoras sexuales, migrantes o tienen algún tipo de adicción”.

Lo anterior se expuso durante el Foro Punitivismo y estigma; Reflexiones desde los feminismos, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), en coordinación con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG); el Laboratorio Nacional Diversidades (LND); el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro y La Círcula Feminista.

Desde la perspectiva de género y los feminismos, Alethia Fernández y Karina Ansolabehere investigadoras del IIJ; Claudia Alarcón especialista en juventudes en riesgo; Angélica Ospina investigadora en el Programa de Política de Drogas del CIDE; Amarela Varela especialista en migración y Karina García Reyes politóloga, reflexionaron sobre cómo el estigma y el punitivismo afectan de manera diferenciada a la población considerada excedente, el impacto en la comunidad y los efectos a mediano y largo plazos.

Juventudes

En ese contexto, Claudia Alarcón explicó que la realidad social favorece a que un número importante de jóvenes y adolescentes se relacionen con acciones delictivas graves, pero son víctimas a priori del sistema legal al que deben enfrentar. “En la cárcel no hay un solo joven que haya crecido en un ambiente de armonía, de cuidados, afectos y atenciones, no existe uno solo. Este proceso es responsabilidad de la sociedad y de las comunidades que la integran”.

La lógica de la justicia penal insiste en consolidar mecanismos de estigmatización que ven al joven como problema social y no como un sujeto forzado a enfrentar problemáticas debido a la violencia y los conflictos estructurales.

La incapacidad y falta de atención del Estado sobre una población juvenil que adquiere la condición de población excedente en tanto que ésta no es capaz, –al no contar con condiciones reales ni posibles–, de contribuir a un sistema que conceptualiza a sus jóvenes bajo una lógica universal de productividad económica, añadió Alarcón.

Enfatizó que el sistema penal juvenil requiere un análisis y revisión críticos, “porque a los jóvenes se les infantiliza intelectualmente pero se les responsabiliza como adultos”. Una revisión que contribuya a crear mecanismos justos y equilibrados de convivencia y justicia restaurativa.

Desaparición

En su oportunidad, Karina Ansolabehere señaló que a partir de la denominada guerra contra el narcotráfico (2006), el problema de las desapariciones forzadas detonó, y hoy, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, “tenemos casi cien mil personas desaparecidas en México”, y de acuerdo con datos oficiales del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (2015 a 2018) hay mil 313 investigaciones abiertas y 157 juicios en proceso, nada terminado”.

Destacó que la desaparición de mujeres es una constante y hay regiones en el país donde es una modalidad, una de ellas es el Estado de México, “regiones insertadas en un contexto en el que conviven numerosas violencias, una de ellas la de género”.

Habló de la lógica de la clandestinidad y la resistencia del Estado para asumir la magnitud del problema, “en México ningún estado quiere reconocer que su población desaparece”. Asimismo, subrayó la doble cara del punitivismo; por un lado, el sistema de justicia penal es selectivo, minimiza las desapariciones y es estático, descalifica a priori a las víctimas porque son parte de la población excedente y por otro, criminaliza a esta población cuando la considera peligrosa, y por tanto, individuos a los que hay que disciplinar y encerrar.

Se justifica en el “por algo será” la idea de que son criminales y en el caso de las mujeres “porque andaban vestidas de tal manera o estaban donde no debían estar”, se les revictimiza y estigmatiza al pensar que “se merecen lo que les sucede”. “La impunidad es un problema que va más allá del castigo penal cuando hay maltrato institucional, discriminación o no atención”.

Ansolabehere propuso ir más allá de la parálisis e indiferencia del sistema penal de justicia, pensar en estrategias de inclusión a partir de la idea de que todos somos iguales para vivir en el mismo espacio.

Son seres estigmatizados y criminalizados por su condición socioeconómica, raza, edad, género, actividad y nacionalidad.

Drogas

Por su parte, Angélica Ospina explicó que en demografía el concepto de población excedente lo acuñó el chileno Alejandro Canales para plantear que a partir de los años 80 había personas que sobraban, población excedente sin ninguna posibilidad de insertarse en el mercado laboral, por ejemplo, las personas en situación de calle a quienes el sistema desecha.

En ese contexto, el canal del río Tijuana está lleno de personas que no alcanzaron el sueño americano y que están a expensas del crimen organizado. Algunas son migrantes que se quedaron atrapados en lugares que deberían ser de tránsito y son víctimas de la falta de protección y la violencia.

Señaló como otro factor de exclusión para la población excedente el uso de drogas, con ello se justifica su marginalización y se normaliza la situación en la que viven. El Estado les niega a estas personas el acceso a los servicios de salud, no tienen derechos y “no tienen identificación oficial, el elemento mínimo de ciudadanía”.

Ospina planteó que el punitivismo se expresa en el trato que reciben al solicitar atención médica y además, en el caso de las mujeres, enfrentan violencia obstétrica, esterilizaciones forzadas, separación de los hijos, falta de acceso a medicamentos porque “ellas decidieron irse por ese camino, y por lo tanto, tienen que ser castigadas”.

La falta de oportunidades laborales propicia que el trabajo sexual sea la única alternativa para obtener ingresos, aunque lo enfrentan en peores condiciones por ser usuarias de sustancias prohibidas, “son más vulnerables a la violencia y tienen la certeza de no ser merecedoras de justicia, por su condición de población excedente, quienes repiten: son gajes del oficio”.

Muchas de estas mujeres desaparecen ante la indiferencia de las autoridades porque “no son nadie”, sus muertes no se registran, “si no importan cuando están vivas menos cuando están muertas”. Ejemplificó que durante la pandemia por Covid-19, las ambulancias no atendían o recogían a las personas con sobredosis y hubo casos de fallecidos que estuvieron más de un día en la calle sin que la Fiscalía hiciera el levantamiento puntual de los cuerpos.

Añadió que los certificados de defunción no registran causas de muerte por abuso de sustancias para ahorrarse trámites, los registran como “golpes de calor” con lo que invisibilizan más el problema.

Puntualizó en que es tiempo de considerar el uso de sustancias como una práctica cultural cuyo efecto en los sujetos no debe ser motivo para discriminarlos.

Todas las personas importan

Por su parte, Amarela Varela, especialista en migración, expresó su malestar en torno a la categoría de población “desechable” y desafió a sus pares a eliminarlo de la vida académica. “No nacemos desechables, todas las vidas y todas las personas importan, no estamos solas, el feminismo es una salida”.

El punitivismo estigmatiza, quita la ciudadanía, normaliza la violencia del Estado y la violencia patriarcal, esos son los efectos a corto, mediano y largo plazos.

Varela exhortó a pensar la ciudadanía como suma de actos contra la violencia patriarcal y estatal, “redefinir el pacto social vigente con movimientos sociales y con una lucha como la de los feminismos, en la academia, en las calles, en el arte, en todas partes”.

Finalmente, Karina García habló sobre la violencia del narcotráfico y expuso que la pobreza es una condición para autodefinirse como no importantes para nadie: “nací pobre y voy a morir pobre”. “En el caso de los exnarcotraficantes, desde que tienen uso de razón saben que van a terminar siendo drogadictos y parte de pandillas porque eso es lo que ven en su entorno como situaciones normales. Asumen que no tienen futuro, y por lo tanto, si se meten en una vida criminal no tienen nada que perder”.

Destacó que como sociedad debemos reflexionar sobre cuáles son las condiciones que influyen para que estas personas tengan el sentimiento de no ser importantes.

Además, Karina García sugirió dejar de usar el discurso punitivo y cuestionar nuestro concepto de justicia, así como los discursos binarios de “ellos” y “nosotros”, dejar de justificar que se les mate, torture o desaparezca en aras de una justicia más humanitaria.

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