Analiza la ENTS condiciones de personas con discapacidad recluidas en la Ciudad de México

En los centros penitenciarios de la Ciudad de México había en 2016 personas recluidas que vivían con algún tipo de discapacidad y de ellas, 358 fueron incluidas en un estudio coordinado por la doctora Berenice Pérez Ramírez, profesora de la carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social.

La investigación es resultado del proyecto PAPIME PE305216, el cual tiene como propósito documentar su condición y conocer cómo influye el ambiente punitivo en la generación o potenciación de sus discapacidades.

El trabajo inició en 2015, con el apoyo de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del D.F. En una primera etapa, consideró la implementación de un taller de autobiografía dirigido a mujeres privadas de su libertad; sin embargo, tiempo después se logró un acuerdo para aplicar un instrumento estadístico que permitiera conocer aspectos relacionados con la situación que viven personas con discapacidad encarceladas en los reclusorios preventivos Varonil Norte, Oriente y Sur; la Penitenciaría del D.F; los centros Varonil y Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatita, el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan.

Para hacer medibles las variables, el estudio se organizó a partir de cinco rubros: dificultades para caminar y subir escalones; para bañarse, vestirse o cepillarse los dientes; para ver; para escuchar y para comunicarse.

En términos generales, la investigación encontró que en estos centros penitenciarios “hay 18 personas que requieren sillas de ruedas, 66 que requieren andadera o bastón, 103 necesitan lentes, 11 necesitan un bastón blanco, 25 requieren prótesis (algunos de ellos dijeron ya estar atendidos por una instancia de salud y a la espera de la prótesis), 55 requieren un aparato auditivo, 3 personas comentaron que necesitan el apoyo de un traductor de señas y una persona sorda no sabe escribir ni leer y tampoco sabe lengua de señas mexicana”.

Del total de 358 personas incluidas en el estudio, 332 son hombres y 26 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 82 años, con una media de 47 años. El 38.2 por ciento respondió que cursó hasta el tercer año de secundaria; 22.8 por ciento solo llego hasta el 6° año de primaria; 22.8 por ciento cursó la preparatoria y/o una carrera técnica. El 16.2 por ciento restante contestó que no tiene estudios.

“Otro elemento a destacar es el tipo de delito por el que están en prisión: 140 personas (40.5%) sigue un proceso por robo simple y sin violencia y 73 (20.4%) por homicidio, ubicando en estos dos rubros al 60% de la población entrevistada. El 40% restante involucra acusaciones en delitos sexuales, secuestro, daños contra la salud en la modalidad de venta de drogas, fraude, trata de personas, pederastia, corrupción de menores, extorsión y encubrimiento”.

La doctora Pérez Ramírez comentó que la publicación será de descarga libre, por ser resultado de un proyecto de investigación auspiciado por la UNAM. Dijo que el trabajo aportó tres lecciones: 1) Las personas objeto de estudio, aún antes de ingresar a las cárceles, tenían pocas posibilidades de interlocución institucional, de movilidad social y de vías legales para la subsistencia; 2) El contexto influye en la profundización y expresión de una discapacidad para un sujeto, la cual se hace más compleja cuando se trata de discapacidad intelectual y 3) Las dolencias y enfermedades se experimentan con dificultades cotidianas, sin embargo, están ligadas a cuestiones estructurales.

Agregó que el encierro profundiza los malestares de atención médica, la agilización de trámites y la participación en actividades dentro del centro penitenciario, además de poner en duda el estatus del sujeto, “no sólo en el sentido de que pierde el derecho a ser reconocido como ciudadano, sino que la imagen del sujeto se distorsiona ante la etiqueta de criminal. En este contexto y aunado a la política punitiva, el espacio carcelario propicia y acentúa malestares que, en muchos casos, devienen en discapacidad”.

Por su parte, la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela, reconoció el trabajo realizado por la doctora Pérez y un grupo de la Práctica de Especialización, conformado por 12 alumnas y alumnos, además de cuatro expertos en la materia: la maestra Elia Lázaro Jiménez, profesora de carrera y coordinadora del Centro de Estudios e Investigación Social en Discapacidad y Salud de la ENTS; el doctor Jorge Reyes Manzano, profesor de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Aragón; la licenciada Victoria González García, profesora de Práctica de Especialización y la maestra Blanca Paulina Cárdenas Carrera, profesora de Práctica Comunitaria de nuestra entidad académica.

Tras destacar la pertinencia y profundidad del estudio, agregó que es muy importante explorar formas alternativas para tratar a quienes están privadas y privados de su libertad por la comisión de ilícitos.

En la presentación del libro también estuvieron presentes las maestras Yasmín Delgado Juárez, Verónica Medina Morales y Karina Franco García, así como el doctor Pedro Isnardo De la Cruz Lugardo, coordinador de Investigación de la ENTS; el licenciado José Eduardo Osorio, responsable de la Dirección Ejecutiva de Prevención y Reinserción Social, y la licenciada Teresa Molina Estrada, Jefa de Unidad del Departamento de Tratamiento Técnico Interdisciplinario de la Ciudad de México.