Analizan la revocación de mandato y sus efectos sobre la soberanía

La figura jurídica de la revocación de mandato tiene una tradición en la práctica democrática internacional y sus efectos se verán en el ejercicio que se hará pronto en el país, afirmó Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), al inaugurar la mesa de discusión La revocación de mandato. De la teoría al caso mexicano.

Mirar desde distintas latitudes siempre enriquece y permite poner en perspectiva bondades y debilidades de los propios arreglos institucionales, agregó, previo al inicio del encuentro moderado por María Marván Laborde, académica del IIJ.

Yanina Welp, del Centro sobre Democracia Albert Hirschman, y Jaime Cárdenas Gracia, especialista del IIJ, destacaron que es importante esa figura jurídica, sin embargo, alertaron que en los casos de juicio político este proceso otorgaría poder a las élites y despojaría a la ciudadanía de esa autoridad a la hora de decidir si quiere o no la permanencia en su cargo de un presidente, sobre todo cuando la causa o motivo jurídico no están acreditados.

Al respecto, Jaime Cárdenas indicó que en este proceso lo criticable del sistema constitucional mexicano es que la soberanía no se regresaría a la sociedad, porque se va a emplear un mecanismo de sustitución del presidente, donde sólo intervendría el Congreso y no serían los ciudadanos quienes elegirían a la nueva figura del Ejecutivo.

Agregó que no le alarmaría el uso político que pudiera dársele a la revocatoria: “A fin de cuentas los ciudadanos son quienes determinarán si un gobernante debe o no permanecer en el poder”.

Esto obliga a superar las deficiencias de la democracia representativa, porque vincula al gobernante con el pueblo, y los ciudadanos cuentan con un instrumento poderoso en la revocación para destituirlo.

Para el caso mexicano, añadió, “veo dos inconvenientes, el primero de ellos el de la equidad, y los recursos que se utilizan en esta consulta deberían ser, sobre todo, recursos de la sociedad civil, los del gobierno deben limitarse”.

Además, apuntó, es preocupante que los llamados tiempos del Estado en radio y televisión no se utilicen en profundidad para informar a la ciudadanía de una manera vigorosa sobre la importancia de este procedimiento, sus ventajas y desventajas, y cómo garantizar la equidad en este proceso.

Otro punto cuestionable es cómo quedó redactada la Constitución en su artículo 84, que señala que en caso de prosperar la revocación de mandato la soberanía no se regresa a la sociedad, “porque se va a emplear un mecanismo de sustitución del presidente en el que intervendrá únicamente el Congreso, y no serán los ciudadanos quienes tengan la posibilidad de elegir a la nueva figura presidencial”, advirtió el jurista.

Una vez concluido este procedimiento, la experiencia comparada ayudará a pensar en las reformas que deben realizarse a la Constitución y a la Ley Federal de Revocación de Mandato para ir garantizando temas como el de la equidad en el uso de los recursos y su fiscalización durante este tipo de ejercicios, su costo y cómo devolver la soberanía al pueblo en caso de que un proceso similar tenga el apoyo de la mayor parte de los ciudadanos.

Yanina Welp dijo que hay cierta idealización de la revocatoria, como un instrumento democrático, lo que distorsiona lo que es la democracia.

Con este ejercicio no se empodera a la ciudadanía, y sólo se generan facilidades para que entre en un contexto de fragmentación político-partidaria de disputa por el poder al ser instrumentada para remover autoridades constantemente: “Creo que hay que invertir en que la decisión política que genera el desencanto de la ciudadanía se pueda vetar, promover leyes y votarlas directamente”.

Si bien la ciudadanía debe tener un rol más fuerte, la revocatoria personaliza y distorsiona su funcionamiento. “En teoría suena bonito, pero en la práctica no, seguimos discutiendo si es mejor o peor un candidato equis, y se sigue legislando y actuando de la misma manera”.

Dijo estar de acuerdo con democratizar y abrir la participación ciudadana, pero la revocatoria distorsiona esos procesos. Revocar a un gobernante puede cumplir una función excepcional, por tanto, debería ser extremadamente difícil de activar con los recursos de un solo partido político, y sólo en aquellos casos en los que haya un enorme descontento social y pudiera generar las condiciones para un estallido.

Refirió que el caso mexicano es atípico, porque si bien en teoría combina la posibilidad de la revocatoria directa, tal como se ha dado es promovida por el mismo gobierno. “Lo que lleva a pensar que estamos ante un plebiscito legitimante y no ante una revocación de mandato”.