Antonio María Hernández. La de América Latina, una débil cultura constitucional

En América Latina “tenemos una débil cultura constitucional y enfrentamos riesgos políticos muy graves”, afirmó el jurista argentino Antonio María Hernández, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México.

No obstante, aclaró, es un grave error conceptual creer que la región es una unidad y que todos tenemos la misma cultura constitucional. “El único país que siempre es democracia plena es Uruguay, que en cualquiera de los índices que uno analice, como los de transparencia internacional, o sea la lucha contra la corrupción, ocupa el lugar 13 a nivel mundial”.

En esta parte del mundo hay problemas centrales vinculados a dicha cultura que requieren de estudios detenidos y profundos: por ejemplo, ha aumentado el número de “países híbridos”, es decir, con algo de democracia y con elementos autocráticos muy claros, alertó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).

También se enfrenta el hiperpresidencialismo o el avance del presidente de la república sin adecuados controles constitucionales, ni del Congreso ni del Poder Judicial, fenómeno que produce el debilitamiento de las instituciones y de la cultura constitucional. Y dentro de éste, el “absolutismo presidencial”, término empleado por el jurista Diego Valadés.

Al dictar la conferencia magistral “La cultura constitucional en América Latina”, el experto argentino, quien ha realizado significativas contribuciones al derecho constitucional, el federalismo y el derecho municipal, añadió que hay una tendencia a la centralización en naciones como México, Argentina y Brasil. Y “ya no puedo colocar a Venezuela en la lista de los sistemas federales, porque sólo hay federación si hay democracia”.

Otros problemas graves son la polarización, ataques a la libertad de prensa y asesinato de periodistas con derivaciones gravísimas para la cultura constitucional y la democracia, migraciones y desigualdad, advirtió.

A eso se suman los peligros de la inteligencia artificial, los problemas del tecnofeudalismo, las empresas que manejan los algoritmos y el uso político de las redes, agregó en el Aula Dr. Guillermo Floris Margadant del IIJ.

Los riesgos políticos en la región son muy graves, reiteró. De acuerdo con un informe de The Economist, en América Latina solamente son democracias plenas Uruguay y Costa Rica; las defectuosas son Chile, Argentina, Brasil y Colombia; y en sistema híbrido México, Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Guatemala. Las naciones autoritarias siguen siendo Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, mencionó Antonio María Hernández.

Los países fracasan, sin lugar a dudas, porque se quedan sin instituciones y violan la Constitución y las leyes, explicó el abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba.

En la sesión moderada por Mónica González Contró, directora del IIJ, Antonio María Hernández expuso que entre las propuestas para elevar la cultura constitucional se encuentra, en primer lugar, la educación cívica y democrática. “Para tener una democracia constitucional se necesitan demócratas, y no se nace demócrata, se hace, con la educación y participación popular”.

También hacen falta políticos en serio, y sobre todo unir siempre la ética a la política, y recordar el llamamiento a los valores que hacía Norberto Bobbio: tolerancia, establecer la posibilidad de un diálogo para ver cómo mejoramos las sociedades y, finalmente, la fraternidad. “Debemos defender los principios de la democracia constitucional. Los objetivos son perennes: asegurar los derechos y la dignidad del hombre, y limitar el poder”.

Integrantes del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) comentaron la conferencia. Su presidente honorario vitalicio y exdirector del IIJ, Diego Valadés, consideró que la pérdida de la adhesión espontánea a la norma (anomia) genera la ruptura de la convivencia. “El riesgo de no prestar atención al proceso anómico que afecta, sin duda, a Argentina, a México, a todo nuestro hemisferio prácticamente, nos debe hacer reflexionar, por los efectos que tiene para la vida institucional de nuestros países”.

El presidente del IIDC, José María Serna de la Garza, dijo que es necesario preguntarse cómo se transforma la cultura política y constitucional de un país, o por lo menos la importancia de identificar cuáles son los factores que pueden generar un cambio en ese sentido. Por supuesto, la educación es esencial para lograrlo, pero también los medios de comunicación, la acción colectiva de la sociedad civil, la innovación tecnológica, etcétera.

Julio César Ortiz Gutiérrez, vicepresidente de ese Instituto, aseguró que se vive un proceso fuerte de descomposición, no sólo de la cultura constitucional, sino política. Y un elemento que está influyendo en eso tiene que ver con las redes sociales, que se han desbordado, donde es posible decir de todo, contra todos, inventar imágenes, situaciones o voces.

En tanto, Mariela Morales Antoniazzi, vocal del IIDC, planteó cuál es el papel que “podemos jugar desde la academia para fortalecer la cultura constitucional”: el derecho comparado y las redes de estudios constitucionales permiten unir a operadores de justicia, organismos internacionales, sociedad civil y academia.