El gobierno de México expidió la Ley General de Economía Circular, la cual se centra en impulsar la conservación del medio ambiente del país. El decreto presidencial se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2026 (www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEC.pdf).
Por medio de un comunicado de prensa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales planteó que con esta iniciativa se trabajará en la creación de mecanismos enfocados en materia de circularidad a fin de incrementar la vida útil de los productos, aprovechar los residuos y determinar atribuciones para la aplicación de modelos de manera responsable.
Jorge Alberto Witker Velásquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, aplaudió que mucha gente ha ido tomando conciencia de ese problema ecológico, y precisó que quienes impulsaron esta ley son los sectores productivos, la sociedad civil, la academia y los políticos en el Congreso.
“Tenemos bastante apoyo social porque un aspecto muy interesante es que, en medio de la crisis planetaria, la ley plantea procesos de gradualidad y progresividad. Nos tenemos que comprometer, no puede haber marcha atrás”, apuntó.
Orígenes
Witker Velásquez, Premio Universidad Nacional en Ciencias Sociales, recordó cómo se dieron los primeros movimientos en el mundo en cuanto a la economía circular: fueron resultado de varias corrientes de pensamiento en las décadas de los 70 y 80. Una de las primeras advertencias sobre los márgenes del crecimiento económico apareció justamente en el libro Los límites del crecimiento, que expuso un modelo basado en el consumo ilimitado y el aumento poblacional constante, el cual no podría sostenerse indefinidamente en un planeta con recursos finitos.
El universitario mencionó que desde entonces se empezó a cuestionar la economía lineal, y en aquel momento se abrió el debate de plantear esquemas alternativos que, por un lado, evitaran el agotamiento de materias primas vírgenes y, por otro, replantearan el destino de los desechos generados a lo largo de la cadena productiva.
“En más de 200 años de industrialización, la humanidad ha consumido el equivalente a una vez y media los recursos totales del planeta, lo que evidencia que el modelo actual es insostenible”, comentó el coordinador de la línea de investigación de derecho económico circular (DEC) del IIJ.
En este orden de ideas, propuso que con la crisis climática, no menor en México, se cambiara el modelo económico lineal, centrado en extraer materias primas, procesarlas, comercializarlas, consumirlas y desecharlas como residuo o basura.
Evitar la contaminación
Asimismo, Jorge Witker afirmó que esta nueva cadena productiva de la economía circular viene a interrumpir lo que algunos han llamado “economía del desperdicio”, que ha traído como consecuencia el impacto ambiental más dramático que vive hoy día el planeta.
Frente a este escenario, señaló que se hizo evidente la urgencia de reducir el consumo de materias primas vírgenes y de reconocer que los residuos producidos pueden conformar un mercado de materias primas secundarias, con nuevos valores, incluso de cambio.
El objetivo, dijo, es evitar la contaminación y frenar prácticas como la proliferación de rellenos sanitarios o relaves cercanos a pueblos y ciudades, que durante décadas han existido como forma de “esconder debajo de la alfombra” enormes volúmenes de residuos, tanto orgánicos como tecnológicos e industriales.
En ese contexto surgió el modelo alternativo a la economía lineal: la circular y un esquema normativo distinto. Subrayó que, a diferencia de las posturas centradas únicamente en sancionar el daño, una vez que ya ha ocurrido, la economía circular y el DEC buscan intervenir desde el diseño mismo del proceso productivo para prevenir impactos ambientales, y el DEC actúa como un instrumento antes del daño ambiental.
Así, el doctor honoris causa por la Universidad de Valparaíso, Chile, en 2020, reveló que desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas se ha desarrollado durante los últimos tres años la línea de investigación del DEC.
Describió que el equipo de académicos analiza legislaciones extranjeras con el propósito de identificar experiencias y mecanismos normativos con los que distintos países están enfrentando la crisis ambiental planetaria de forma integral.
Enfatizó que cuando se habla del estudio comparado se entiende que hay distintos modelos de economía circular. China aplica un esquema centralizado con fuerte intervención estatal y aplica un código civil ecológico; la Unión Europea opera bajo un modelo mixto con participación pública y privada; Japón desarrolla un sistema híbrido propio; y en América Latina, incluido México, comienzan a consolidarse iniciativas de un derecho suave (soft law).
Al contrastar esas experiencias con el caso mexicano, sostuvo que la Constitución ofrece una base sólida para transitar hacia un modelo circular. Insistió que los artículos 4, 25, 26 y 73 establecen fundamentos claros del llamado derecho económico lineal, aún vigente en el país, cuya muestra es precisamente esta ley general.
No obstante, sostuvo, si el modelo lineal –basado en extraer, producir, consumir y desechar– está destinado a transformarse en uno circular, entonces las normas deben modernizarse y adaptarse a esa nueva lógica productiva.
Opinó que la economía circular y el derecho económico circular pueden sintetizarse en tres preguntas clave: qué producir, cómo producir y para quién producir.
Al desglosar estos cuestionamientos, el autor de Estudios introductorios al derecho económico circular expuso que la primera implica responder a las demandas del mercado, pero bajo criterios de sostenibilidad, ahorro de agua y uso eficiente de energía. La segunda remite a la tecnología empleada: procesos que reduzcan el consumo de recursos y minimicen la presencia de residuos. La tercera abre una reflexión de fondo sobre el destinatario de la producción: consumidores responsables.
El experto destacó que la ley aprobada representa un respaldo a esa línea de investigación que se trabaja en el IIJ, pues incorpora elementos centrales del derecho económico circular. Durante años, su grupo analizó legislaciones extranjeras con posibilidad de adaptarse a nuestra realidad nacional.
Al respecto, Jorge Witker agregó que desde la UNAM se anticiparon a esa discusión normativa. Con varios libros publicados y otros en proceso, aseguró que el derecho económico circular no sólo es una propuesta teórica, sino una base jurídica concreta para enfrentar los desafíos ambientales contemporáneos.
A la pregunta de qué sirve una Ley General de Economía Circular y qué problemas busca atender en el modelo económico actual, consideró que será un horizonte armonizador de las legislaciones estatales. “En estos momentos para el manejo de residuos tenemos 31 leyes que legislan a su saber y entender”.
Y es que, refirió, hay una Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que desde 2004 entró en vigor y ya señalaba obligaciones a los tres niveles de gobierno.
El especialista resaltó tres elementos centrales de la nueva legislación. El primero, recalcó, “es que la ley general deberá armonizar el conjunto de normas existentes en la materia. Este punto resulta clave si se considera que siete u ocho entidades federativas ya cuentan con leyes locales de economía circular, las cuales deberán alinearse a los principios y disposiciones del marco general”.
En segundo lugar, explicó que la ley prevé la elaboración de un Programa Nacional de Economía Circular, instrumento rector que orientará la política pública en la materia. Asimismo, tiene en cuenta la celebración de convenios de concertación entre empresas y autoridades para impulsar compromisos específicos de circularidad por producto, líneas de producto o cadenas de valor. “A través de estos acuerdos se buscará fomentar prácticas como la reutilización, la reparación, el rediseño y el reciclaje de residuos”.
Y el tercer elemento, añadió, radica en un esquema que incentiva la incorporación de productores y empresarios al modelo de economía circular sin recurrir, por el momento, a mecanismos coercitivos. “En lugar de sanciones inmediatas, la ley apuesta por acuerdos voluntarios y programas registrados formalmente, mediante los cuales las empresas se comprometen a transitar gradualmente hacia prácticas circulares”.
Reflexionó que hay dos planos esenciales en la economía circular. El primero es el del conocimiento y la investigación. Desde la Universidad, estableció, es posible desempeñar un papel decisivo al explorar nuevas materias primas derivadas de los residuos generados en distintas cadenas de valor, como la textil y plástica. Y el segundo es formativo y cultural, pues uno de los mayores desafíos consiste en concientizar a los miles de estudiantes que integran la comunidad universitaria, con el propósito de incentivarlos a ser consumidores responsables.
“Los límites del planeta ya están aquí, las nuevas generaciones enfrentarán condiciones ambientales más complejas que las actuales. Promover el consumo responsable dentro de los propios campus puede convertirse en un punto de partida para cambios de mayor alcance”, finalizó.
