Democracia mexicana, ante el reto de garantizar elecciones equitativas

El 10 de septiembre próximo iniciará el proceso electoral federal, en el que se renovarán cerca de 20 mil cargos, entre ellos diputaciones locales en 31 entidades federativas, ayuntamientos y alcaldías en 30 estados, 17 gubernaturas y la totalidad de la Cámara de Diputados a nivel federal, señaló Miguel Armando López Leyva, coordinador de Humanidades de la UNAM.

En la antesala de este proceso obtuvieron su registro dos nuevos partidos políticos, lo que delinea una contienda con ocho partidos nacionales y un amplio abanico de partidos locales, destacó al inaugurar el Seminario “Proceso electoral 2026-2027, equidad en la contienda”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).

En el Índice de Democracia Electoral construido por V-Dem, se observa que, en la calidad de las elecciones, los derechos individuales y las libertades de expresión de los medios de comunicación y de asociación, México se encuentra en la posición 93 de 179 países. “En este contexto de serios desafíos y claras regresiones para las democracias, se celebrarán las elecciones del próximo año en nuestra nación”.

De acuerdo con el Global State of Democracy de 2025 del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, en el entorno global ocurre la tercera ola de autocratización mundial, que se expresa en un número creciente de países con deterioro en la calidad de sus elecciones, así como en descensos mundiales sin precedentes en la independencia judicial, la libertad de prensa y la integridad electoral. “Este Seminario analizará el próximo proceso electoral teniendo como eje una problemática que ha formado parte de las demandas que impulsaron el proceso de transición y que sigue presente en el debate público actual de las condiciones de equidad en la contienda. Este 2026 se cumplen 30 años desde la reforma de 1996, la cual para buena parte de los analistas dio por terminada la transición democrática y sentó las bases de la democracia en México”.

Para López Leyva, esa reforma significó un punto de llegada respecto a las que le antecedieron, pero también un punto de partida para futuros ajustes. La discusión sobre la equidad se inscribió en un ánimo de voluntad de negociación e impulso por generar consensos para crear reglas e instituciones que permitieran celebrar elecciones justas y confiables.

En el aula Reforma Política de 1977 del IIJ, añadió que “las sociedades democráticas se fortalecen donde la ciudadanía se mantiene vigilante y propositiva, donde conserva la memoria de sus colectivos y reconoce aquello que se ha perdido, pero también mantiene su voluntad de cambio”.

Guadalupe Salmorán Villar, investigadora del IIJ y coordinadora del Seminario, indicó que ese encuentro académico, que se realizó 26 y 27 de agosto, parte de la preocupación de analizar en qué condiciones llegamos al proceso electoral 2026-2027, qué tan preparados estamos los ciudadanos y nuestro sistema electoral para garantizar una competencia genuinamente equitativa en México.

Lorenzo Córdova Vianello, investigador del IIJ y también coordinador del Seminario, destacó que éste se enfoca en el sistema electoral mexicano, el cual ha sufrido grandes transformaciones, ya que se abrió de una estructura hermética, cerrada y excluyente, para fomentar, aunque fuera de manera germinal, el pluralismo político.

Dijo que después de la elección de 1998 se construyó el sistema electoral en términos técnicos con las condiciones, procedimientos e instituciones que conducen los procesos electorales, que permitieran inyectar certeza, transparencia y confiabilidad en los resultados.

Detalló que, en cuatro mesas, el Seminario aborda: las condiciones financieras para constituir un piso mínimo de equidad; el acceso a los medios de comunicación para evitar que el complejo triángulo entre dinero, medios y competencia política encontrara un cauce que no hiciera depender del financiamiento el acceso a los medios de comunicación; restricciones a los actores políticos y a los servidores públicos para que no se utilicen recursos públicos ni su presencia para incidir en la competencia; y los tiempos electorales, la propaganda y la comunicación política.