Derecho familiar y civil, temas de relevancia constitucional

El derecho familiar y el civil se han transformado desde hace algunos años para entenderlos como temas de derechos humanos y de relevancia constitucional, afirmó Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Se han incorporado a nuestro texto constitucional figuras que hace 50 años eran impensables, como el derecho de niñas, niños y adolescentes a la familia, la igualdad entre mujeres y hombres, la protección de la familia y otros vinculados como la alimentación y la salud, agregó.

Al encabezar la inauguración del Congreso “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: el impacto de su implementación a la luz de los derechos humanos”, organizado por el IIJ y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, la jurista señaló que durante muchos años se consideró que el Estado sólo debería tener una intervención subsidiaria en estos temas, pero hoy tiene la visión y el enfoque de derechos humanos en su interpretación.

En el Auditorio Héctor Fix Zamudio de dicha entidad universitaria, resaltó que “el derecho civil y el familiar son los que impactan en el día a día de las personas y por ello generar reflexiones compartidas e insumos es de la mayor relevancia, y requiere de esfuerzos compartidos como éste a fin de poner a disposición del público reflexiones sobre las relaciones familiares, la violencia, los alimentos, el patrimonio de las personas, las sucesiones, las nuevas tecnologías y la bioética”.

En su oportunidad, Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, indicó que la implementación del Código “representa la unificación normativa en los procedimientos civiles y familiares en todo el territorio mexicano, y abre la posibilidad de consolidar un sistema de justicia más coherente y ágil, pero sobre todo muy respetuoso de los derechos humanos”.

El Congreso contempla siete mesas de trabajo en las que se exploran cuestiones que tocan el corazón mismo de la justicia civil y familiar, la centralidad de los derechos humanos en la práctica procesal, el ejercicio pleno de la capacidad jurídica, la importancia de la teoría del caso y de las técnicas de litigación, los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y las pruebas digitales, el papel del notariado en procedimientos no contenciosos, las cuestiones éticas y bioéticas vinculadas con su función, y de manera transversal los retos de armonización que enfrentan las entidades federativas, refirió.

“Cada tema refleja la necesidad de construir un sistema de justicia más transparente, accesible, eficiente, humano y consciente de la diversidad social que caracteriza a nuestro país”, apuntó.

El nuevo Código, agregó, no puede entenderse únicamente como un instrumento procedimental, sino como un compromiso con la dignidad y con los derechos de las personas, en particular de quienes acuden a los tribunales en contextos de vulnerabilidad.

A su vez, Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial de Ciudad de México, mencionó que el Código se analizó en todas las entidades federativas del país, contó con la participación de magistrados y jueces y, una vez elaborado, se presentó ante el Congreso federal para su autorización.

“Fue revisado, analizado, anotado y argumentado por los senadores y diputados para su elaboración, que tardó dos años y medio. A más tardar, el 1 de abril de 2027 deberá aplicarse en todo el país”, adelantó.

El objetivo de la reforma constitucional que nacionalizó el sistema de justicia civil y familiar es garantizar la justicia en igualdad a todas las personas sin discriminación y asegurando un trato diferenciado para todos los grupos vulnerables, detalló.

“Destacan víctimas de la violencia, personas con discapacidad, en pobreza, infantes, adolescentes y adultos mayores.

En tanto, Roberto Garzón Jiménez, presidente del Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, consideró que el Congreso es la prueba de que como comunidad jurídica “estamos comprometidos con la evolución de nuestro sistema legal, especialmente cuando hablamos del impacto de la implementación del código a la luz de los derechos humanos”.

Por último, Jesús Sesma Suárez, diputado y presidente de la mesa directiva del Congreso de Ciudad de México, opinó que el Código marca un antes y un después en la manera que entendemos y ejercemos la justicia en todo el país.

“Queremos que las y los ciudadanos vivan la justicia en su vida cotidiana, porque detrás de cada procedimiento, expediente y resolución hay personas que esperan una justicia más humana y sensible. Hay familias que necesitan soluciones rápidas y claras; mujeres, niñas y niños que requieren protección y certeza; comunidades enteras que esperan que la justicia llegue de manera efectiva y cercana”.

“El verdadero sentido de este Congreso es poner en el centro a las personas y a sus derechos humanos. Sabemos que la justicia no puede seguir siendo un ideal lejano, ni un trámite frío y distante. Debe sentirse en la vida diaria, en cada reforma, norma y decisión institucional. Tiene que servir a la gente, proteger sus derechos y darle certeza en los momentos más vulnerables de su vida”, concluyó.