¿Desarrollo comunitario, o beneficio de unos cuantos?

La falta de una regulación adecuada en las políticas de desarrollo urbano y los fuertes intereses económicos de la industria inmobiliaria, que busca apropiarse de las zonas habitacionales más atractivas de una ciudad, están acelerando el fenómeno de la “gentrificación urbana”, es decir, cuando las poblaciones originarias de menores ingresos son expulsadas por una población con mayores ingresos o bien, por grandes empresas que han encontrado una “mina de oro” en la vivienda de alquiler a corto plazo, advirtió Rosalba González Loyde, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

La especialista en desarrollo urbano consideró que, bajo el argumento de una rehabilitación necesaria de las zonas mejor ubicadas de una ciudad, se han modificado las estructuras de desarrollo inmobiliario, permitiendo que personas con mayores ingresos puedan desplazar, de los lugares más céntricos hacia las periferias, a la población de menores recursos, generando con ello un proceso de segregación socioespacial.

De esta forma, dijo, las zonas urbanas con los mejores espacios públicos, de recreación, que además cuentan con una mayor conectividad de transporte, en donde se concentran los centros de trabajo, las escuelas y las universidades de mayor demanda, están siendo ocupadas por nuevos pobladores con un perfil socioeconómico y educativo determinado, con intereses de negocios muy específicos, pero sobre todo, con un mayor poder adquisitivo para pagar el costo de los servicios y del impuesto predial que, con la gentrificación, registran un incremento considerable.

La académica universitaria apuntó que desgraciadamente el tema del dinero se vuelve un punto clave para entender lo que está sucediendo con el mercado del suelo y con las políticas que se generan en torno al desarrollo urbano, que no están exentas de prácticas de corrupción, como el caso reciente en algunas alcaldías de la Ciudad de México, con el llamado “Cártel inmobiliario”, que también pudiera tener alguna relación con los intereses detrás del proceso de gentrificación.

El caso de la alcaldía Benito Juárez fue el más sucio y más evidente que se presentó, subrayó, pero desafortunadamente no es el único y hay muchos otros negocios ilícitos que están documentados, incluso, con la presencia de organizaciones civiles que promueven el mejoramiento urbano de las ciudades y la inversión pública en determinadas zonas.

“Esas organizaciones también tienen un beneficio económico, tal vez no tan malvado ni tan frío como lo que vivimos en la Benito Juárez, pero hay cierto interés para que algunas zonas se valoricen. Por ejemplo, en la colonia Guerrero, la Morelos o en Tepito, existe inversión en vivienda. Hay organizaciones detrás del desarrollo inmobiliario en esos lugares y es claramente porque están bien ubicadas, con suelos relativamente baratos, que se pueden rentabilizar más, porque están cerca de zonas turísticas o se ubican cerca del corredor financiero de reforma. Hay muchos perfiles e intereses involucrados en esos procesos de gentrificación”.

Indicó que uno de los sectores que más está aprovechando el fenómeno de la gentrificación para obtener jugosas ganancias es el turístico, el cual tiene una derrama económica muy distinta y mucho más rentable que la habitacional y es por eso que la modalidad de alquiler de vivienda a corto plazo con fines turísticos está siendo muy atractivo para los inversionistas con capitales extranjeros, que además, se encuentran con carta blanca para hacer negocios, al no haber regulaciones y mecanismos que aminoren el impacto social, y de esta forma el uso de suelo se va con el que mejores ganancias deja, que en este caso es el turismo.

Señaló que es necesario actualizar la legislación relacionada con el desarrollo inmobiliario, particularmente en Ciudad de México, de tal forma que se pueda regular el crecimiento urbano con una revisión a fondo del tema inquilinario para saber cuál es el perfil de los propietarios que rentan su vivienda, además de tener claridad sobre el tamaño del mercado de vivienda en propiedad, que todavía es mayoritaria.

Finalmente, González Loyde destacó que es indispensable promover una actualización del Programa General de Ordenamiento Territorial en la capital del país, como el marco rector que puede normar el resto de los instrumentos de la ciudad en materia inmobiliaria, lo que permitirá impulsar una diversificación de la producción de casas habitación, en donde además de la vivienda social en propiedad, que ha dejado de ser rentable, también se considere la producción de vivienda para alquiler, así como la producción de vivienda en cooperativa, como parte de una política pública de desarrollo inmobiliario gestionada y regulada por el Estado.