Desigualdades y acoso sexual, problemas de urgente debate

Acoso sexual, discriminación y desigualdades son problemas de urgente debate en la sociedad, sobre todo en las universidades, espacios que no se encuentran exentos a estas problemáticas.

Lo anterior quedó de manifiesto en el Primer Congreso Internacional Sobre Justicia Universitaria: Género y Derechos Humanos, que realizó el Tribunal Universitario de la UNAM y fue inaugurado por el rector Enrique Graue Wiechers.

Especialistas nacionales e internacionales coincidieron en que a pesar de que las universidades son lugares de enseñanza y formación, persisten vicios y resistencia al respeto de las garantías y derechos de las mujeres, lo que ha permitido que en los últimos años se lastime a las universitarias; por ello, aseguraron, es de suma importancia tomar acciones para la implementación efectiva de mecanismos de prevención, protocolos de actuación, campañas de sensibilización y sanciones conforme a la ley para evitar la repetición de hechos.

En la ceremonia inaugural, Enrique Graue aseveró que esta casa de estudios ha dado pasos firmes para la prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres en los espacios universitarios; una muestra de ello es la realización, por parte del tribunal, de este encuentro internacional.

Indicó que las instituciones de educación superior, así como la sociedad mexicana en su conjunto “tenemos la enorme responsabilidad de reflexionar sobre las acciones para garantizar la correcta impartición de la justicia universitaria y así erradicar la violencia de género y las desigualdades”.

Por eso, agradeció a las y los especialistas, así como a las autoridades de las distintas universidades públicas de todo el país, la disposición para discurrir durante dos días sobre violencia sexual, desigualdades, discriminación e impartición de justicia, que sin duda, dijo, se sumará al esfuerzo que se realiza desde todos los frentes en la UNAM, para garantizar estancias dignas y espacios seguros.

Por su parte, Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, sostuvo que la firma de convenios con más de 30 universidades públicas de todo el país en los últimos meses fue el origen y puesta en marcha de las acciones que derivaron en el congreso, como respuesta al legítimo reclamo de las universitarias, quienes han manifestado su repudio a conductas que pueden calificarse como insolentes y que en muchos casos llegan a la ilicitud.

“Tal hecho impulsó que en la actual administración se diera un respaldo esencial para atender los graves y desafortunados eventos donde el hostigamiento, los abusos sexuales y no se diga la despreciable inequidad de género, marcaron el cambio de la reacción universitaria”, expresó.

En este contexto, destacó el apoyo que se ha dado en los últimos meses al Tribunal Universitario, que ha permitido un proceso de total transformación para reintegrarse por destacadas investigadoras, conocedoras en el tema de desigualdad de género, el tratamiento del acoso y el abuso sexual, así como “modificar la cúpula del tribunal para que obligadamente de las cuatro magistraturas, dos sean ocupadas por académicas”.

López Betancourt resaltó que este congreso fue precursor para impulsar cursos, publicaciones, discusiones y reflexión en torno a estas graves problemáticas, en donde no se debe olvidar que “el docente es la clave para crear hábitos de respeto entre profesores y alumnos, para que se entienda de una vez por todas que la base de sustentación de una escuela es precisamente el alumno y que alrededor de él deben girar todos los elementos. Por ello, se requieren profesores mejor preparados que olviden vicios y actitudes protagónicas, que dejen de ser sabelotodo y tiranos de aula”.

Papel de la educación superior

Jorge Padilla Cordero, coordinador de Educación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, habló sobre el papel de la educación superior y la vigencia efectiva de los derechos humanos. Señaló que se debe partir de una premisa clave, que es que los derechos humanos no son una doctrina, un mandato o un ejercicio exclusivo para un solo grupo al mando de la universidad, sino que es algo a la que todas las personas debemos tener acceso sin excepción, incluyendo los espacios educativos.

“Es absolutamente necesario entender que la universidad no sólo es una cuestión de contenido, sino también de actitudes y valores, por lo que no podemos permitir y tolerar discriminaciones, violencias ni exclusiones”, afirmó.

Padilla Cordero comentó que la garantía de derechos es uno de los más grandes retos en los espacios de educación superior, ya que se enfrenta a una problemática internacional que es la pobreza y la desigualdad: “¿Cómo desplegamos los derechos humanos frente a tanta desigualdad?, ¿cómo le haces cuando alguien va a la universidad, pero va con miedo?, ¿cuándo alguien va a la universidad pero va con hambre?, ¿cuándo va a la universidad para gozar de la educación, pero condicionado del disfrute de otros derechos? ¿cómo le hace y cómo le da respuesta la universidad a ello más allá de un asistencialismo?”

Sobre ese punto, Luis González Placencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), compartió las medidas que la UATx tomó al tener conocimiento de las agresiones y acoso por parte de profesores sobre todo tras el movimiento MeToo, el cual derivó en denuncias que se atendieron directamente desde la Rectoría para procesar y atender estas legítimas demandas de las alumnas. “Se detectó que en algunos profesores ya se trataba de un patrón mediante el cual designaban a algunas estudiantes con papeles de jefes de grupo o asistentes, como parte de un proceso que terminaba en ofrecimientos posteriores de relaciones sentimentales”.

Como consecuencia de esa situación, se efectuó el despido de 20 académicos de quienes se contaba con las pruebas de que incurrieron en diversas prácticas de hostigamiento o abuso contra las estudiantes. Destacó que se introdujeron mecanismos legales para dar cauce a procesos administrativos y legales que dieran mayor certeza en el cauce de las quejas y contar con elementos que permitieran esclarecer los hechos, sin afectar carreras académicas de forma innecesaria.

En su oportunidad, Monserrat Trejo Calderón, coordinadora de la Unidad de Atención a la Violencia de Género, de la Universidad Autónoma de Querétaro, dijo que “hay que empezar a reconocer que en estos espacios existe la violencia en todos sus niveles y debemos responsabilizarnos de ello. Hay que comenzar a identificar necesidades para trabajar en resolver la ineficacia de los protocolos que hay en la materia o bien impulsar los que no existen”. Opinó que es primordial que en las aulas se cuente con grupos de trabajo interdisciplinarios con perfil psicológico para la atención a las personas que van a desahogar los procedimientos en el tema.

Acceso a la información

Por su parte, Graciela Sandoval Vargas, coordinadora de las Oficinas Jurídicas de la UNAM, puso sobre la mesa un tema que consideró de vital importancia y que atraviesa el tema de la violencia de género en las universidades: el derecho al acceso a la información y la protección de datos personales en las instituciones de educación superior pública.

Durante su participación, invitó a reflexionar sobre la relevancia de contar con datos oficiales para entender lo que sucede en la UNAM, como cuántas quejas se han presentado sobre acoso, cuál es el estatus de cada una de éstas, a quién se denuncia y qué medidas se tomaron al respecto, si se vulneran derechos al hacer pública esta información, entre otros.

Manifestó que ambos derechos, el de acceso a la información y de protección de datos personales, pueden converger, por lo que en esta casa de estudios se tiene que dar prioridad no sólo a dar la información que se solicite vía transparencia, sino también en generar la propia para tener diagnósticos claros y, con ello, mejorar en la aplicación y garantía de derechos.

“Tener acceso a la información nos sirve para lograr en ese caso equilibrio entre una paridad, la violencia hacia las mujeres podemos erradicarla teniendo información de todo lo que está pasando… toda la información que podamos obtener nos sirve a los ciudadanos para enterarnos, para exigir derechos y también a los sujetos obligados porque nos permite saber cómo estamos, qué tenemos que hacer y cuidar a la comunidad.”

Karla Micheel Salas Ramírez, presidenta del Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, asentó que los principales obstáculos para garantizar estancias dignas en las universidades son precisamente la violencia y la discriminación, pero, sobre todo, la falta de garantías y acciones para la no repetición de los hechos.

“¿Por qué pueden los hombres amedrentar a las mujeres y las asesinan? Porque pueden, porque estamos bajo una cultura que ha normalizado la violencia contra las mujeres prácticamente en todos los espacios, incluyendo los universitarios y académicos”. Puntualizó que no se cuenta con un marco jurídico adecuado para la prevención, atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres o se tiene un marco jurídico y las autoridades no lo aplican.

Otro de los aspectos que impide que las mujeres puedan exigir se respeten sus derechos, apuntó, es el desconocimiento de estos, por lo que también es de gran importancia que se sensibilice a la comunidad sobre el tema para dejar de normalizar la violencia a la podrían estar expuestas todos los días. Externó su preocupación por el aumento de ésta contra las mujeres con la llegada de la pandemia de la Covid-19: “Muchas mujeres ya no regresarán a las aulas debido a la violencia a la que han estado sujetas en los últimos meses”, precisó.

Instancias internacionales

En el encuentro también se trató cómo las instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han abordado casos emblemáticos de violencia y acoso sexual en los espacios escolares, como lo es el de Guzmán Albarrán, del que Agustín Martín, abogado de la CIDH, explicó que la resolución determinó que el acoso en el ámbito escolar afecta de manera directa derechos fundamentales como a la vida digna y el derecho a la educación.

Asimismo, se analizaron temas como la importancia de la academia en la defensa de los derechos universitarios; el papel y los desafíos de los tribunales universitarios y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, donde se incluye el derecho a la educación.

Las conferencias magistrales y las mesas de trabajo estuvieron coordinadas y acompañadas por Alfredo Sánchez Castañeda, abogado general de la UNAM; Angélica Chávez Gutiérrez y María Fernanda Sánchez Díaz, ambas vocales permanentes del Tribunal Universitario de la UNAM.

Finalmente, al término del congreso Eduardo López Betancourt agradeció cada una de las reflexiones y anunció que este encuentro sin precedentes ahora también es un parteaguas, por lo que se convertirá en la primera edición de uno que no sólo es importante realizar cada año, sino que es obligación integrar cada vez a más universidades y a más autoridades, para seguir transformando los espacios educativos.