Es indispensable exigir que se conserve la biodiversidad

Desde la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, se debe crear un contexto de exigencia para insistir que México tenga una política de Estado encaminada a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, e impedir regresiones en los avances del cumplimiento de los compromisos que nuestro país ha contraído para reducir la huella de carbono, afirmó Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM.

Es un compromiso que debe asumir la actual generación, a la que le toca impulsar ese tipo de acciones y promover que se tomen decisiones adecuadas, también pensando en las que habrán de venir, abundó.

Al clausurar la mesa-debate El futuro de la conservación de los recursos naturales basado en incentivos económicos, organizada en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), añadió que se deben buscar espacios donde se dé el diálogo entre distintas disciplinas, y crear lo que va a hacer mucha falta (independientemente de lo que ocurra el próximo año en las urnas): un contexto de exigencia.

Es muy importante que desde la Universidad Nacional insistamos en ello, y por eso es tan relevante que se lleve a cabo este diálogo entre las ciencias económicas y las de la vida: “es fundamental que colaboremos con este objetivo, y al hacerlo estaremos contribuyendo a generar un nuevo curso de desarrollo para nuestro país, que sea más sustentable”, recalcó Lomelí Vanegas.

El reto más serio

En la mesa, José Sarukhán Kermez, exrector de la UNAM, investigador emérito del Instituto de Ecología e integrante de El Colegio Nacional, refirió que la especie humana no ha tenido un reto más serio y fuerte que el que enfrenta hoy con la pérdida de la diversidad biológica.

Dijo que los recursos naturales dan la oportunidad de generar diferentes formas de desarrollo y culturas. Tenemos una gran diversidad biológica y cultural; los pueblos cuentan con un conocimiento profundo de esos recursos, aspecto que no se ha sabido usar en nuestro país, que a partir de los años 30 o 40 del siglo pasado se declaró agrícola, cuando es forestal.

La diversidad biológica silvestre de México es enorme, la cuarta o quinta del mundo. Sin embargo, hay otra: la agrícola, y nuestro país es centro de origen de muchos grupos taxonómicos; pero ni una ni otra han sido temas de desarrollo a través de políticas públicas adecuadas.

La enorme diversidad ecológica debería ser tomada en cuenta al momento de desarrollar políticas de uso del suelo. Veracruz es un caso trágico, ya que ha perdido más del 90 % de su cobertura forestal y se ha convertido en “océanos” de pasto para las vacas. De ser el tercer estado más rico en biodiversidad, ahora es uno de los tres más pobres.

Existen elementos demostrables de la enorme bondad de contar con formas diferentes de empleo sustentable de los recursos, y con un “aditamento” más: bienestar económico para los propietarios de esos bosques.

“No veo posibilidades de que los recursos naturales de este país se conserven, si no trabajamos con la gente que los posee, si no la hacemos parte del asunto; por ahí debe venir el movimiento de resguardar los ecosistemas de los que dependemos totalmente”, concluyó.

Prevenir la deforestación

Julia Carabias Lillo, profesora de la Facultad de Ciencias y también integrante de El Colegio Nacional, señaló que antes de restaurar hay que conservar los ecosistemas, no sólo porque lo primero es infinitamente más caro e ineficiente, sino porque no se puede restituir el entorno original. Por ello, es necesario impulsar los instrumentos orientados a prevenir la deforestación.

México tiene mucha experiencia, instituciones, leyes y capacidades humanas para cumplir las metas acordadas en diciembre de 2022, en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal; y de conservar por lo menos el 30 % de la superficie del planeta para el 2030. Podríamos hacerlo, pero tiene que haber la voluntad para ello, recalcó la científica.

La universitaria consideró que la preservación no funcionará sin una visión integral. Se deben sumar los instrumentos económicos para la conservación (pago por servicios ambientales, bonos de carbono, certificaciones), pero con un enfoque territorializado, porque las políticas de gobierno se han orientado a que no se sumen subsidios en las mismas comunidades.

Se requiere un proceso de planeación regional, “porque tenemos sitios prioritarios por su biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; no a todo el país se debe tratar por igual”. Existen zonas degradadas que necesitan un proceso regenerativo, y otras que están en muy buen estado de conservación, y hay que garantizar que se mantengan así”, recalcó Carabias.

Involucramiento

En el Auditorio Ricardo Torres Gaitán del IIEc, Sophie Ávila Foucat, investigadora de la propia entidad, coincidió en que se requieren políticas públicas coherentes entre sí y con una perspectiva de territorio diferenciado a lo largo y ancho del país, incluso dentro de las entidades federativas.

Gran parte del futuro de los instrumentos económicos para la conservación y la planeación del territorio está en el involucramiento de los estados, la iniciativa privada, las organizaciones no gubernamentales, los municipios y las comunidades. “Hay que utilizar esas herramientas y trabajar para que funcionen mejor”.

En Puerto Vallarta

Por último, Paola Bauche Petersen, directora ejecutiva del Fondo Noreste, AC, refirió que en los ejidos ubicados en la periferia de Puerto Vallarta, el pago por servicios ambientales ha sido muy importante, porque otorgó el recurso inicial para el comienzo de empresas ecoturísticas.

Gracias a eso, comunidades enteras permanecen en sus sitios de origen, en vez de irse a trabajar de obreros a Vallarta. Usar los recursos de forma planeada ayuda a esas empresas que ahora, después de la pandemia, están en proceso de recuperación, concluyó.

La mesa, a la que asistió Armando Sánchez Vargas, director del lIEc, estuvo moderada por Santiago Izquierdo Tort, de la propia entidad, y Elizabeth Shapiro-Garza, de la Universidad Duke de Estados Unidos.