“Estamos siendo avasallados por la delincuencia”

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el INEGI, en 2021 se cometieron 4,910,206 extorsiones en hogares. Se denunciaron solamente 246,138 casos, y sólo en 52.4 por ciento se inició una carpeta de investigación; de estas últimas, en puntos porcentuales, en 59.6 no pasó nada y 26.3 seguía en trámite. En 2.8 por ciento de los casos se puso al delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón, y en apenas 0.3 por ciento se logró la recuperación de los bienes, se expuso durante el Foro Nacional Extorsión: Perspectivas Jurídicas y de Política Pública, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

En tanto, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, se estima que en 2021 alrededor de 1.2 millones de unidades económicas fueron víctimas de algún delito; el más frecuente fue la extorsión, con 28.9 por ciento. Las empresas grandes son las menos vulnerables; pero entre las micro, pequeñas y medianas fue el delito más frecuente.

El coordinador del Foro, Roberto Ochoa Romero, en representación de la directora del IIJ, Mónica González Contró, expresó que ese tema es de enorme y profundo interés nacional, y agradeció la colaboración del Observatorio Nacional Ciudadano, coorganizador del encuentro, cuyo propósito es impulsar una ley general para combatir ese delito.

En la mesa “La extorsión bajo el caleidoscopio. Diálogo sobre sus modalidades y políticas públicas en México”, Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio, señaló que en este momento existe un fenómeno creciente de engaños relacionados con información bancaria.

También hay extorsión generada por grupos delictivos de manera presencial, donde un delincuente se presenta ante quien realiza actividad comercial y exige un pago periódico, un “impuesto” para que cierto grupo delictivo no lo agreda, dijo en el acto efectuado en el IIJ de la UNAM.

Una más es prohibir la venta de determinados bienes de consumo; no hay un cobro de recursos, pero sí un control del mercado y se generan monopolios, porque sólo se pueden vender ciertos productos, o un comerciante en concreto es el único que puede ofrecerlos, detalló.

Igualmente, ocurren ciertas formas de extorsión internas en el gobierno o las empresas; una se denomina la “sextorsión”, en la que a las mujeres, para no ser afectadas con horarios extendidos, por ejemplo, se les pide a cambio favores sexuales; y otra es cuando los empleados tienen que pagar la autorización de sus vacaciones. “Este no es un delito con una sola cara y no se comete en un solo medio”.

A un Estado que falla y una sociedad que se acomoda a un problema, se suma una red de protección e impunidad que protege a la delincuencia, capaz de extorsionar desde un penal, recalcó Francisco Rivas.

Comentó que en temas de seguridad, lejos de ir construyendo un sexenio tras otro, se ha destruido lo poco que se hace, y se reinicia cada vez. Además, por cada ministerio público hay 250 carpetas de investigación; es decir, tienen que investigar ese número de casos al mismo tiempo, a lo cual se suman las condiciones en las que trabajan las fiscalías.

Alertó que en las últimas décadas ha cambiado mucho la comisión de delitos, pero nada se ha modernizado en términos legislativos. Y “cuando volteamos a ver los escenarios locales, encontramos una diversidad en la clasificación y sanciones que no abona la creación de una estructura o estrategia nacional”.

En el caso de la extorsión es necesario tener instrumentos normativos que atiendan los varios fenómenos implicados. Para proponer una ley, hay que escuchar a los fiscales y que ellos digan qué necesitan para trabajar sobre esa base, y de la mano de los legisladores, opinó.

La ley no es un punto de llegada, sino de partida que tendrá que ser revisada periódicamente para ajustarse a la realidad. “Necesitamos acciones contundentes; los mexicanos estamos siendo avasallados por la delincuencia, y se requiere construir entre todos un país donde nadie se quede atrás, ni se sienta asilado y abandonado. Hoy cualquiera de nosotros puede ser víctima”, finalizó Rivas Rodríguez.

Rossana Fuentes Berain, periodista y CEO de México Media Lab, expuso que lo que ocurre en el país habla de un Estado que se ve enfrentado a una multiplicidad de actores, públicos y privados, que delinquen, y a una ciudadanía que responde con los elementos que tiene, que son pocos, y se ve en un proceso de autoflagelación (“Qué tonto fui, no debí pagar el dinero que me pidieron”).

La extorsión es un delito tan ubicuo y complejo que clasificarlo a partir de un medio comisivo no abona en el diseño e implementación de políticas públicas; florece ahí donde hay oportunidad, pues los riesgos son mínimos (“impunidad total”) y sus beneficios ilimitados.

La impunidad es impresionante: de 5 millones de casos hay alrededor de 120,000 carpetas de investigación y sólo 0.3 por ciento de procesos concluidos. “En 1995 hablé de cuatro escenarios, pero hoy estamos en el más precario, a punto o entrando ya al México fallido”, finalizó.