Falta de oportunidades y creciente desconfianza mantienen ciclo de violencia en Michoacán

La disputa territorial de grupos ilegales en Michoacán, la creciente desconfianza en el otro, la falta de oportunidades de desarrollo para los jóvenes y la normalización de la violencia son los hechos que mantienen el creciente ciclo de crimen en la entidad, consideró el investigador de la Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER) de la Coordinación de Humanidades, Rubén Darío Ramírez Sánchez.

Al analizar desde la perspectiva social la situación en la entidad, el académico destacó que son múltiples las causas que han llevado a la población a enfrentar diferentes tipos de violencia en la región, proceso que dio inicio con el desmantelamiento del Estado y las instituciones, que de algún modo contenían la pobreza y generaban aspiraciones que el modelo neoliberal no concretó.

Al ofrecer la charla “La importancia que tiene el estudio científico de las violencias: el caso de Michoacán”, el sociólogo destacó que desde la década de los 80, tras la apertura política, la alternancia de los partidos políticos generó huecos donde se insertaron los grupos ilegales.

“El terreno fértil es la desigualdad social, y el gobierno neoliberal no dio lugar a que los propósitos de la gente se cumplieran; al contrario, se desmanteló el Estado de bienestar, y esto propició que mucha población quedara a merced de las posibilidades que se tenían enfrente, entre éstas los grupos ilegales”, comentó el también académico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, de la UNAM.

Asimismo, el experto en estudios rurales destacó que el saldo de la creciente violencia no sólo en Michoacán, sino en todo el país, ha sido muy alto, pues de 2000 a 2022 se registran 429 mil 527 homicidios dolosos, cifra que al ser desglosada por sexenio refleja que hay una especie de expansión de la violencia permanente: con Fox 74 mil 389, con Calderón 103 mil 357, con Peña Nieto 117 mil 781, y durante la actual administración van 134 mil.

Sin embargo, en Michoacán la cifra es mayor, pues la Secretaría de Seguridad Pública reconoce que en esta entidad, de 2015 a 2020, se registraron 12 mil 751 homicidios dolosos y hay 100 mil desplazados de sus lugares de origen; también aumentaron los feminicidios, pues se ha registrado el asesinato de 873 mujeres, dejando en la orfandad a 150 niños.

“El nivel de expansión y agudización (de la violencia) genera que la entidad esté por encima de la media nacional, y eso ha pasado en los últimos ocho años. A esto se suman las masacres, cuando se priva de la vida a más de tres personas. En 2020 hubo 55 en Michoacán, en 2021 se registraron 63 y en lo que va de 2022 son 16; esto implica que se diversifica la violencia”, detalló Rubén Darío Ramírez.

Interés político-electoral

El problema no se queda sólo a nivel estatal, pues a partir de todo esto se han generado también procesos inflacionarios, durante los cuales el aguacate superó los cien pesos y el limón llegó a valer 80 pesos, debido al control de los territorios, explicó.

Ahora, a todos estos problemas se suma el ya evidente “interés político-electoral de estos grupos. En la última elección, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló cuatro municipios donde la sentencia decía que era por la injerencia de los grupos delictivos, algo que nunca se había dado en el país”, señaló el especialista en violencia y transición hacia la democracia.

Ante alumnos y profesores del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 12 –de forma presencial y virtual para estudiantes de los CCH y las preparatorias de la UNAM–, el investigador recordó que al establecerse los grupos ilegales dio inicio una lucha territorial que ha generado ciclos de violencia, que en vez de acabar se incrementan con el tiempo.

“Michoacán es uno de los estados con fronteras hacia entidades con mayores índices de violencia –Jalisco, Guanajuato, Guerrero y Colima–, y eso propicia que haya una disputa muy fuerte por las fronteras, que son escenarios de trifulca por el tráfico de la droga. Aunado a esto se encuentran los enclaves económicos fuertes, que son zonas de disputa, lo que explica por qué las regiones más violentas del país son Zamora, Morelia y Uruapan”, apuntó Ramírez Sánchez.

Eso implica que se dé una controversia muy fuerte por el puerto Lázaro Cárdenas, pues ahí llegan los insumos desde Asia para la producción de droga sintética. Entonces, en este campo de dinámica, la violencia siempre está en disputa por la actividad económica y los espacios que permiten la llegada de insumos para la producción de dichas drogas, dijo.

Recordó que entre 2011 y 2012 los grupos ilegales llegaron a controlar 80 de los 113 municipios –algo muy bien documentado–, cuando se reveló que había una cooptación del Estado, y quienes decidían la vida municipal eran los grupos delictivos. Entonces se habla de un estado paralelo. Ante la situación, en la región aparecieron las autodefensas, o grupos formados, en un primer momento, por productores aguacateros y otros agrícolas para enfrentar al crimen organizado, quienes lograron una cobertura importante en casi todo el territorio.

El principal problema es que sufrieron infiltraciones, tuvieron fracturas internas por los liderazgos, y enfrentaron la represión del Estado, hasta convertirse en guardias rurales, rememoró.

“En 2014 el gobierno federal creó una estructura para burocratizarlas y estableció la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, encabezada por Alfredo Castillo, quien tenía antecedentes bastante dudosos, y su tarea fue desmantelar las autodefensas a través de las guardias rurales. ¿Qué pasó? Muchos se integraron a las guardias, otros regresaron a sus actividades anteriores, y se cree que un número importante pasó a las filas de los cárteles”, recordó Ramírez Sánchez.

Paz social

Debido a esta situación, el investigador estimó necesario recuperar el Estado de derecho, pues sin él no hay paz social, ya que si no se asume la responsabilidad y no se recupera la hegemonía territorial, y los grupos se siguen enfrentado, la situación continuará en aumento; además, se deben desarrollar oportunidades para los jóvenes antes de que éstos vean al narcotráfico como la mejor opción de vida.