Informe alternativo de los derechos de niños y adolescentes

Un grupo de organizaciones civiles y académicos de la UNAM reunidos en la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de México (Alianza México) elaboró el documento México ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

Se trata de un informe alternativo que da respuesta a la situación de los infantes y adolescentes del país, y contrasta con datos oficiales que cada cinco años se entregan al Alto Comisionado de los Derechos de los Niños, organismo de la ONU.

De interés superior

Al presentar en línea el texto, Mónica Juárez Soria, de Fundación México Juega y moderadora del acto, dijo que el informe intenta evaluar de forma integral e independiente los avances realizados y las dificultades encontradas en la Convención de los Derechos del Niño.

Mónica González Contró, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, destacó que este evento tiene que ver, desde el punto de vista jurídico, con el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano al haber ratificado un tratado internacional como la Convención sobre los Derechos del Niño.

Los principios rectores de esta convención son el interés superior de los menores, la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto a sus puntos de vista, señaló.

El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) es el órgano de decisión de la política nacional de sus derechos. Reúne a los sistemas municipales y es articulado por el SIPINNA nacional.

La jurista comentó que “faltan avances en el registro nacional de centros de asistencia y actualmente ese organismo se encuentra sin directivo”.

Nancy Ramírez Hernández, de Save the Children, recordó que la Encuesta Nacional de Discriminación de 2017 reveló que casi un tercio de infantes viven en esa situación por cuestiones como el tipo de piel, por tener alguna discapacidad o pertenecer a un grupo indígena.

Apuntó que desde 2015 hay una aguda violencia en la nación, y desde ese año se cometen en promedio seis asesinatos de niños o adolescentes cada día. “En 2020 llegamos a la cruenta cifra de nueve feminicidios de niñas cada mes”.

Miguel Laporta de Caso, de World Visión, opinó que los recursos económicos destinados a los menores en los ámbitos municipal, estatal y federal son insuficientes, además de que no consideran adecuadamente la revisión de gastos en materia de niñez.

Asimismo, recomendó velar porque los presupuestos municipales y estatales tengan una previsión de gastos para la infancia y mejoren el seguimiento de asignación. “Desde World Visión hemos impulsado desde hace cinco años para que los ejercicios fiscales cuenten con la partida suficiente destinada en la Cámara de Diputados, principalmente para las poblaciones infantiles con mayor vulnerabilidad”.

Norma del Río Lugo, experta independiente en derechos humanos de la infancia, resaltó que el riesgo de mortalidad es 50 por ciento mayor en el caso de hijos de madres adolescentes.

Indicó también como razón de la mortalidad materna adolescente que 29.8 de cada 100 mil mujeres tienen una edad promedio de 16.8 años.

Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, mencionó que “el contexto de la situación de la infancia y adolescencia en el país es de una gravísima crisis en el desarrollo humano, con muchas aristas”, y la pandemia de Covid-19 ha causado retrocesos en el área, por ejemplo, en la deserción escolar y en más enfermedades y muertes.

Además, consideró que el SIPINNA carece de los recursos económicos y de las capacidades para poder coordinar a todo el gobierno federal en esta área.

Alertó que sigue siendo muy alto el nivel de pobreza de los menores, pues casi seis de cada 10 son pobres, prevalece un alto nivel de violencia entre infantes, una enorme deserción escolar y existen problemas complejos como el embarazo adolescente.

En la presentación del informe también participaron Laura Alvarado Castellanos, de la Fundación Pro Niños, y Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.