Informe de Jurídicas sobre la reforma judicial de México

Especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM presentaron el Informe académico sobre la reforma judicial de 2024 en México, obra de la cual son autores y que en su opinión constituye una iniciativa clave para la entidad académica y el debate público sobre una reforma que mantiene su vigencia e interés nacional e internacional.

Al comentar la propuesta universitaria, la directora del IIJ, Mónica González Contró, señaló que sin duda la reforma constituyó un hito para la justicia en México y en el mundo, por ello este análisis debería estudiarse con el rigor académico que ofrece, además de su valor y diagnóstico técnico sobre la justicia en México que aporta.

En el Auditorio Héctor Fix Zamudio, recalcó que el valor técnico del Informe radica en su perspectiva objetiva y transparente para problematizar la reforma; no sólo exhibe los errores de antes, durante y después, sino que también propone soluciones.

Por su parte, Diego Valadés Ríos, investigador emérito del IIJ, coordinador, junto con Sergio López Ayllón, del Informe académico sobre la reforma judicial de 2024 en México, comentó que esta obra “quedará como un referente para el registro histórico del país y una muestra de entereza, verticalidad y de defensa de la institucionalidad y de la justicia”.

A su vez, López Ayllón indicó que este texto tiene como propósito registrar y documentar con la mayor objetividad posible los hechos, decisiones y razones que dieron forma a dicha reforma. “Este Informe es el resultado del esfuerzo colectivo en el que participaron 21 investigadoras e investigadores del IIJ, con el apoyo de más de 30 colaboradores que recopilaron, sistematizaron y verificaron la información. El resultado es un documento de 398 páginas, con más de 600 notas a pie y cerca de 400 fuentes”.

José Antonio Caballero Juárez consideró que el debate legislativo en torno a la reforma judicial fue muy limitado, hubo bastantes objeciones desde la oposición, pero sin ningún efecto sobre el texto, salvo algunas modificaciones técnicas importantes que hicieron ver las limitaciones del texto original del 5 de febrero de 2020.

Luis de la Barreda Solórzano dijo que en 1755 Voltaire escribió una crónica sobre el terremoto de Lisboa. El IIJ “no podía dejar de hacer una crónica acerca de lo que es el principio de la destrucción de nuestro sistema democrático. Recomiendo que todos lean el Informe, es un documento académico que deja constancia de lo que es el principio de la demolición de nuestra democracia, de nuestros poderes judiciales”.

Al hacer uso de la palabra, María Elisa Franco Martín del Campo comentó que el Informe es un estudio que representa un ejercicio de memoria histórica sobre los antecedentes, contenido e implementación de una reforma que destituyó a todas y todos los jueces del país, impactando así, como ninguna otra, el acceso a la justicia, a la división de poderes, a la independencia social, a la garantía de los derechos humanos y, en suma, a nuestro Estado de derecho.

En su intervención, la académica universitaria, María Marván Laborde, mencionó que “se cuenta con toda la evidencia jurídica y empírica para demostrar que no todas las elecciones populares son fuente de legitimidad de mandato, el de la elección de jueces es el caso”.

Para María del Carmen Alanís Figueroa, esta obra no es un texto de coyuntura, ni una reacción inmediata, como tampoco fue escrita desde la militancia; se trata de un ejercicio colectivo, un escrutinio técnico que siguió toda la cadena de la reforma judicial hasta su implementación en la Constitución y las leyes reformadas. “Es decir, la gestación política de la misma, el proceso legislativo, el diseño institucional, la implementación y sus efectos”.

En su turno, Daniel Barceló Rojas expuso que “quienes somos de los estados sabemos que un estudio de esta naturaleza sólo se puede llevar a cabo en la UNAM, puesto que la autonomía en las entidades del país es precaria”.

José de Jesús Orozco Henríquez opinó que el Informe en general “describe que toda esta situación provoca la erosión del sistema de justicia a través de la vulneración del Estado de derecho y de las garantías de toda persona a una justicia efectiva, independiente e imparcial. Aun cuando no se precisa en el documento que se presenta, lo anterior también se traduce en una erosión a nuestro régimen democrático que, si bien adolecía de defectos, propicia que ya no seamos calificados ni siquiera como democracia defectuosa, sino una autocracia”.