Inminente, el tránsito hacia la justicia digital

En el ámbito de la justicia, la planta académica debe adecuarse al nivel que la realidad digital nos dicta, para que las actividades de la docencia se desarrollen en ese terreno, el aula tiene que estar vinculada, porque ha quedado rebasado el método tradicional de enseñanza-aprendizaje, así lo expuso, Alma de los Ángeles Ríos Ruiz, profesora de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM.

Al intervenir en el Seminario Internacional Derechos digitales en México: su reconocimiento, protección, interpretación y ponderación, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Ríos Ruiz indicó que se debe motivar más la interacción, eficientar la colaboración y el aprendizaje por descubrimiento, y ponderar que el elemento tecnológico es una nueva herramienta.

Esto, continuó, reviste un cambio de paradigma, el ejercicio de la profesión jurídica evoluciona en este marco, demanda un perfil distinto de abogadas y abogados que desarrollen las habilidades con el ejercicio de las herramientas digitales en distintos ámbitos.

Que exista además, abundó, un alumno mucho más activo y digital, que recree en las aulas los mecanismos reales de producción, es decir, un nuevo perfil de abogado profesional “que pondere la identidad digital, el derecho de acceso a la inteligencia artificial (IA), entre otras cuestiones”.

“Estamos ante un gran reto: hacer útiles estas herramientas, sólo falta que lo asimilemos sin resistencias al cambio”, subrayó.

En el Aula de seminarios Dr. Guillermo Floris Margadant del IIJ, Paola Jackeline Ontiveros Vázquez, abogada y mediadora privada número 525 de Ciudad de México, manifestó que la educación no puede mantenerse hermética ante los cambios tecnológicos.

Tenemos que alfabetizarnos para saber cómo implementar todos los sistemas digitales, cómo llegar a un juzgado y revisar un expediente digital o emitir una firma electrónica.

“Existe una transición a la justicia digital, estamos migrando, utilizamos tecnologías de la comunicación, y vamos de los procesos analógicos a los digitales. Estamos ante una disrupción tecnológica en el sector jurídico; por ello, no sólo necesitamos manejar las plataformas, sino también explicarlas y analizar elementos de privacidad que tienen las mismas”, apuntó Ontiveros Vázquez.

Por ejemplo, desde los chatbots (asistentes digitales por medio de mensajes de texto) que nos auxilian para el llenado de documentos o formatos, hasta las denominadas Plataformas de Resolución de Conflictos (Plataformas ODR-Online Dispute Resolution), que resuelven litigios comerciales en línea, las cuales únicamente están disponibles en Europa, por lo que “hay que globalizar la educación jurídica”.

Involucrar a la academia

En su oportunidad, Miguel Alejandro López Olvera, investigador del IIJ, manifestó que la enseñanza del derecho y sus contenidos siguen siendo tradicionales, por lo que se requiere dar un salto y producir libros digitales con contenidos interactivos.

“Un ejemplo de esto, son los procedimientos administrativos en donde los usuarios ya no van en gran porcentaje a las oficinas de gobierno para la entrega de documentos en papel, sino todo se realiza desde una plataforma”.

Tenemos muy arraigado el concepto de administración pública y esto no permite el avance en cuanto derecho a derecho administrativo, por lo que deben elaborarse libros interactivos con hipervínculos.

“La Constitución aún habla del concepto de funcionario público como la persona que gestiona, que realiza la función pública, pero no habla de funcionarios digitales”, explicó el especialista universitario.

Por ejemplo, hacemos un procedimiento en la que la propia plataforma valida los pasos para obtener un acto administrativo digital, por lo que el “funcionario digital” es otro de los conceptos que debe ir trabajando la doctrina administrativista y también el legislador, concluyó.