El 7 de mayo de 1940, por iniciativa del jurista español Felipe Sánchez Román y Gallifa, se fundó el Instituto de Derecho Comparado como parte de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de la cual obtuvo su autonomía en 1948; luego se incorporó a la UNAM.
Casi tres décadas después, el 15 de diciembre de 1967, a propuesta del entonces rector Javier Barros Sierra, el Instituto de Derecho Comparado cambió su nombre por el de Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).
De acuerdo con Mónica González Contró, su actual directora, a 85 años de su fundación el IIJ acumula en su historial propuestas para modificar leyes y crear muchas de las instituciones que nos han regido, así como no pocos de los funcionarios que las han encabezado, y sigue siendo un referente de las discusiones jurídicas que se dan en los ámbitos nacional e internacional, y que tratan de responder, entre otras, estas preguntas: ¿hacia dónde debe ir el derecho?, ¿hacia dónde deben ir las instituciones?, ¿cuál es la mejor manera de garantizar los derechos humanos?
“Especialmente ahora, en un escenario nacional de profundos cambios jurídicos y, sobre todo, constitucionales, es necesaria una discusión académica rica, documentada y bien informada. De hecho, frente a estos cambios que está viviendo nuestro país, el IIJ ha sido una voz crítica y analítica; además, siempre se ha caracterizado por su pluralidad, esto es, por dar cabida a un gran número de voces y posturas fundamentadas con argumentos”, agregó.
En el ámbito internacional, el IIJ también ha desempeñado un papel notable. Así, por ejemplo, tuvo una participación decisiva en la conformación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, creado por la Organización de Estados Americanos.
“Asimismo, en el diálogo con otros sistemas jurídicos, principalmente de países de América, Europa y Asia, ha tenido un gran protagonismo, y su producción académica ha ayudado al avance en diversas áreas del derecho, como la de los derechos humanos. Por otro lado, varios miembros de nuestro claustro han sido jueces de la Corte Interamericana e integrantes de los órganos de supervisión de tratados de la Organización de las Naciones Unidas”, indicó.
Cambios constitucionales
¿Qué se puede esperar del IIJ? A decir de González Contró, este instituto debe continuar aportando producción académica del más alto nivel que enriquezca el debate público sobre las grandes transformaciones jurídicas en nuestro país y el resto del mundo, y ser el gran observador y el gran crítico, en el más amplio sentido de la palabra, de ellas.
“Los cambios jurídicos y, sobre todo, constitucionales que estamos viendo hoy en día implican un cambio en la organización del Estado mexicano. Desde la diversidad que nos caracteriza, con una actitud crítica pero también propositiva, los miembros del IIJ debemos dar argumentos sólidos para el debate, reflexionar acerca de dichos cambios, documentar cuáles tienen un impacto negativo y cuáles uno positivo, y analizar sus posibles repercusiones en la vida social y política del país”.
Homenaje a la biblioteca
Los libros son indispensables en cualquier investigación jurídica. Por eso, para conmemorar los 85 años del IIJ se le hará un homenaje a su biblioteca, que nació a la par que este Instituto, y ahora lleva el nombre de Biblioteca Dr. Jorge Carpizo.
Al respecto, González Contró dijo: “Montaremos una exposición con materiales de esta biblioteca y haremos un video en el que se mostrará cómo se conformó, cómo ha ido evolucionando y cuál ha sido su contribución a las investigaciones jurídicas. Tomamos esta decisión pensando en las generaciones que han nacido bajo el imperio de lo digital y que no sopesan tanto la importancia de las bibliotecas”.
Desafíos
El IIJ siempre ha sabido responder a los desafíos que presenta la realidad, señaló su actual directora. “Eso ha sido su nota distintiva, porque aquí trabajamos con las leyes y éstas generan instituciones que se modifican constantemente. En ese sentido, el IIJ nunca ha dejado de estar a la vanguardia y presente en el debate público para garantizar el estado de derecho, la cultura de la legalidad y los derechos humanos, que no son otra cosa que las condiciones mínimas que le permiten a cada persona vivir plenamente, tener cubiertas sus necesidades y ejercer sus libertades”, concluyó.