Jurídicas se adhiere a la plataforma Abogacía Ética

Compromete a los juristas a conducir su ejercicio profesional conforme a 10 pautas y principios

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El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), se adhirió al documento Estándar Ético para Ejercer la Abogacía en México, contenido en la plataforma informática Abogacía Ética, iniciativa del Comité de Participación Ciudadana, órgano constitucional que coordina las actividades del Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual los juristas suscritos, se comprometen a conducir su ejercicio profesional conforme a 10 pautas y principios.

Tras el acto de lanzamiento en el Aula de Seminarios Guillermo F. Margadant del IIJ, Pedro Salazar Ugarte, titular de dicha instancia universitaria, dijo que lo que hoy en día se oferta al país es una plataforma que, en el ámbito específico de la abogacía, convoque a un compromiso ético por parte de las y los abogados. Subrayó que Jurídicas acompañó la redacción del texto elaborado. Informó que días atrás signó su compromiso y adhesión.

“La UNAM es una de las instituciones convocantes a las y a los abogados de México para que se registren en esta plataforma y firmen el pronunciamiento ético ahí albergado, cuyo contenido se encuentra en absoluta sintonía con el código de ética de la Universidad Nacional, que aprobó el Consejo Universitario en 2015, en el cual hay un compromiso por parte de esta casa de estudios, entre otras cuestiones a formar profesionales en las distintas disciplinas, entre ellas obviamente la de la abogacía, con un fuerte deber a una serie de principios éticos, y que tengan un compromiso con la sociedad”, resaltó.

Lo que señala el documento

“Yo [__], abogado/a con cédula profesional [__], con Registro Federal de Contribuyentes (“RFC”) [__] y correo electrónico [__] me comprometo a desempeñar mi profesión en estricto cumplimiento a los siguientes principios de la ética e in
tegridad: diligencia, probidad, buena fe, libertad, independencia, justicia, lealtad, honradez, dignidad, respeto, legalidad, transparencia, honestidad y profesionalismo”, se lee en el inicio del documento.

El proyecto de 548 palabras y 10 puntos, arranca con el siguiente imperativo: “No cometeré ni toleraré prácticas de corrupción, directa o indirectamente, en el ejercicio de mi profesión. No facilitaré ni asesoraré a terceros a efecto de que incurran en conductas ilícitas”.

Los nueve puntos restantes, así como la adhesión, pueden leerse y firmarse en la página https://abogacia.firmamex.com, en la que se halla el padrón de abogados
suscritos, en el entendido de que dichos datos son públicos y difundidos en ese sitio web.

Lanzamiento

José Octavio López Presa, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, informó que se realizarán más de 30 eventos similares de presentación y convocatoria de suscripción en todo el territorio nacional. Informó que hasta ese momento se habían adherido 500 abogados y se contaba con cerca de dos mil visitas a la plataforma.

En su oportunidad, José Mario de la Garza Marroquín, presidente del Consejo General de la Abogacía, reconoció que son los propios juristas los primeros opositores a las transformaciones en este ámbito.

“Si no tenemos una abogacía sólida el país no cambiará, no más simulaciones ni engaños, aunque la transformación de la abogacía tardará 25 años, actualmente estamos dando el primer paso: que nadie contrate a quien no se haya suscrito a esto”, finalizó.

Estuvieron también Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal; Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Asimismo, Víctor Manuel Andrade Martínez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación; Ricardo Salgado Perrilliat, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y Tania de la Paz Pérez, subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública.

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