La agresión contra ellas, la más común y extendida en el mundo

En ocasión del 17 aniversario de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que se conmemora hoy 1 de febrero, María Elisa Franco Martín del Campo, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que la agresión contra ellas es la violación a los derechos humanos más común y extendida en el mundo.

Poco impacto tiene el aumento de las sanciones frente a un Estado donde, en la mayoría de los casos no se previene y tampoco se investigan ni se sancionan los delitos, al igual que la vulneración a los derechos humanos en general, ni el abuso en contra de ellas en particular, manifiesta la universitaria.

“Esa no es la respuesta, no es la salida. Para encarar este grave problema tenemos que apostar por un cambio cultural, de educación, y a que realmente se aplique el Estado de derecho, que se investigue y haya consecuencias cuando alguien violenta o toma la vida de las mujeres”, agrega en entrevista.

Y advierte que ahí se encuentra la disuasión de los delitos. La raíz del problema es la impunidad. Cultural y socialmente se ha aceptado y se ha visto como “algo tolerable”.

Durante generaciones, prosigue, ellas han padecido hostigamiento, pero lo mantenían en silencio. Hoy, por fortuna, estamos en otro momento, pero nos falta mucho por avanzar hasta erradicar la violencia de género.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más 70.1 % ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida.

La psicológica fue la de mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la sexual (49.7 %), física (34.7 %) y económica, patrimonial y/o discriminación (24.4 %). El fenómeno se registró más en el Estado de México (78.7 %), Ciudad de México (76.2 %) y Querétaro (75.2 %). Las entidades con menor prevalencia fueron Tamaulipas (61.7 %), Zacatecas (53.9 %) y Chiapas (48.7 %).

A lo largo de la vida, ellas padecen más vulneraciones en los ámbitos comunitario (45.6 %), relación de pareja (39.9 %), espacio escolar (32.3 %); y laboral (27.9 %).

Aunque contar con la Ley General no cambia la realidad, significa un avance, un primer paso estratégico para modificarla. Esos actos no han desaparecido, por el contrario, aumentaron durante la pandemia, estima la investigadora.

Sin embargo, “traza una ruta y, me atrevo a decir, una esperanza, para que en el país mujeres y niñas podamos vivir sin violencia”, enfatiza.

En este contexto, recuerda que además de la LGAMVLV –publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007– se cuenta con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como la Convención de Belém do Pará.

La Ley General, detalla la experta, es incluso más garantista, ya que reconoce como fuente de violencia las acciones, conductas y omisiones.

Se trata de un cuerpo normativo importante, que ha incorporado “de manera articulada los tipos y modalidades de violencia que enfrentamos en los distintos espacios y momentos de nuestra vida”, explica.

La Convención fue aprobada en 1994 y la LGAMVLV en 2007. “Estamos ante una conmemoración –no una celebración, porque es positivo tener esta norma–, pero tenemos mucho camino por andar para que esta ley sea efectiva”.

La experta apunta que a los tres tipos de agresión reconocidos por la Convención (física, psicológica y sexual), la Ley General sumó la económica y la patrimonial, lo cual representa un avance sustancial para el efectivo goce del derecho humano a una vida libre de violencia.

La Convención reconoce, de manera general, el ámbito público o privado, en tanto que en la Ley General se estableció el familiar, laboral, docente (“es de destacar el trabajo realizado por nuestra Universidad para erradicar la violencia en sus espacios”), y comunitario; al igual que la violencia feminicida como la forma más extrema de agresión. Se agregaron otras modalidades como la mediática y la política.

Esa legislación, añade, incluye las alertas de violencia de género, mecanismo de protección único en el mundo, que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de sus garantías fundamentales en un municipio o entidad federativa.

Para que esta normativa realmente las proteja en todas las esferas, también debe incorporar la simbólica, entendida como la raíz de todas las violencias contra las mujeres, en la cual se manifiestan estereotipos, prejuicios o roles que mantienen la idea equivocada de que “somos inferiores a los hombres, de subordinación, generada por el patriarcado”, concluye la experta universitaria.