La autonomía universitaria nunca querrá decir privilegio, es una responsabilidad; no significará aislamiento, sino coadyuvancia. Y no debe traducirse en la creación de un Estado dentro de otro, como muchas veces se ha dicho, sino estar inmersa en el orden jurídico nacional, aseveró en la UNAM, Renán Ermilo Solís Sánchez, académico de la Universidad Autónoma de Yucatán.
El exdirector de la Facultad de Derecho en dicha institución, sostuvo que la autonomía es “conocimiento, educación, liderazgo, formación y, sobre todo, rumbo fijo que determina la comunidad universitaria sin intervención de terceros. La universidad pública la requiere porque es la cuna de las mejores causas de la patria”.
Al dictar la conferencia “Autonomía universitaria e interpretación judicial”, realizada en el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH), añadió que esa es una potestad especial con que cuenta la universidad pública para actuar con libertad y calidad dentro del marco legal, y cumplir con las funciones y los fines que el Estado le ha encomendado.
Las capacidades de tales instituciones educativas en relación con la autonomía son cuatro y están plasmadas en el artículo 3º, fracción VII, de la Constitución: autogobierno, autodeterminación académica, autorregulación y autogestión administrativa.
Al comentar la ponencia, Luis Raúl González Pérez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, excoordinador del PUDH y expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, coincidió en que la autonomía no es un privilegio, sino una gran responsabilidad.
Si bien tenemos capacidad autonormativa, de autogobierno o libertad académica, por ejemplo, eso no implica que un profesor haga a un lado el plan de estudios y enseñe “lo que se le ocurra”. La autonomía es una garantía institucional para hacer efectiva la educación universitaria con excelencia, resaltó.
No quiere decir opacidad, sino transparencia y rendición de cuentas, por ejemplo. “Si no se entiende bien su alcance, si no conocemos su significado, si no nos apropiamos del concepto, si la entendemos como extraterritorialidad, las universidades van a seguir enfrentando riesgos importantes”.
Ella quiere decir que las y los universitarios nos demos la capacidad para cumplir las funciones de formación académica a través de una docencia de calidad, investigación científica y humanística, extensión de la cultura y la vinculación social, porque las universidades públicas tienen el gran compromiso de contribuir a la resolución de los grandes problemas nacionales bajo los principios de la pluralidad y la diversidad, finalizó.
Por su parte, Alfredo Sánchez Castañeda, director del PUDH y coordinador de la actividad académica, reiteró la importancia del conocimiento de la autonomía en la reflexión académica, y destacó el lugar que ocupa esta potestad como uno de los temas fundamentales para la vida universitaria, que impacta en la búsqueda de soluciones a los conflictos de la actualidad y la defensa de los derechos humanos.