La captura de Maduro subrayó una notoria parálisis institucional

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero por parte del gobierno de Donald Trump requiere un análisis profundo y multidisciplinario que debe contemplar factores jurídicos, políticos y derechos humanos, consideraron exembajadores reunidos en la UNAM.

Esa operación internacional representa un punto de inflexión crítico en la reconfiguración geopolítica del siglo XXI, afirmó Marco Antonio García Blanco, diplomático formado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de esta casa de estudios.

“Marca el regreso de una doctrina de intervención directa de Estados Unidos en lo que considera su ‘vecindario cercano’ desafiando la presencia estratégica de Rusia, China e Irán en el hemisferio occidental”, señaló el académico que fue embajador en 12 países y cónsul en dos, así como integrante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante más de 40 años.

Al participar en las Jornadas “Aprendiendo de las y los diplomáticos de nuestra Facultad”, celebradas dentro del Segundo Encuentro de Egresadas y Egresados Diplomáticos de la FCPyS, García Blanco recordó que Estados Unidos asumió el control de las vastas reservas petroleras venezolanas, lo que le permite influir en las condiciones de venta, precios y destino de este recurso estratégico.

Durante la Mesa 1 “México ante la operación estadunidense en Venezuela: análisis regional, histórico y prospectivo”, dijo que las reacciones en el mundo han sido contrastantes. Hay países que condenan la intervención. “México, Brasil, Colombia, Chile y Cuba denunciaron la violación a la soberanía venezolana, y el riesgo para la estabilidad regional; Brasil y Colombia incluso movilizaron tropas a su frontera común”. Pronunciaron su apoyo Argentina, Ecuador, Bolivia y El Salvador, que aseguraron que se trataba de un paso hacia la democracia, del fin del régimen comunista y terrorista e hicieron un llamado a las elecciones inmediatas.

En la Sala Fernando Benítez de la FCPyS, García Blanco agregó que la Unión Europea tuvo una reacción más moderada: hizo un llamado a la contención; señaladamente Francia, Italia, España y Reino Unido “conminaron a respetar los derechos internacionales, a una transición democrática pacífica y a la protección de ciudadanos europeos”.

El diplomático resaltó una notoria parálisis institucional: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sólo expresó su preocupación e hizo un llamado genérico a la moderación para evitar que el conflicto escalara, y el Consejo de Seguridad no tuvo la posibilidad de lograr una resolución debido al desafío causado entre potencias; la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que reúne a 33 países, fracasaron en emitir declaraciones conjuntas de consenso.

José Ignacio Piña Rojas, quien perteneció al Servicio Exterior Mexicano desde 1980 y fue embajador en seis países latinoamericanos y del Caribe, rememoró que desde 2019, cuando tuvo una misión de la cancillería mexicana en Caracas, ya se especulaba sobre la posibilidad de una intervención extranjera, alentada por Donald Trump desde su primer mandato en la presidencia de Estados Unidos.

“En Venezuela había una profunda crisis tras una cuestionada primera reelección de Maduro, hubo apoyo al presidente interino Juan Guaidó por parte de más de 50 países, la OEA, la Unión Europea, manifestaciones populares y una severa crisis migratoria, además de un intento de levantamiento militar”.

Dijo que debido al régimen primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, hoy se calcula que más de 7 millones de venezolanos han abandonado su país.

Son 26 años de polarización en Venezuela, con represión a los opositores, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y una profunda crisis humanitaria y social, subrayó.

“Hoy nadie en su sano juicio podría justificar el régimen autoritario impuesto por Maduro desde que asumió el poder al fallecer Hugo Chávez en marzo de 2013. Pero es innegable que la incursión militar estadunidense para extraer a Maduro de Caracas es un acto absolutamente ilegal y violatorio de la soberanía de un país y del derecho internacional”, opinó.

Columba Calvo Vargas, quien fuera embajadora en Nicaragua, encargada de negocios en la Embajada de México en Panamá y actualmente asesora en la SRE, hizo un paralelismo entre la detención de Maduro y la ocurrida en diciembre de 1989 en Panamá, cuando se capturó al general Manuel Antonio Noriega, también acusado de narcotráfico.

“El entonces presidente de Estados Unidos George Bush ordenó la operación Casa Justa; también sobrevolaron helicópteros como en Caracas, y en Panamá la invasión se justificó por un régimen dictatorial de Noriega, la preocupación por el Canal de Panamá y para proteger la vida de estadunidenses en ese país”.

Evocó cuando Bush afirmó que Noriega era el criminal más buscado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Desde entonces no habíamos visto una intervención semejante”, finalizó.