La ciencia es un bien común y derecho humano
Especialistas analizan proyecto de ley general; tiene que garantizar la libertad de investigación y de cátedra señalada en la Constitución: Pedro Salazar
La ciencia es un bien que pertenece a todos y la Constitución establece un marco propicio para darle centralidad, junto con la tecnología y la innovación, en la vida de los mexicanos. Ahora, es necesario contar con una ley general relativa al tema que sea coherente con ese mandato; empero, el anteproyecto propuesto por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no haría efectivo el cumplimiento de ese derecho humano, señalaron especialistas de distintas instituciones educativas.
En el contexto del Foro Interuniversitario Jornadas de Reflexión sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que Demanda el Futuro, convocado por una decena de entidades de educación superior e investigación, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expresó que una de las preocupaciones en torno al proyecto de ley es la relacionada con la plena garantía de la libertad de investigación y de cátedra, considerada en la Carta Magna como condición necesaria para un buen desempeño del quehacer académico en esos ámbitos del conocimiento.
Esa libertad podría verse condicionada, conculcada o al menos restringida, cuando se incluyen figuras como la agenda y el consejo de Estado; este último establecería las prioridades temáticas que serían apoyadas con recursos para ser desarrolladas por las instituciones de investigación, y eso supone la exclusión de aquello que no se califique como prioritario, y una reducción de ciertas temáticas de interés científico, humanístico y tecnológico, advirtió.
Un derecho humano
En la mesa El Mandato de la Constitución: Garantizar el Derecho Humano a los Beneficios de la CTI, Andreas Schedler, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, opinó que ese anteproyecto plantea una ley que no tiene base científica y que insiste de manera casi exclusiva en la utilidad práctica de la ciencia, pero no hace ponderación de fines y medios.
En la sesión moderada por David Romero Camarena, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, Fausto Kubli García, profesor de la Facultad de Derecho también de esta casa de estudios, recalcó que no hay una economía fuerte sin una política científica sólida. El apoyo a esta última no sólo permite el desarrollo sustentable, sino social y humano. Sin embargo, en México hay una ausencia deprimente de recursos en ese aspecto.
Josefina Cortés Campos, académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, expuso que tanto instituciones públicas como privadas están llamadas a hacer posible el derecho humano a la ciencia y a la tecnología, y a ser productoras de innovación y enriquecimiento de éstas.
¿Qué se necesita?
Por su parte, Margarita Teresa de Jesús García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, subrayó que este anteproyecto de ley no parte de una plataforma en la que se pueda definir si se tiene claro qué ciencia se necesita en México en 2021 ni tampoco de las acciones realizadas en las décadas previas con respecto a la ciencia y la tecnología, “incluso creo que gran parte de la población mexicana desconoce cuáles son las áreas del conocimiento más desarrolladas en el país”.
La vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, Sylvia Schmelkes del Valle, dijo que la ciencia no puede ser un derecho humano sin las condiciones indispensables para realizarla. Es decir, con la garantía de libertad de investigación y respeto irrestricto a la autonomía de las instituciones educativas que la efectúan, lo cual supone necesariamente el apoyo del Estado a partir de su obligación mandatada por la Constitución.
En sus comentarios, Alejandro Monsiváis Carrillo, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, destacó que se requiere una deliberación pública, organizada bajo distintos esquemas para alcanzar consensos sobre las normas e instituciones que nos permitan estar a la altura de lo que nos pide la Constitución. “Confío en que la comunidad académica y científica sea escuchada y podamos tener incidencia en el proceso legislativo, para que la figura que actualmente se discute como una posible futura ley de ciencia y tecnología, sea efectivamente el instrumento que se requiere”.