Las universidades requieren de una arquitectura jurídica sólida: Leonardo Lomelí Vanegas

La UNAM tiene la convicción de que la educación superior tanto pública como autónoma necesitan una arquitectura jurídica sólida, ética y adaptativa, que no tema al cambio y tampoco renuncie a sus fundamentos, dijo el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

Al inaugurar el “XIX Seminario de la Red Jurídica de Universidades Públicas”, cuyo lema es “Construyendo la Universidad Pública del siglo XXI”, explicó que lejos de ser un apéndice del derecho administrativo, el entramado jurídico en las instituciones de educación superior pública debe articular disposiciones federales, estatales e internas, reflejando su pluralidad y vitalidad.

El rector Lomelí Vanegas agregó que “actualmente atravesamos una etapa de cambios y reformas impostergables en torno a la ciencia, la educación, la equidad de género, la digitalización, el medio ambiente y la cultura. Este escenario demanda vigilancia activa, una capacidad analítica constante, una firme disposición al trabajo conjunto”.

Por ello, destacó, es menester reconocer que la labor de todas y todos los abogados y juristas es indispensable al traducir el lenguaje del derecho a la operación cotidiana de las instituciones de educación superior, acompañar los procesos de transformación, la prevención de conflictos, construir confianza y salvaguardar los principios ante las transformaciones sociales y apertura a la innovación.

Por su parte, ante abogados y especialistas en derecho reunidos en el Auditorio Alfonso Caso, Hugo Alejandro Concha Cantú, abogado general de esta casa de estudios, añadió que las universidades son espacios en constante proceso de traducción y redefinición a través de las interacciones entre sus actores, lo que las convierte en un espacio complejo donde se construye y reproduce conocimiento, pero también se negocia la autonomía y la estructura organizacional.

Precisó que “no se puede pensar en la universidad pública mexicana más allá de su tamaño o dimensiones sin una fuerte estructura administrativa”. Dentro de ésta, los servicios legales desempeñan un papel imprescindible para representar a las universidades, hacer frente a los diversos tipos de litigios de sus comunidades, llevar a cabo las contrataciones de bienes, servicios y personal; en general, dar la asesoría necesaria que haga compatible el marco normativo universitario y los sistemas jurídicos nacional y local.

De ahí que el encuentro buscó coadyuvar en el establecimiento de las bases que permitan a las universidades públicas transformarse para volverse más accesibles, autónomas y comprometidas con las necesidades sociales.

A su vez, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Luis Armando González Placencia, estimó que en este momento la humanidad enfrenta un cambio civilizatorio que está afectando a las universidades, lo que se refleja en los entornos jurídicos en una fuerte presión que ejercen ideologías extremas en contra de los derechos humanos, pues cuestionan el avance que con grandes esfuerzos hemos y han logrado las distintas expresiones de la diversidad.

“En un contexto caracterizado por la constante amenaza de violación a nuestras autonomías, así como por las presiones financieras que enfrentamos, me parece que el ejercicio del derecho en las instituciones universitarias se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos de nuestras comunidades, y exige una mentalidad abierta del jurista hacia la transformación social y al cambio jurídico”, consideró.

Asistieron a la ceremonia, Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigadores Jurídicas; Sonia Venegas Álvarez, directora Facultad de Derecho; Carina Xóchil Gómez Fröde, presidenta del Tribunal Universitario; y Guadalupe Barrena Nájera, defensora de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género.

Cabe mencionar que al Seminario acudieron también representantes de las universidades autónomas de Querétaro, Campeche, Baja California, Ciudad Juárez, del Estado de Hidalgo, Yucatán, Chihuahua, del Estado de Morelos, del Estado de Quintana Roo, Nuevo León y San Luis Potosí, así como de la Universidad de Guanajuato y el Instituto Politécnico Nacional, además de diversas entidades de la UNAM.