La justicia social, más allá de la redistribución de la riqueza

Es un principio básico para lograr una convivencia pacífica, solidaria y democrática: María Cristina Bayón

La justicia social es un principio básico para lograr una convivencia pacífica, solidaria y democrática. Se refiere a garantizar el acceso a una vida digna, al respeto y a la valoración social. Involucra dos elementos básicos: la redistribución y el reconocimiento.

Señaló lo anterior, María Cristina Bayón, socióloga del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), quien a propósito del Día Mundial de la Justicia Social aseguró que debe aspirarse a una justicia de tipo sustantiva y no solamente declarativa, que haga efectiva el ejercicio de los derechos.

“La redistribución se refiere al reparto y acceso equitativo de bienes materiales, y de las oportunidades de contar con servicios de salud y educación públicos de calidad, vivienda, trabajo y salario dignos; el reconocimiento se centra, sobre todo, en la valoración social, el respeto de todas, todos y todes, en términos de sus identidades, estilos y elecciones de vida”, explicó.

La también investigadora visitante en el Latin American Centre de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, consideró que la desigualdad tiene que ser comprendida no únicamente en el ámbito de los bienes y las riquezas, sino también en el reconocimiento y la valoración social, los que tampoco deben estar concentrados en unos pocos privilegiados porque “mientras ciertos estilos de vida son muy valorados socialmente, otros son despreciados, estigmatizados y hasta criminalizados”.

En suma, dijo, para que la justicia sea sustantiva tiene que haber no sólo una redistribución de la riqueza, hoy altamente concentrada en unos pocos, sino además, condiciones dignas de trabajo y salariales, con acceso a servicios públicos, de salud, educación, vivienda, transporte de calidad y sin duda, “que los que más tienen sean los que más contribuyan pagando más impuestos, es la única manera en que se logrará reducir la desigualdad”.

“En México tenemos casi la mitad de la población en pobreza y, a la par, contamos con algunos de los ultramillonarios del mundo; entonces es indispensable reducir estas abismales brechas sociales, ya que mientras que los ricos se hagan cada vez más ricos y los pobres sigan concentrando las desventajas, las distancias sociales serán cada vez mayores, lo que disminuye las posibilidades de una convivencia social pacífica, solidaria y democrática”, advirtió.

El tema tiene que ver también con la voluntad política de quienes nos gobiernan, es decir, con la implementación de políticas redistributivas efectivas orientadas a lograr una sociedad más justa donde los derechos no sólo sean formalmente declarados, sino efectivamente ejercidos y garantizados.

Esos derechos se refieren “tanto al respeto a la diversidad de identidades como al acceso al empleo, la educación, la salud y, por supuesto, a una vida libre de todo tipo de violencia. Estos son elementos que nos permiten pensar la justicia social en términos integrales y no solamente materiales o económicos”.

Medición

Según el Social Justice in the EU and OECD. Index Report 2019, iniciativa no gubernamental a cargo de Bertelsmann Stiftung, fundación independiente con sede en Gütersloh, Alemania, que investiga las oportunidades de participación social en los 41 países que integran la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México se encuentra en el lugar 41 de dicha clasificación.

Los criterios de medición fueron 46 indicadores basados en seis dimensiones que miden la justicia social con: pobreza, educación, mercado laboral, justicia intergeneracional, salud e inclusión social y no discriminación.

Islandia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia encabezan en ese orden el ranking; el país mejor posicionado del continente americano es Canadá en el lugar 12, mientras que Estados Unidos se halla en el sitio 36; nuestro país se encuentra a la zaga antecedido por naciones como Bulgaria, Rumania y Turquía.

En 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas resolvió declarar el 20 de febrero de cada año Día Mundial de la Justicia Social, como recordatorio del compromiso para “el acceso al bienestar social y la justicia para todos”.

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