La pandemia, un desafío inédito para los sistemas democráticos

Antes de la pandemia, la democracia enfrentaba una serie de dificultades, a las cuales se sumó la propia emergencia sanitaria. Actualmente, la eventual salida de esa crisis no debe hacernos perder de vista que los grandes problemas estructurales siguen estando ahí, entre ellos, la desafección por ese sistema de gobierno, producto de las grandes complejidades que caracterizan a las sociedades de nuestro tiempo: pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y violencia, que son el caldo de cultivo del cual se nutren los discursos antidemocráticos.

Así se estableció en el seminario Democracia, Estado de derecho y Covid-19, llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), en el que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, manifestó que la pandemia representa un desafío inédito para los sistemas democráticos y, concretamente, para la dimensión electoral de las democracias.

“Hoy tenemos un proceso de falta de credibilidad y desinstitucionalización, dos de los pilares sin los cuales la democracia es inconcebible; me refiero a los partidos políticos y a los parlamentos, y a la lógica de erosión en términos de su credibilidad pública”. Asimismo, la irrupción de las redes sociales ha generado una potenciación del riesgo que la mentira tiene en la recreación de los sistemas democráticos, y hay una polarización política aderezada de intolerancia.

Mencionó que, a pesar de la pandemia, las pasadas fueron las elecciones intermedias (2021) con el mayor índice de participación ciudadana, con casi 53 por ciento; “la confianza en el INE se mantiene, a pesar de ataques y descalificaciones desde los circuitos gubernamentales; sigue siendo la institución civil del Estado mexicano con mayor confianza pública, con el 64 por ciento”.

Capacidad de reinventarse

En la mesa Elecciones y participación ciudadana en tiempos de pandemia, del encuentro que reunió a expertos del IIJ, Flavia Freidenberg Andrés expuso que hay una serie de aprendizajes que dan cuenta de que, durante la emergencia sanitaria, los organismos electorales se han adaptado a unas reglas de juego que no les eran propicias. El mexicano es un caso claro: el INE tuvo la capacidad de reinventarse, y esa experiencia también sucedió en casos como el peruano o dominicano.

Los partidos políticos también se reinventaron y emprendieron una nueva manera de hacer campañas electorales, en el territorio digital, en tanto que la ciudadanía frente al hecho de votar o no, de estar contagiado pero ejercer ese derecho, desarrolló acciones que dieron cuenta de un incremento de la participación, como ocurrió en Ecuador. La crisis sanitaria golpeó a las democracias latinoamericanas en momentos en los que éstas ya lo estaban, pero han tenido la capacidad de resiliencia, opinó.

María Marván Laborde, secretaria académica del IIJ, recordó que, en un momento de difícil legitimación de la democracia, en el que la entendemos como el menos malo de los sistemas políticos, llegó la pandemia y presionó sobre los gobiernos y su proceso de legitimación, y sobre los Estados. Se tomaron medidas sanitarias para proteger el derecho a la salud, lo cual pareció justificar una serie de medidas sobre libertades básicas que se daban por sentadas, como la de libre tránsito, aunque al respecto hubo diferencias entre naciones.

En México, no obstante, las amenazas más fuertes a la democracia no han pasado por la pandemia. Cuando a un diputado le decimos traidor a la patria porque vota en contra de una determinada iniciativa, en realidad se trata de un ataque autocrático a una institución democrática. “Ni qué decir de la forma en que se ha atacado a los organismos constitucionales autónomos: la propuesta de reforma electoral busca destruir al INE”, opinó.

Sentido de corresponsabilidad

También integrante de esa entidad, Juan Jesús Garza Onofre recordó que nunca antes en la historia mexicana se había pospuesto una elección, para evitar arriesgar la salud de la ciudadanía, hecho que ocurrió en 2020 en Hidalgo y Coahuila. “Ante lo desconocido y lo imprevisible, se tiene que poner en acción el sentido de corresponsabilidad, empatía o prudencia”. Para 2021 se aprendió sobre lo sucedido: que la democracia no puede depender enteramente de reglas interpretadas a su literalidad.

Los partidos políticos que debían organizar asambleas, giras, mítines, no podían tener contacto con la ciudadanía; por ello, muchos llevaron las campañas a las redes sociales. Ante la falta de “calle”, muchos desataron guerra sucia mediante noticias falsas, mensajes de texto, llamadas telefónicas o memes, para generar desconfianza en el electorado. Las autoridades electorales y la ciudadanía quedaron rebasados por el desconocimiento de dinámicas que se desprenden del abuso de los medios digitales, consideró.

Javier Martín Reyes, recalcó la capacidad del INE para generar consensos, pacificar el conflicto y encontrar soluciones políticamente viables y socialmente aceptables en situaciones como la suspensión de las elecciones en Hidalgo y Coahuila; se tomó la decisión de poner pausa a la democracia y fue de enormes consecuencias: “nunca habíamos visto una determinación de ese tipo”.

Fue un asunto que generó un amplio consenso entre los actores políticos relevantes y la ciudadanía. No se presentaron juicios ciudadanos ni cualquier otro tipo de impugnación para controvertir la decisión. Fue incuestionable la capacidad del INE para generar consensos, reiteró.

En la Mesa Covid-19: la universalidad de los derechos a prueba, Mónica González Contró, recalcó que durante la pandemia la respuesta de los Estados frente a los derechos de niñas, niños y adolescentes fue adultocéntrica, es decir, todo se hizo desde la perspectiva de los adultos; anticonvencional (o contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño) y discriminatoria.

En México, luego de un periodo pandémico en el que para nada fueron prioridad, y en el que se abrieron restaurantes y centros comerciales antes que las escuelas, es necesario que se coloque a esas poblaciones en el centro de políticas públicas, e impedir que haya cualquier retroceso en derechos ya garantizados, como los de educación, vacunación, atención a la salud y a la información.

Durante la emergencia sanitaria, los organismos electorales se han adaptado a unas reglas de juego que no les eran propicias.

Migrantes

Alethia Fernández de la Reguera refirió que México no generó políticas ni programas para coadyuvar a que las personas migrantes pudieran enfrentar la crisis causada por la emergencia sanitaria. La capital del país si tuvo algunos, focalizados, pero en general no se crearon ni se activaron programas previos para esa población.

La pandemia llegó en un momento en el cual la estrategia gubernamental era realizar más detenciones; somos la nación con más centros de detención migratoria de toda la región, que en realidad son centros de deportación expedita. Quienes realmente solventaron la crisis fueron, en primer lugar, las organizaciones no gubernamentales, y después los organismos internacionales.

Por su parte, Karina Ansolabehere sostuvo que en un entorno como el de México, la pandemia no supuso un impasse en la violencia y las prácticas de desaparición, sino que reprodujo las dinámicas anteriores a la emergencia sanitaria. Por ejemplo, en 2020, en 11 entidades federativas aumentó la desaparición respecto al año anterior, entre ellas, Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato y Tlaxcala.

Por último, Magdalena Cervantes Alcayde dijo que las vacunas son el mejor medio para proteger a los niños frente a enfermedades que pueden ser graves o, incluso, mortales. De ese modo, no se justifica su exclusión del programa nacional de vacunación contra la Covid-19. Que se limite la vacunación es claramente una violación de la obligación del Estado mexicano de garantizar los derechos humanos de todas las personas.