La violencia como mecanismo de resolución de conflictos

Las unidades habitacionales son pequeñas ciudades dentro de las grandes urbes, donde se replican los fenómenos sociales.

Marcela Meneses Reyes, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ha dedicado varios años a estudiar la violencia como mecanismo de resolución de conflictos en una unidad habitacional popular ubicada al norte de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la segunda más habitada y con más índices de marginación, después de Iztapalapa.

“Uno de los criterios metodológicos de mi investigación es no dar su nombre, para evitar el surgimiento de un estigma territorial y proteger a sus habitantes”, dice.

Como en otras, en esa unidad habitacional ha habido, desde hace una década, por lo menos, un repliegue institucional, sobre todo en lo concerniente a la seguridad y la atención de la violencia.

“Por eso, los jóvenes de ahí se fueron preparando poco a poco para cubrir sus necesidades de seguridad. Así, se han transmitido, de generación en generación, herramientas y habilidades que les han permitido hacerse cargo, por cuenta propia, de su integridad y de la de sus familias, de su patrimonio y de los espacios comunes”, comenta Meneses Reyes.

Consumo y venta de drogas, asaltos…

Otros problemas que agravan la situación de la mencionada unidad habitacional son la nula oferta cultural y la escasa oferta educativa que se ve en la zona.

“Cerca sólo está una secundaria pública y un plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Las escuelas de la UNAM más cercanas son el CCH Vallejo y la prepa 9, pero están a 30 minutos en microbús”, comenta la investigadora.

El consumo y la venta de drogas se han incrementado con los años y los asaltos son constantes.

“Los jóvenes de esa unidad habitacional creen que los culpables de la inseguridad son los habitantes de las colonias populares aledañas al cerro del Chiquihuite. De ahí que estén muy atentos para identificarlos.”

Cazar a la rata

A pesar de que en las inmediaciones hay dos módulos de atención policiaca, no funcionan. Las patrullas de la policía aparecen de manera selectiva, algunas veces más para extorsionar a los jóvenes de la unidad habitacional que se encuentran reunidos en los espacios comunes o a los que consumen o venden drogas.

“En ocasiones hacen como que los detienen y los liberan más delante, afuera de la unidad habitacional, a cambio de dinero, por supuesto”, informa Meneses Reyes.

Los jóvenes de la citada unidad habitacional crearon hace tiempo lo que la investigadora universitaria llama “la estrategia de cazar a la rata”.

“Se comunican entre sí mediante chiflidos y mensajes de WhatsApp. Luego salen de sus hogares y se juntan con palos, cadenas y otras armas no letales, persiguen a quienes consideran sospechosos o culpables de haber cometido un delito o de tratar de cometerlo, y los golpean.”

Con ello buscan darles una lección y dejar claro que, aunque no haya policía, no están solos y pueden imponer su poderío como varones jóvenes de la unidad habitacional y enviar un mensaje de protección a sus familias y vecinos.

No obstante, Meneses Reyes ha descubierto recientemente que las herramientas y habilidades transmitidas de generación en generación para cubrir las necesidades de seguridad en esa unidad habitacional resultan insuficientes cuando los que vienen de fuera portan armas de fuego.

“Esto me hace pensar que, en un futuro no muy lejano, los jóvenes de ahí podrían empezar a adquirir sus propias armas de fuego, dado el fácil acceso a ellas.”

La investigadora ha introducido en su estudio el concepto de legítimo victimario, que se refiere a la legitimidad con que los vecinos de la unidad habitacional dotaron a sus jóvenes para que se hicieran cargo, por cuenta propia, de su seguridad y de la resolución de conflictos por medio de la violencia.

“Sí, pueden ser victimarios, como lo pone en evidencia ‘la estrategia de cazar a la rata’. Con todo, ante la ausencia o la presencia difusa y discreta del Estado, están legitimados socialmente para llevarla a cabo.”

Espacios de vivienda primordiales

Las unidades habitacionales fueron impulsadas y sostenidas por el Estado mexicano en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, mediante distintos organismos públicos como FOVISSSTE, INFONAVIT y BANOBRAS.

Sin embargo, con las crisis económicas subsecuentes y la implementación de políticas de corte neoliberal, se decidió hacer una redistribución de los fondos públicos, lo cual trajo como consecuencia el abandono estatal de las tareas de administración, gestión, mantenimiento y regulación de estos espacios de vivienda. Fue así como sus habitantes se vieron obligados a asumir tales tareas, sin un proceso previo de preparación y acompañamiento del Estado.

“En las unidades habitacionales surgen con regularidad conflictos por la ocupación de los espacios comunes, como escaleras, pasillos, estacionamientos y plazas, para distintos fines, y no hay a quién acudir para dirimirlos. La única instancia oficial que tiene que ver con ellas es la Procuraduría Social de la Ciudad de México, pero no tiene capacidad de sanción, por lo que cualquier vecino puede imponer su voluntad sin mayores consecuencias.”

En opinión de la investigadora, urge voltear a ver otra vez las unidades habitacionales como espacios de vivienda primordiales en la Ciudad de México.

“El abandono en el que están no sólo es del Estado, sino también de la academia, que perdió interés en estudiarlas. Por si fuera poco, en la primera Constitución Política de la Ciudad de México se les menciona una sola vez”, finaliza.

Populares y clasemedieras

Al trabajar desde la óptica del sociólogo francés Pierre Bourdieu, Meneses Reyes problematiza el tipo y la estructura de capitales económicos, culturales y sociales con que cuentan los vecinos de las unidades habitacionales para hacer frente a sus necesidades.

“Todas padecen un abandono institucional. Sin embargo, una de mis hipótesis es que la capacidad de satisfacer sus requerimientos depende de la clase de personas que las habitan”, indica.

Ahora propone, grosso modo, la caracterización de dos modelos de unidades habitacionales: las populares, como la de El Rosario o la que ha sido estudiada por ella, de grandes dimensiones, abiertas, no enrejadas, ubicadas en zonas degradadas, cuyos vecinos tienen menores capitales económicos, culturales y sociales, y recurren más fácilmente a la violencia para resolver sus conflictos.

También las clasemedieras, como Villa Olímpica y Torres de Chimalistac, cerradas, enrejadas, cuyos vecinos poseen mayores capitales económicos, culturales y sociales, y contratan cuerpos de seguridad privada para controlar las entradas y salidas.

“En ambos modelos, las estrategias para resolver conflictos son diferentes. Otro elemento que se debe considerar es si hay o no una administración central. Supuestamente, todos los vecinos de las unidades habitacionales están obligados a pagar cuotas de administración y mantenimiento, pero como ésta no es una obligación que merezca una sanción si se incumple, muchos, en particular en las populares, no las pagan. En cambio, en las clasemedieras, los vecinos sí destinan una parte de sus ingresos al pago de esas cuotas, lo que permite contratar cuerpos de seguridad privada para mantener el orden en los espacios comunes”, concluye.