Charla de María Amparo Martínez Arroyo

Las leyes también ayudan a reducir las emisiones de efecto invernadero

Un estudio de la revista Nature Climate Change puso de relieve la relación entre el número de leyes que cada nación ha promulgado sobre cambio climático y la reducción de GEI

Las leyes, además de mantener el orden en las naciones también pueden reducir las emisiones de efecto invernadero, algo que se ha visto a corto plazo y nos beneficia no sólo a nosotros, sino también a las generaciones por nacer, reflexionó la investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), María Amparo Martínez Arroyo.

Ejemplo de ello, detalló, es un estudio publicado en 2020 por la revista Nature Climate Change (Reduction in greenhouse gas emissions from national climate legislation) que puso de relieve la relación significativa entre el número de leyes que cada nación ha promulgado sobre cambio climático y la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), precisó la extitular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Al ofrecer la charla Importancia de las estructuras normativas e institucionales para enfrentar el cambio climático, como parte del Seminario del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC), la reconocida investigadora detalló que cada vez que una nación del mundo implementa una norma o ley sobre el tema, tres años después se reduce 0.79 por ciento la intensidad energética.

La universitaria añadió que se calcula que durante el periodo 1999-2016 la legislación sobre clima evitó la emisión de 38 Gt (gigatoneladas) de CO2 (dióxido de carbono) y, para 2017, más de 70 por ciento de las emisiones mundiales de gases invernadero estaban cubiertas por una legislación climática vinculante en las naciones, o por estrategias climáticas ejecutivas con un organismo de coordinación claramente designado.

Recordó que en 2020 el Banco Mundial publicó una guía sobre los elementos de legislación marco para cambio climático, y los puntos que le llaman la atención, en los que se debe tener cuidado, son las metas a largo plazo, algo difícil de realizar pues es un tema donde ni los países ni las personas verán los frutos de las acciones tomados hoy.

Instituciones eficaces

En ese documento, enfatizó la doctora en Ecología, se reconocen varias de las acciones emprendidas por México para legislar en torno al tema, por lo que se insta a las naciones que aún están por diseñar sus propias políticas a contar con instituciones eficaces que garanticen que los objetivos y las políticas se elaboren y se cumplan.

“Hacer este tipo de legislaciones está proporcionando una voz no sólo para las generaciones presentes, sino para las futuras porque uno de los grandes problemas en la legislación es que estamos protegiendo los derechos de gente que no ha nacido y eso, en términos legales, ha causado toda una revolución en el sistema legal”, destacó.

En el caso de nuestro país, Martínez Arroyo recordó que la Ley General de Cambio Climático (LGCC) dota al Estado mexicano de un marco institucional compuesto por instrumentos de planeación, financiamiento, evaluación, inspección y vigilancia bajo un enfoque transversal y de cooperación entre los tres órdenes de gobierno.

“Así tenemos la obligación de tener un inventario que no sólo sea burocrático con las mejores metodologías, una red de monitoreo atmosférico, hay que calibrarlo, tener todos los instrumentos y las auditorías técnicas necesarias, es una función muy distinta de una cuestión administrativa, es un acompañamiento y seguimiento técnico para ver esto”, explicó la experta.

En nuestro país, detalló, el tema se está impulsando mucho en los tres órdenes de gobierno, la reducción de otros contaminantes, además del CO2 y los gases de efecto invernadero; esto tiene un fuerte componente en términos de salud pública y ambiental.

“Me parece que los institutos de investigación del Estado, o centros que se formen, tienen que hablar de cambio climático en particular, y de manera urgente crear sitios donde confluyan los distintos sectores, no puede ser sólo el académico, se requiere la información del Estado, del sector privado, de las comunidades internacionales, no puede ser sólo un esfuerzo gubernamental, ni el Gobierno tiene sólo esa función”, abundó.

Esto representa también un reto para los académicos y universidades que han abordado desde hace años este tema y “todavía no logramos que cuaje completamente porque no hemos sido formados así. Ya tenemos algunas carreras que van por ese lado y debemos acelerar el paso y trabajar mucho más incluso, dentro de la propia UNAM, hablar más de cambio climático y lo que tiene que ver con las carreras”, finalizó.

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