Necesario entender que “la prisión no es la única solución”: Bertha Alcalde

A más de 10 años de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales y más de 15 años de la reforma constitucional que transformó por completo el sistema de justicia penal en nuestro país, hay que reconocer que hay avances muy importantes, afirmó Bertha Alcalde Luján, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.

Pero también existen retos fundamentales por atender en ese sistema, como acortar el tiempo de los procesos o en el ámbito de la investigación de los delitos. Ejemplificó que en la capital del país se abren aproximadamente 650 investigaciones todos los días, y hay alrededor de un millón de carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía a su cargo.

Ante eso, se requiere priorizar y entender que “la prisión no es la única solución”, y que un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional se pueden impulsar desde la fiscalía. “Si no le damos atención diferenciada a este número tan grande de investigaciones que se denuncian, es muy complicado que podamos ser eficientes en los casos más importantes”.

En presencia de la directora de la Facultad de Derecho (FD), Sonia Venegas Álvarez, refirió que hay que partir de la lógica de que las instituciones tienen recursos humanos, económicos y materiales limitados, y que se necesita poner el foco en aquellos hechos delictivos que generan más daño a la sociedad.

Al dictar la conferencia de clausura del ciclo Código Nacional de Procedimientos Penales. Balance a 11 años de su publicación, organizado en esa entidad universitaria, detalló que otro de los desafíos fundamentales es lograr un cambio cultural en las personas para que se entienda que si alguien no está en prisión no quiere decir que la investigación ahí se agote, y que esas pesquisas se pueden llevar a cabo sin necesidad de que en la totalidad de los casos haya prisión preventiva.

Hay que fortalecer las investigaciones y judicializar los casos, lo cual implica mejorar la capacidad de litigación de todos los ministerios públicos; de igual manera, se requiere la capacitación de los policías y la forma en que hacen las detenciones o cómo realizan sus informes, etcétera.

En la Fiscalía “estamos convencidos en impulsar un modelo en el que se da prioridad a la atención a la gente”, en el cual no se revictimiza y se supervisa que no haya actos de corrupción, y donde se dan respuestas diferenciadas, con soluciones alternas, y con base en el trabajo de distintos equipos. Hay que apostar a la digitalización y al uso de la tecnología en la investigación, y trabajar por la modernización de la procuración de justicia en el país, subrayó.

Bertha Alcalde Luján recalcó que contamos con una justicia más eficiente, que facilita los acuerdos entre partes; donde hay una defensa más efectiva, que puede cuestionar de manera activa y con pruebas, la versión del ministerio público, y que el juez conozca dos versiones contrarias, las anteponga y tome una decisión con base en ello, detalló Alcalde.

Además, la defensa también puede investigar, aportar pruebas y argumentar por qué la versión que da la fiscalía o el ministerio público no es necesariamente cierta. Es una justicia que voltea a ver mucho más a las víctimas, que puede aportar pruebas y argumentar en la audiencia, finalizó la fiscal en el Aula Magna Jacinto Pallares de la FD.

En la mesa 3 del encuentro, Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, consideró que el Código Nacional de Procedimientos Penales es un instrumento fundamental para el acceso a la justicia.

Ese código representó el inicio de la formalización de los procedimientos especiales o adaptados para el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, como víctimas y testigos, y como derivados del sistema penal para adolescentes.

Ahora, quizá valga la pena fortalecer en la norma ese procedimiento especial, explicitando en el Código algunos de los elementos esenciales del procedimiento penal, para asegurar la protección y el acceso a la justicia de esos sectores, propuso.

La justicia debe tener perspectiva de género y valorar qué importa más; porque las madres privadas de la libertad por delitos menores (como ocurre con la mayoría de las reclusas en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, por ejemplo) dejan abandonados a sus hijos que, si les va bien, quedan a cargo de otros familiares.

Quienes hacen uso del Código Nacional deben tener las competencias para adaptar el procedimiento a un verdadero cumplimiento y protección de los derechos de las infancias y adolescencias. También se requiere de personas abogadas de esos sectores de la población, así como la accesibilidad a mecanismos para la denuncia directa y la aplicación de los procedimientos que no dependen obligatoriamente de la presencia de tutores.

Es momento de no pensar que trabajar en torno a los derechos de niños, niñas y adolescentes es sólo de materia familiar, porque en realidad corresponde a toda la justicia garantizar y proteger sus derechos, concluyó.