Plataformas digitales, indispensables para construir una democracia

Las plataformas digitales son como un mall, esos espacios privados que están abiertos al público, aunque en materia electoral y de elecciones cumplen con funciones indispensables para una democracia, refirió Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Recalcó que no puede haber democracia, aunque haya candidaturas, campañas o elecciones, si no existe libertad de expresión, uno de los vehículos que nos permiten revisar y fiscalizar el poder en todo momento, “sobre todo en tiempos electorales para hacer una evaluación de quiénes son las personas que se están presentando, cuál fue su desempeño previo o en sus cargos anteriores, incluso en el día a día”.

Indicó que así como hay oportunidades en el espacio digital, también existen retos a considerar, como las noticias falsas, el financiamiento ilegal en los procesos electorales, los gastos que son difíciles de rastrear en redes sociodigitales, la intervención de agentes de todo tipo en las elecciones, que van desde empresas en el caso mexicano, hasta agentes extranjeros, así como el tema del crimen organizado, una realidad innegable que no podemos evitar.

Por su parte, Fernanda Zistecatl, de Luminate, América Latina, señaló que es importante comprender que internet reproduce dinámicas y prácticas sociales que tenemos en la vida of line y, por tanto, implica también que grupos particularmente subrepresentados como mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, racializadas, migrantes, así como aquellas que son perseguidas en el espacio público of line, además de activistas y periodistas, igualmente representan altos niveles de vulnerabilidad.

Al participar en la presentación del informe Autoridades electorales y plataformas digitales: desafíos y oportunidades para la democracia, expresó que ejemplos concretos contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, y que han sido revelados por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19, entre otros, son los espionajes a que son sometidos por parte del Estado; “una situación alarmante y que continúa sistemáticamente perpetuada por los gobiernos de nuestra región, incluido el gobierno mexicano”.

En el encuentro organizado por el IIJ apuntó: “desde Luminate creemos que la tecnología debe funcionar a favor de la democracia y no en su contra, y que es necesario buscar mecanismos para garantizar que el espacio digital contribuya a hacer rendir cuentas a quienes están en el poder y garantizar que la sociedad civil, activistas, periodistas, y demás agentes, puedan hacerlo con todos sus derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión”.

En su oportunidad, Cecilia Galván, de Civic Compass, Argentina, mencionó que lo que pasa en las redes sociodigitales obviamente no queda en éstas, por ello hay tantas personas e instituciones que están observando qué ocurre ahí y qué efectos tienen sobre la distribución de poder.

Indicó que en los procesos de democratización las autoridades electorales tuvieron un rol importante, no sólo en hacer que los votos cuenten, sino también en dar garantía de que los actores políticos y la competencia fuera equitativa y no hubiera una cancha inclinada hacia alguien en particular. “Sin embargo, una vez que emergen las plataformas digitales, vemos una especie de ciclo de la ilusión donde empiezan a aparecer como garantes del cambio social”.

Por otra parte, opinó que asegurar que las plataformas digitales hoy son una amenaza y deben controlarse, sería un mal diagnóstico puesto que no tenemos la evidencia para asegurarlo y tomar decisiones por parte de reguladores, tomadores de decisiones, autoridades electorales y los acuerdos éticos que se fundan en este tipo de desafíos que es la desinformación. “Ello podría generar problemas sino se sigue algún tipo de política de transparencia”.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, aseguró que la remoción de contenidos en las plataformas digitales es una medida extrema que puede implicar censura, por lo que debería estar perfectamente regulado, “el hecho que sean administradas por privados no les quita la responsabilidad de cumplir ciertos parámetros constitucionales”.

Dicha acción y todas las particularidades de la discusión pública en internet asume un nivel mayor de gravedad cuando hablamos de contextos electorales, donde el modelo sobrerregulatorio de comunicación política del 2007 trasplantado al mundo digital y sin una debida adecuación normativa, es fuente de arbitrariedades.

Resaltó que a propósito de malas y buenas prácticas de las plataformas de las redes sociodigitales, el modelo de negocios de éstas no incentiva el ejercicio de derechos, “sino que maximiza los beneficios y acumulación de capital versus otras cosas que desde la lucha por los derechos humanos estamos buscando.”