Presentan caso de impunidad de más de una década por feminicidio
Fue expuesto por la Cátedra de Derechos Humanos de la UNAM, en colaboración con el colectivo Equifonía
Ante la ausencia de su hija, que apenas cruzaba los veinte años de edad, Reyna y Pedro, habitantes de Coscomatepec, una pequeña ciudad ubicada en la región de las altas montañas de Veracruz, se enteraron por un periódico local la tarde del 4 de septiembre de 2012 que la joven había sido asesinada.
La nota perdida en aquel diario fue el arranque del periplo de la familia de Pilar Argüello Trujillo, que exigió, en el Museo de la Mujer de la UNAM, tras casi una década de la pérdida física de su hija, verdad y justicia.
El caso expuesto por Gloria Ramírez Hernández, titular de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en colaboración con Equifonía A.C., colectivo por la ciudadanía, autonomía y libertad de las mujeres, busca visibilizarse para que el Estado mexicano dé respuesta a las recomendaciones realizadas desde 2017 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU.
Y es que, en palabras de Araceli González, de Equifonía, el joven asesino confeso de Pilar Argüello Trujillo fue liberado tras 90 días de permanecer preso, sin aviso alguno a las partes correspondientes.
Tras esta como otras irregularidades jurídicas, y una vez agotadas las instancias locales, se acordó presentar un procedimiento especial ante el Comité de la CEDAW.
El proceso fue admitido por dicho comité en julio de 2017, y emitió seis recomendaciones al Estado mexicano. La primera implica la reapertura de la investigación para garantizar verdad y justicia para Pilar y sus familiares; las siguientes se relacionan con la urgencia de mejorar el sistema de impartición de justicia en Veracruz y en todo el país. Sin embargo, no ha habido respuesta desde la administración federal anterior.
La abogada Araceli González de Equifonía, dijo que este caso puede sentar un precedente, y que “sirva para otros” para que se garanticen la justicia y la verdad.
Se ha ofrecido, aclaró González, una respuesta desarticulada por parte de las autoridades, y es hasta 2021 cuando se instala una mesa de acercamiento, por lo que ahora solicitan ser atendidas por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez.
En tanto, Gloria Ramírez Hernández mencionó que es la primera vez que el protocolo facultativo de la CEDAW recibe y asume una queja de este carácter.
Añadió que han sido varias las violaciones a los derechos humanos de las cuales han sido objeto los padres de Pilar, como la revictimización.
“Pilar era una mujer de 20 años de edad, le encantaba la música, vivía entregada a su trabajo, siempre con objetivos claros, estaba ahorrando para emprender un negocio y apoyar a su hermano en los estudios.”
En su oportunidad, Reyna Trujillo Reyes, madre de Pilar, dijo que el agresor sí contó con la protección de sus derechos humanos y su hija no. “Todos tienen derecho a ser escuchados y defendidos, quiero que se le haga justicia a ella y a nosotros también, que no siga pasando esto con otras personas, porque no sabíamos a quién dirigirnos para pedir ayuda”.
Pedro Argüello Morales, su padre, pidió conocer la verdad del caso, y qué ocurrió realmente con su hija. “Todas las dependencias, para empezar las de Coscomatepec, hicieron mal su trabajo, no deben olvidar que nuestros impuestos van para que les paguen a ellos, para que digan la verdad. Jugaron con nuestros sentimientos, y lo siguen haciendo con todos”, concluyó.
