Proponen nuevas políticas públicas contra la desigualdad
Análisis y generación de planteamientos del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers afirmó que necesitamos una nueva política hacendaria, tributaria y distributiva para poder crecer el espacio fiscal, pues esta es la única forma en la que podremos aspirar a un Estado de bienestar y a disminuir las lacerantes desigualdades.
Al participar en el arranque de las Jornadas Universitarias por el Estado de Bienestar. Nuevas Políticas Públicas contra la Desigualdad, efectuado en El Colegio de México, aseguró: “Trabajaremos de la mano cada vez que a la Universidad Nacional Autónoma de México la convoquen, y desde nuestro propio seno seguiremos insistiendo en la necesidad de transformar a México. Cuenten con nosotros”.
En el inicio de las Jornadas participaron autoridades de la Secretaría de Educación Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, diversas instituciones de educación superior y organismos evaluadores de la política pública, así como el coordinador del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Por parte de la UNAM, también asistieron el presidente en turno de la Junta de Patronos, Mario Luis Fuentes Alcalá; el coordinador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, Rolando Cordera Campos; y el director general de Planeación, Enrique del Val Blanco.
Las Jornadas dan continuidad al análisis y la generación de propuestas generadas por el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria que sostuvo reuniones durante cuatro meses y entregó a la Cámara de Diputados el informe “Nuevas Políticas Públicas contra la Desigualdad” con diagnósticos y propuestas en temas como: requerimientos presupuestales adicionales, reforma al sistema universal de pensiones, la reestructura tributaria, entre otros.
La presidenta de El Colegio de México, Silvia Giorguli Saucedo destacó que el espacio de trabajo entre la Cámara de Diputados, universidades, organizaciones de la sociedad civil es un buen ejemplo de las sinergias que es posible establecer para atender desigualdades estructurales, históricas, a partir de la política social y el financiamiento público, así como estrategias para un Estado de bienestar.
En tanto, Ramírez Cuéllar indicó que estas Jornadas Universitarias por el Estado de Bienestar refrendan el compromiso y la responsabilidad social de las instituciones de educación superior frente a los problemas que padece la nación.
Del trabajo previo surgió el documento “Nuevas Políticas Públicas contra la Desigualdad” que se entregó a la Junta de Coordinación Política de la nueva legislatura y que en sus conclusiones incluye financiar de manera sustentable el sistema de salud y educación, así como el nuevo sistema nacional de cuidados; pone luces rojas en los esquemas de financiamiento de los actuales sistemas de pensiones, así como en la necesidad de convocar a una nueva Convención Nacional Hacendaria, entre otras medidas.
“Un Estado con crisis y bancarrota fiscal nunca podrá convertirse en un Estado de bienestar”, agregó Ramírez Cuéllar. Dijo que estas Jornadas Universitarias se extenderán a diversas regiones del país y en julio de 2022 se entregarán propuestas de políticas a todos los Poderes de la Unión.
El subsecretario Luciano Concheiro Bórquez reconoció la contribución de la UNAM en los esfuerzos colectivos por mejorar las condiciones de bienestar de la población y en la elaboración de políticas correspondientes. El documento entregado, apuntó, no sólo incluye diagnósticos de la situación del país, sino también “los cómos para transformar la realidad”.
Expresó que en el caso del financiamiento a la educación superior, la ciencia y la tecnología, se requiere avanzar en el cumplimiento de disposiciones constitucionales como la obligación del Estado hacia este nivel de educación para llegar al equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); así como la creación de un fondo federal especial para garantizar la obligatoriedad y gratuidad con la concurrencia de los gobiernos estatales y municipales, entre otros.
Al final, Enrique Provencio Durazo, investigador de Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, resaltó el proceso para construir el documento desde diversas voces, lo que permite llegar a decisiones públicas para el desarrollo, mejor argumentadas.
