“Reforma judicial, un modelo improvisado”

La reciente reforma judicial en México es, sin duda, la transformación más radical que ha sufrido el Poder Judicial en la historia del país, y probablemente del mundo. La implementación del nuevo modelo ha mostrado improvisación normativa y operativa. Se echó a andar rápido y lo que sigue podría ser de las mismas características; en ese sentido, no se auguran buenas noticias para el futuro, señalaron expertos en la UNAM.

En el conversatorio “Balance y proyección de la Reforma del Poder Judicial”, organizado en la Estación Noroeste de Investigación y Docencia (ENID) del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Sergio López Ayllón, académico de esta instancia, recordó que con ese proceso se destituye a toda la Judicatura Federal y Estatal para ser sustituida por jueces electos.

Así, se genera una nueva gobernanza para los poderes judiciales –en particular se crea el Tribunal de Disciplina Judicial como órgano de control político de la Judicatura–, que implica una ruptura con el modelo de un tribunal constitucional independiente y una carrera judicial, consideró.

Recordó que había diagnósticos que coincidían en la necesidad de una reforma profunda del sistema de justicia, en particular en el nivel estatal, pero junto con eso “hubo razones políticas”. Una vez aprobada, en la primera elección, con más de tres mil candidaturas, se registró una baja participación y una anomalía probada: acordeones que indujeron el voto. Ese Poder, a nivel federal y estatal, quedó capturado por diferentes intereses.

Los saldos de este proceso se dan en diferentes planos de afectación, como la pérdida de capital humano, o un periodo de incertidumbre institucional que sigue vigente. El Informe Académico sobre la Reforma Judicial, ejercicio colectivo publicado por el IIJ, concluye que los problemas persisten y se crean nuevos, al tiempo que se afecta la seguridad jurídica de manera significativa. El modelo no es sostenible y hoy estamos en la “reforma de la reforma”, concluyó.

José Antonio Caballero, también del IIJ, refirió que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) procesa menos asuntos de los que solía hacer, en alrededor de 20 %. Del 5 de enero al 27 de abril de 2026, se han resuelto 945 y 372 se han quedado en lista. Otros 49 han sido retirados y 17 desechados sin resolución de fondo. El promedio de resolución de un asunto es de 21 días a partir de que se enlista.

Se resuelven, en promedio, 16 asuntos por sesión, y se empieza a ver la deuda que comienza a acumular la Corte. Aunque mantiene una operación relativamente estable, persisten y aumentan riesgos de opacidad institucional. En cuanto a la corrupción judicial dijo que se puede ocultar en expedientes de 18 tomos, y “sospecho que está aumentando por el descontrol de la reforma, lo cual es una hipótesis a revisar”, advirtió. El daño causado es estructural.

David Shirk, de la Universidad de San Diego, EUA, mencionó que la elección judicial en México tiene dos problemas: los candidatos ganaron con 5 o 6 % de la votación, y hubo “dedazo judicial”; es decir, si vemos quién nombró a los candidatos, por ejemplo, de la SCJN, veremos que cualquiera nombrado por la presidencia de la República tuvo una ventaja importante.

Con la falta de participación hubo ausencia de legitimidad y al poder gobernante no le conviene tener este problema. “En los próximos años habrá presión para que se reforme el proceso de elección de jueces”. Hay dos cosas importantes por hacer: tener una segunda ronda de selección para que gane por mayoría relativa cualquier candidato a juez, y promover la autorregulación de la profesión: si queremos jueces calificados, es importante tener sistemas de mérito.

Luis Enrique Concepción Montiel, académico de la Universidad Autónoma de Baja California, expresó que en la reforma hay argumentos a favor, como la democratización, la rendición de cuentas o el combate al corporativismo judicial, y una serie de críticas importantes, sobre todo el riesgo de su independencia, y el debilitamiento o aniquilación de la carrera judicial.

Además, se puede dar el escenario de la politización y erosión institucional. Existe el riesgo del financiamiento de las campañas por parte de grupos de interés, el clientelismo judicial, la dependencia política, el debilitamiento técnico relacionado con la carrera judicial e, incluso, la menor confianza de inversionistas por falta de certeza jurídica, alertó.

Por último, en la sesión moderada por Juan Vega Gómez, jefe de la ENID-IIJ, Paola Sam Aguirre, integrante de la Estación, dijo que existen serias dudas sobre los efectos de la reforma en cuanto a la independencia judicial, y la profesionalización y calidad del sistema de justicia. La aprobación se hizo de forma rápida, sin deliberación pública suficiente y, en algunos de los casos, favoreciendo el control político sobre el Poder Judicial.