Se debe implementar la reforma al Poder Judicial sin alterar su operación

Alrededor de dos millones de asuntos ingresan anualmente al Poder Judicial y continúan aumentando mientras se ha puesto en marcha la reforma de esa institución federal que enfrenta retos urgentes, coincidieron tres analistas de la UNAM.

Entre los principales desafíos, están que la nueva estructura debe implementar la reforma sin alterar la operación; institucionalizar las relaciones entre los órganos cúspide (que pasaron de tres a cuatro entidades); así como construir confianza y legitimidad con la sociedad, consideró Camilo Saavedra Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).

Durante la mesa de análisis “El nuevo Poder Judicial y sus alcances en la sociedad mexicana”, organizado por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS) de la UNAM, el investigador explicó: “Antes de la reforma, el Poder Judicial tenía a la cabeza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el tribunal constitucional de México vigilante de que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas”.

Debajo de la SCJN, a nivel de iguales, se encontraba el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que garantiza la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial; y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos en ese ámbito.

“A partir de la reforma aquella estructura tiene cuatro entidades, siguiendo en el liderazgo la SCJN, debajo de forma paralela el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que investigará conductas contrarias a la ley por parte de ministros, magistrados y jueces; y el TEPJF, mientras abajo se ubica el Órgano de Administración Judicial (OAJ), una nueva instancia que busca gestionar la operación de los tribunales”, detalló.

Ante la moderadora Angélica Cuéllar Vázquez, titular del CAACS, Josafat Cortez Salinas, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), destacó que el nuevo Poder Judicial enfrentará la organización de la carga de trabajo tras la desaparición de las salas y la configuración de direcciones y personal de confianza y administrativo.

“Históricamente, desde la reforma de 1994, cada presidente de la Corte ha impuesto un sello de acuerdo con sus preferencias y el contexto histórico en el que asumían el cargo. A Genaro Góngora Pimentel le tocó consolidar la independencia de la Corte; a Juan Silva Mesa operar la reforma en materia de derechos humanos; a Arturo Saldívar la reforma de la paridad y a Norma Lucía Piña le tocó lidiar con la Reforma Judicial”, rememoró.

Añadió que el actual presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, ha integrado a su equipo de trabajo a personajes como Vidulfo Rosales, exabogado de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa; Gerardo García Marroquín, esposo de María del Refugio Monreal Ávila y cuñado de Ricardo Monreal; y Mardonio Carballo, poeta y activista nahua cercano a la 4T; además de mujeres indígenas y afromexicanas que representan el 19 % de las direcciones generales de la nueva Corte.

“Mientras, el 26 % de los secretarios que llevaban asuntos y tenían experiencia en la carrera judicial han renunciado a la Suprema Corte”, apuntó.

Consideró que la desaparición de las salas, donde se resolvía buena parte de la carga de trabajo de la Corte, es un nudo a resolver, pues antes de la reforma el Pleno decidía muy pocos asuntos.

En su oportunidad, Andrea Pozas Loyo, investigadora del IIJ, explicó que la carrera judicial regula el ingreso, ascenso, evaluación, permanencia y separación de los servidores públicos que elaboran en el Poder Judicial de la Federación por medio de mecanismos institucionalizados como los exámenes para el ingreso y ascenso.

“La carrera judicial en México surgió con la reforma de 1994 y fue reforzada con la reforma constitucional de 2021. El objetivo era garantizar que las personas que formaban parte del Poder Judicial Federal adquirieran el conocimiento necesario para realizar su tarea y eso se hacía con base en habilidades laborales. La carrera judicial es muy parecida a la carrera académica”, comentó.

A la especialista le preocupa la falta de preparación académica y de experiencia en el área por parte de los nuevos integrantes. Precisó que en la carrera judicial había cinco escalafones: oficial judicial, actuario, secretario, juez y magistrado. Para ascender en ellos, se combinaba la experiencia en el Poder Judicial con la formación académica.

“De los 750 jueces, 15 % tenían licenciatura, 38 un doctorado. Muchos estudiantes de posgrado eran juzgadoras y juzgadores. Es decir, era una carrera. La inmensa mayoría de esta formación se daba en las universidades públicas o en la escuela judicial”, señaló.

Pozas Loyo aseguró que los jueces hacen derecho por medio de sus sentencias, lo que requiere un tipo de conocimiento de los precedentes y del sistema que resulta muy complejo.

Los nuevos jueces van a tener mucha presión para resolver gran cantidad de casos, sin un buen grupo de gente que les pueda ayudar, finalizó.