Se debe monitorear y evaluar la política de desarrollo social

El Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM fue sede de la “Semana de la evaluación gLOCAL, capítulo México”, organizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), mismo que se celebró en instalaciones de la entidad académica universitaria.

Durante una semana (del 11 al 15 de noviembre) se realizaron 28 actividades: conferencias, paneles, talleres presenciales, virtuales e híbridos, en los que participaron representantes de los sectores gubernamental, privado y académico, además de organismos internacionales con amplia experiencia en el tema.

Al dar la bienvenida a los participantes, el director del IIEc, Armando Sánchez Vargas, resaltó la importancia, desde la academia, de promover la vinculación con diferentes instituciones, como el Coneval, que se dedican a monitorear y evaluar la política de desarrollo social.

Dicha tarea es de relevancia a fin de que en el país puedan realizarse proyectos, que deban ser monitoreados y evaluados de manera apropiada, para que la política pública, que busca beneficiar a la población, sea impulsada y conducida desde un punto de vista científico y a través del cual se pueda llegar a resultados óptimos de dichas políticas.

Por su parte, John Scott Andretta, consejero académico del Coneval, apuntó que América Latina ha avanzado en el campo crítico de los sistemas de evaluación, que permiten informar sobre las políticas públicas basadas en evidencia.

Consideró que lo anterior hace posible, sobre todo, visibilizar que el monitoreo y la evaluación son herramientas esenciales para ejercer mejor los recursos públicos, mejorar la intervención pública, contar con presupuestos basados en resultados y contribuir al ejercicio de los derechos sociales de la población, fundamentales en el contexto del cambio de administración que vive México actualmente.

Saúl Federico Oropeza Orea, coordinador de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación de Puebla, destacó que el país se encuentra en un momento de coyuntura; de ahí la importancia de impulsar y fortalecer las capacidades institucionales en materia de evaluación, lo cual permite contar con mayor definición para la toma de decisiones sobre las políticas y programas públicos.

Su consolidación

A su vez, Diana Valadez Rovelo, coordinadora general de la Academia Nacional de Evaluadores de México, indicó: “nos encontramos en un momento fundamental en el que es relevante fortalecer la toma de decisiones a la luz de la evidencia y consolidar el uso de la evaluación y el monitoreo como pilares de una gestión pública eficaz, inclusiva y resiliente”.

Respecto al encuentro, dijo, “es un espacio privilegiado para el aprendizaje y la colaboración, una oportunidad para adquirir y compartir conocimientos, además de contribuir, desde esta Academia, al avance y la mejora continua de la política pública en México”.

Por su parte, Rodolfo Hernández Espinosa, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recalcó que gracias a este tipo de encuentros colectivos “seguimos impulsando una cultura de la evaluación en la toma de decisiones informadas en el país”.

Sin duda, afirmó, estos trabajos traerán profundos aprendizajes y mostrarán los principales retos que se enfrentan en materia de monitoreo y evaluación. “Contaremos con la participación de actores nacionales y extranjeros que compartirán sus respectivas experiencias en el uso de la información para la toma de mejores decisiones, fomentando un diálogo interinstitucional que nos permita optimizar el diseño e implementación de las políticas públicas”.

En tanto, Javier Medina Vásquez, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señaló que la región se encuentra en una crisis de desarrollo constituida por tres grandes trampas que se refuerzan mutuamente: bajo crecimiento, elevada desigualdad y baja movilidad social, y un descenso en las capacidades institucionales y de gobernanza. Además, enfrenta el reto del cambio climático y de la promoción de una estrategia ambientalmente sostenible.

Salir de esas trampas –cerrar las brechas y realizar las transformaciones necesarias–, es una tarea de todos y requiere fortalecer las capacidades institucionales de los estados en cuatro categorías principales: capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas, necesarias para el buen diseño de las políticas públicas; de modo que éstas sean monitoreadas y ejecutadas de forma eficiente para verificar el logro de los resultados esperados y realizar las correcciones necesarias para cumplirlos.