Sistema habitacional, agravado en CdMx por pandemia de Covid-19

En marzo y abril de 2020, desde la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), junto con 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez y el Movimiento Urbano Popular, se realizó un sondeo sobre condiciones de vivienda y acceso al agua en Ciudad de México y su zona metropolitana para conocer los principales retos que enfrentó la población en este rubro a partir de la contingencia sanitaria de Covid-19. Este primer ejercicio arrojó algunos datos de gran relevancia sobre las dificultades en el pago de rentas o hipotecas debido a problemas de salud o desempleo y los desalojos sufridos por la población.

Para actualizar y profundizar en estos datos, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IISUNAM) se diseñó un nuevo cuestionario que se aplicó a 409 personas mayores de 18 años que antes de marzo del 2020 residían en Ciudad de México. 68 por ciento de quienes contestaron son mujeres y poco más de 60 por ciento tienen entre 30 y 54 años. Las preguntas permitieron contar con información sobre los obstáculos que enfrentaron los hogares para cubrir pagos relacionados con la vivienda en la capital del país, si fueron objeto de un desalojo y de qué tipo, si sufrieron cambios relacionados con el lugar de domicilio así como con las características de la vivienda y el número de personas que la habitaban antes de la pandemia y cuándo contestaron en sondeo.

Además, se recopilaron opiniones sobre las medidas que las autoridades de Ciudad de México deberían de haber implementado para enfrentar esta situación.

Dentro de las conclusiones obtenidas, que se analizan en el informe de resultados, se destaca que 55 por ciento de las personas entrevistadas han enfrentado dificultades para el pago de la renta o la hipoteca de su vivienda, debido a la pérdida del empleo, la disminución de los ingresos, problemas de salud o por el deceso de algún familiar por complicaciones de Covid-19. Finalmente, 32 por ciento de las personas tuvieron que mudarse (18 por ciento lo hizo dentro de Ciudad de México y 14 por ciento se mudó al Estado de México u otra entidad). En el momento de aplicarse el sondeo, 29 por ciento estaba viviendo en casas de amigos o familiares.

El deterioro de las actuales soluciones habitacionales, reflejo del empeoramiento de las condiciones de vida debido a la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia, queda claro si se consideran los hallazgos del sondeo. Esto tomando en cuenta que, si antes de marzo de 2020, prácticamente en todas las viviendas se contaba con espacios destinados para cocina, baño y dormitorio y alrededor de 80 por ciento disponían de sala y comedor, luego de la pandemia, las respuestas de los participantes permiten señalar que hubo una disminución en las viviendas que contaban con el espacio para cocina, comedor y dormitorio (8, 7 y 4 puntos porcentuales, respectivamente). También se redujeron los servicios de Internet, sanitario exclusivo, recolección de basura y alumbrado público.

Por otro lado, las condiciones para rentar o alquilar un inmueble han recaído en la informalidad de manera considerable. Si bien en 2020 66 por ciento de las personas que contestaron el sondeo contaban con un contrato escrito, este porcentaje se redujo a 46 por ciento en 2021. Además, 15 por ciento de las personas fueron desalojadas, principalmente por parte de los propietarios de sus antiguas moradas, en algunos casos de manera violenta sin tener alguna otra alternativa de vivienda a la cual acudir.

Tanto el equipo que realizó la investigación, compuesto por Antonio Azuela de la Cueva, del IIS-UNAM, Maria Silvia Emanuelli, coordinadora de HIC-AL, y Sandra Carmen Murillo López, coordinadora de la Unidad de Investigación Social Aplicada y de Estudios de Opinión del IIS-UNAM, como los participantes en este sondeo concuerdan que para revertir las complejas problemáticas reflejadas en este ejercicio es necesario que: 1) el régimen inquilinario ocupe un lugar central en las políticas de atención y en la reconstrucción post Covid-19, 2) se legisle en materia inquilinaria desde una perspectiva de derechos humanos, equilibrando la relación entre personas propietarias e inquilinas y 3) el Estado regule los precios de renta de acuerdo a los salarios percibidos por los habitantes de la ciudad, ofrezca apoyos específicos para las personas arrendatarias en dificultad y amplíe las opciones para acceder a una vivienda ofreciendo alternativas expeditas a grupos vulnerables que sean desalojados.