Cada vez más desigual el acceso a recursos fundamentales

Son críticos los problemas socioambientales y no sólo ponen en riesgo la salud pública, también a los ecosistemas de los que depende la humanidad por los servicios que le proporcionan como agua, protección del suelo y regulación climática, entre otros, afirmó Leticia Merino Pérez, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (Cous).

En gran medida esto es causado por el capitalismo salvaje desregulado que se ha apropiado del patrimonio nacional y de muchas comunidades, afectando en mayor medida a los grupos más vulnerables que tienen mucho menos elementos para enfrentar dichas dificultades, indicó.

Al hacer referencia a las dimensiones sociales y políticas de la crisis ambiental y de la justicia en ese rubro, resaltó que existe un acceso cada vez más desigual a recursos fundamentales como el agua, la tierra y la energía, mismo que se ha profundizado durante las últimas tres décadas en las que se han desarrollado proyectos de economía neoliberal, a partir de la firma del Tratado del Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

A partir de entonces, prosiguió, se empezaron a vivir grandes procesos de despojo del agua y de la tierra por parte de diversas corporaciones inmobiliarias, turísticas y mineras, además de un acceso inequitativo a la energía impulsado por la reforma eléctrica de hace seis u ocho años.

Al participar en la sesión inaugural del Seminario “Los grandes problemas socioambientales”, organizado por la Cous, donde los participantes hablaron de por qué lo ambiental es también un tema social, de justicia y de desigualdad, Leticia Merino consideró que “estamos ante la necesidad de construir un ambientalismo popular y ciudadano”.

Por su parte, el director de la Facultad de Economía, Eduardo Vega López, expuso que territorio, agua, energía, trabajo, capital e instituciones son fundamentos imprescindibles de cualquier organización y proceso productivo o económico. El funcionamiento regular de la economía es complejo y serio, es un proceso necesario e imprescindible.

El funcionamiento regular de cualquier economía es capaz de generar empleos, ingresos, bienes, servicios, conexión de mercados, además de alguna prosperidad urbana y regional, incluso nacional; pero sólo si se acompaña de una política económica adecuada y eficaz, porque también hay momentos en que ésta no es la mejor, precisó.

En términos generales, ejemplificó, no es recomendable una política de austeridad, menos aún si se está inmerso en un proceso de desaceleración productiva o de propensión recesiva, porque entonces se pone freno al ejercicio del gasto o financiamiento de actividades duraderas que van a representar la producción de más bienes y servicios.

Aunque exista una buena política económica, los problemas no terminan, éstos persisten porque cualquier proceso económico genera un conjunto de situaciones intensas y acumulativas de degradación de ecosistemas y de fragmentación de sistemas ecológicos que pueden ser terrestres, costeros, marinos o insulares.

En su oportunidad, Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), señaló que el desafío es cómo producir alimentos para los 150 millones de mexicanos que habrá en el año 2050, garantizando el derecho humano a una alimentación saludable, sustentable y culturalmente pertinente en un marco de soberanía, democracia y libertades; en el contexto del calentamiento planetario, así como de la incertidumbre e inestabilidad geopolítica y geoeconómica global.

Resaltó la necesidad de reconocer el colapso global del modelo agroalimentario y nutricional de la revolución verde, pues “no podemos buscar una solución alternativa sin antes admitir que el modelo vigente hegemónico en México y el mundo ha fracasado y está en un colapso terminal”.

Ante ello, prosiguió, la respuesta debe formularse a partir del reconocimiento del fracaso, de la disfuncionalidad del modelo hegemónico de producción y consumo alimentario de la revolución verde, que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial y se generalizó desde la década de 1960 en el mundo.

Por otra parte, señaló, es relevante reconocer el hecho de la creciente concentración corporativa del sistema alimentario mundial y sus impactos negativos sobre la seguridad alimentaria global, la soberanía de las naciones y los derechos humanos.

“Si se quiere encarar el problema planteado, debemos proponernos y considerar la necesidad de un cambio de paradigma en la producción de alimentos y la transformación de nuestro sistema agroalimentario y nutricional”, concluyó.

En esta primera sesión también participó Paulina Garrido, presidenta del Consejo de Administración de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske (Unidos Venceremos).