Es urgente reforzar los planes de protección civil

Con el propósito de reducir riesgos y evitar tragedias como las ocurridas durante los sismos de 2017, es urgente reforzar los planes de protección civil y cambiar los mecanismos de vigilancia e implementación del reglamento de construcciones, mismos que han fallado. Además, hoy en día no se cuenta con información mínima sobre cuáles son las viviendas o edificios, por muy nuevos o bonitos que luzcan, que cumplieron o no con las normas de calidad y de seguridad vigentes al momento de ser construidos.

Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía (IGg) y coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, alertó que aun cuando el reglamento de construcciones vigente es bueno e incluso cuenta con reconocimientos internacionales, el problema es que su vigilancia y cumplimiento se han relegado a un trabajo administrativo de auxiliares, lo cual termina teniendo repercusiones muy serias en la respuesta que puedan tener los edificios ante un eventual sismo.

“Tenemos muchísima impunidad y no hay un control de lo que está pasando técnicamente con esas construcciones nuevas, y eso por ejemplo, si no se resuelve pronto, seguirá manifestándose en los siguiente sismos, hasta que el tema de la vigilancia y la implementación esté plenamente incorporado a los procesos administrativos y regulatorios de la construcción”, apuntó.

La mayoría del sector de la construcción, comentó la especialista, se dedica al lucro, entendido como un negocio que deja ganancias, pero eso tiene consecuencias mortales, pues si se cambia el diseño, se reducen la calidad de los materiales, se aumenta el número de niveles permitidos; entonces la edificación sufre alteraciones importantes y dichas ganancias se incrementan indebidamente ante la falta de una adecuada y estricta vigilancia.

Indicó que otra de las grandes tareas pendientes para reducir riesgos ante el posible registro de nuevos sismos de gran escala, es reforzar los planes de protección civil tanto en los hogares como en los centros de trabajo, de tal forma que todos conozcan el entorno en el que se mueven e identificar aspectos que puedan salvaguardar la integridad física en el momento de una emergencia.

Sociedad más participativa

Naxhelli Ruiz subrayó que después de las experiencias de los sismos de 1985 y de 2017 la visión de los ciudadanos sobre las situaciones de riesgo ha cambiado de manera significativa y actualmente tenemos una sociedad más participativa y demandante que reclama construcciones de mayor calidad y más seguras, que las alertas sísmicas funcionen a tiempo, que haya posibilidad de dar seguimiento a las personas afectadas y que se les garantice una recuperación más rápida, la cual no se reduce a la reconstrucción, sino también debe incluir una atención y una recuperación integral para las personas damnificadas, con un enfoque de pleno respeto a sus derechos humanos, y esto debe ser una obligación del Estado mexicano.

Por último, la investigadora comentó que otro gran pendiente es la instrumentación de una Gestión Integral de Riesgos de Desastres, que como país estamos obligados a adoptar porque está considerada en el Marco Sendai, que es el instrumento programático internacional del cual México es firmante y es el que dicta cuáles son las prioridades mundiales en materia de reducción de riesgos.

“La gestión integral de riesgos abarca todas las fases de lo que llamamos proceso de creación, riesgo, desastre, lo que quiere decir que incluye todo lo preventivo, además del análisis de los escenarios de riesgos del futuro, así como la planeación de la respuesta y bajo una nueva mirada, recuperación y reconstrucción” finalizó.