Justicia electoral, crucial para preservar el equilibrio democrático
Durante el Congreso Internacional 2023 Los Retos de la Judicatura, Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e integrante de la Junta de Gobierno de esta casa de estudios, refirió que el balance de la existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la justicia electoral en el país es muy positivo, por ejemplo, en materia de paridad de género.
Los precedentes que ha sentado el Tribunal, añadió, han formado una doctrina constitucional en materia electoral que poco a poco ha ido permeando en nuestro sistema jurídico, hasta reconocer un sistema electoral cada vez más transparente, equitativo y accesible para los ciudadanos, y sobre todo, para lograr que quienes acceden al poder a través de las elecciones, lo hagan de la manera más limpia, pulcra y equitativa posible.
Reconoció que la materia electoral se ha creado a partir de las desconfianzas del país. Con las reformas, se agrega todo aquello que fue motivo de desconfianza en las elecciones anteriores.
Al hacer un recuento histórico mencionó, entre otros datos, que en 1986 se creó el entonces Tribunal de lo Contencioso Electoral; así se estableció la posibilidad de que, a través de ese órgano, se trataran cuestiones en la materia.
En tanto, refirió, por medio de una reforma se le reconoció mayor competencia al Tribunal Federal Electoral, que no formaba parte del Poder Judicial, sino que era autónomo.
En 1990 se creó el entonces Instituto Federal Electoral con el afán de “ciudadanizar un poco” la organización de las elecciones; era presidido por el secretario de Gobernación y se integraba por los llamados consejeros magistrados, rememoró en el Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho.
Para 1993 se llevó a cabo una nueva reforma y ese Instituto dejó de ser presidido por dicho secretario, y así se quitó la participación del gobierno en la organización de las elecciones, y una más, en 1996, lo adhirió al Poder Judicial de la Federación, relató.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que en una democracia, el papel del Poder Judicial, y particularmente de los tribunales constitucionales, es ser el garante del orden democrático.
En tanto, el rol de la justicia electoral es garantizar que se cumpla la decisión ciudadana y asegurar la transmisión pacífica del poder a través de elecciones limpias, periódicas, apegadas a los principios constitucionales y legales.
La democracia mexicana, como otras en el mundo, es desigual, y requiere derechos fuertes e instituciones que los garanticen. De ese modo, la función primordial de la justicia electoral es brindar a la ciudadanía, los mecanismos institucionales que hagan de sus derechos, un referente eficaz para la vida cotidiana.
A lo largo de años, la justicia electoral ha cumplido con la misión de impartir justicia, de manera oportuna imparcial e independiente, añadió en el segundo día de trabajo del Congreso Internacional. A partir de su existencia, los desacuerdos se resuelven, no a través de la política, sino del derecho.
Sin embargo, la impartición de justicia, en general, enfrenta desafíos significativos en la región latinoamericana, donde han avanzado los intentos por restar autonomía al Poder Judicial. “La función judicial debe ser en beneficio directo de la sociedad, y de quienes aspiran a que se cumpla la ley y se respete el equilibrio democrático; para ello, los jueces deben estar libres de presiones externas”, finalizó.
Durante las conferencias magistrales dictadas bajo el tema Democracia y Justicia Electoral, la ministra de la SCJN, Ana Margarita Ríos Farjat, mencionó se puede hablar de una narrativa de ampliación de la participación política de las mujeres, o de que es el tiempo de ellas; no obstante, la realidad normativa puede ir en otro sentido.
Por último, Alejandro Sergio González Bernabé, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, alertó que en México y América Latina el Poder Judicial vive momentos de un gran escrutinio público, y “resulta indispensable esclarecer la función que realizamos, combatiendo la desinformación con información”.
No son los desafíos los que definen el destino institucional, sino las acciones que llevemos para enfrentarlos. El principal reto del Estado de derecho democrático en México y Latinoamérica no consiste solamente en sostener instituciones que permitan resguardar la legalidad, alienten la separación equilibrada de los poderes del Estado y defiendan los derechos humanos, sino en lograr la plena efectividad del sistema jurídico, concluyó.