La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación debe ser libre
También es indispensable que sea incluyente y con inversión, señalan; William Lee Alardín considera buscar los mecanismos de Estado y mixtos para realizar proyectos
En la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación debe darse una discusión amplia e incluyente, un ejercicio científico libre, ajeno a ideologías, apegado a la Constitución, de evaluación rigurosa por pares y con un presupuesto sostenido y no sexenal, señalaron expertos de la UNAM.
Para desarrollar el sector de ciencia, tecnología e innovación (CTI) y que tenga beneficios para la sociedad hacen falta personal, infraestructura y financiamiento, afirmó William Lee Alardín, coordinador de la Investigación Científica. Consideró fundamental convocar a la comunidad para proponer proyectos y buscar los mecanismos de Estado y mixtos para llevarlos a cabo.
Para aprovechar la inversión realizada en los últimos 20 años en el sector, propuso, entre otras cuestiones, contar con un programa de mantenimiento con presupuesto básico asignado en escala de 10 años; y con un programa de renovación de equipos de primera necesidad y aprovechamiento común con presupuesto revisable periódicamente.
Los mecanismos de financiamiento, desarrollo y aprovechamiento de la infraestructura deben tener certeza y continuidad en el largo plazo y deben coordinarse con las estrategias de formación de recursos humanos, subrayó Lee.
Durante la conferencia de prensa virtual Elementos Indispensables para la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich, director del Instituto de Biotecnología, destacó que la evaluación es un punto central en el quehacer científico, y por ello la nueva ley del sector deberá poner un cuidado especial en este punto. “La evaluación debe ser rigurosa, por pares, libre de ideología y cualitativa”.
Cecilia Noguez Garrido, directora del Instituto de Física se refirió al personal altamente calificado, que, dijo, es factor principal para cualquier nación, ya que permite ser más competitivos, adaptables y tener mejores estándares de vida.
Por su parte, Rafael Loyola Díaz, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, opinó que en la nueva discusión para la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación deben incluirse algunos conceptos: tener una ciencia libre, de largo plazo, descentralizada, con participación de la comunidad científica y con contrapesos, e impulsar la federalización.
Por el bienestar social
Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, sostuvo que una ley de ciencia y tecnología debe responder a los objetivos de lograr el bienestar social, es decir, el avance de nuestra sociedad en un sentido más equitativo e igualitario, tratando de abatir la pobreza, la inequidad y logrando mayor bienestar. Son conocidos los objetivos del desarrollo sostenible; ciencia y tecnología deben ir de la mano para alcanzarlos.
El futuro es una carrera entre el creciente poder de la tecnología y la sabiduría con que la usamos, como dijo el físico Stephen Hawking. “La sabiduría con que usamos la ciencia, la tecnología y la innovación depende de nosotros y de una buena ley en la materia, adecuada a las necesidades de nuestro territorio”, expuso.
Hay acuerdo en la necesidad de diseñar políticas de CTI que sean inclusivas y sostenibles, articular políticas públicas en el área para el avance social y productivo, y construir alianzas para alcanzar estos objetivos. El tema es cómo lograrlos, y para ello es primordial la ley, recalcó la funcionaria universitaria.
Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, expresó que la generación de conocimiento, su uso y aplicación, son elementos estratégicos para lograr el avance y bienestar de la sociedad. Las humanidades, ciencia, tecnología e innovación son un bien público y un factor crucial para lograr un desarrollo sostenible.
Alfredo Sánchez Castañeda,abogado general de la UNAM, explicó que son dos los grandes elementos, de fondo y de forma, que se deben considerar en el proceso de elaboración de la ley general de ciencia: que se sujete a los marcos constitucional mexicano e internacional y debe contar con la intervención ciudadana, en este caso, de la comunidad científica.
Gustavo Vega Cánovas, secretario general de El Colegio de México, dijo que se espera que la nueva ley garantice la gobernanza de la comunidad científica a través de figuras de consulta y evaluación sólidamente conformadas.