México necesita el contrapeso de los organismos autónomos

Este país necesita contrapesos y ahí los organismos autónomos desempeñan un papel fundamental, afirmó Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Debemos proceder con apego a derecho, al marco legal, y priorizar el carácter técnico, no político, de este Instituto”, añadió al participar en la Mesa de Diálogo con el INAI, organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.

Miguel Armando López Leyva, director del IIS y moderador de la sesión, refirió que es claro que en la democracia es fundamental la separación y el equilibrio de poderes, así como el control y vigilancia de los poderes públicos.

Organismos como el INAI, el Instituto Nacional Electoral y otros tienen un papel muy importante, pues están llamados a garantizar, en el primer caso, la transparencia de las acciones públicas y de gobierno, “lo cual debería conducir a que todo acto de gobierno esté justificado y permita a la ciudadanía entender las razones de por qué se procede de cierto modo; y eso no es un asunto menor en un régimen democrático”, detalló.

Son de dominio público las controversias a las que el INAI ha estado sometido en los últimos tiempos, ya sea poniendo en duda su función o la necesidad de su existencia en nuestra democracia, añadió. Mediante el Seminario “nuestra contribución es reflexionar en conjunto acerca de la importancia de este Instituto y ponderar la relevancia de defenderlo, junto con otros, que tienen a su cargo labores de la mayor relevancia”.

En el marco del Seminario Universitario de Transparencia, la comisionada presidenta continuó diciendo que en el debate público no se ha posicionado la centralidad de la transparencia para la democracia, y “debemos trabajar en ello”.

Precisó que se piensa como un elemento que robustece a la democracia y no como dos conceptos “simbióticos e indisociables”: en diferentes espacios se ha planteado que ni la democracia procedimental, ni la sustantiva, son posibles sin transparencia, recalcó Blanca Lilia Ibarra.

El debate en torno a éstos y otros temas permite desarrollar una agenda compartida, socializar el papel de la transparencia para la democracia, y la construcción de herramientas metodológicas para que la ciudadanía pueda utilizar y operar los derechos que tutela el Instituto.

Hay organizaciones trabajando para lograr que la sociedad se apropie del de derecho a saber y lo utilice, y que al mismo tiempo los servidores públicos no lo vean como una amenaza, sino como una oportunidad, expuso.

Entre los retos que debe superar ese organismo, mencionó, hay que apostar por la profesionalización. Aunque tiene relevancia internacional y reconocimiento al modelo institucional y al marco legal, “tenemos que seguir profesionalizando no sólo al INAI, sino a las Unidades de Transparencia”; y que al implementar el servicio profesional de carrera, el capital humano permita ejercer nuestras funciones y tareas de manera óptima.

En ocasiones se dice que “el INAI no quiso dar la información”; pero no es una “bodega” que la contenga. El organismo actúa cuando hay una negativa de las autoridades o sujetos obligados (más de 8,000 en la nación, de los tres niveles del gobierno) y determinar si debió haberse entregado. Quien de origen niega la información es la autoridad y en eso se ha confundido a la población: en lo que el Instituto no hace ni tiene, aclaró.

En la sesión, Jaqueline Peschard Mariscal, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia, alertó que la reglamentación en materia de transparencia tiene 20 años, y en ese lapso hemos visto que la mayoría del público está alejado de los beneficios de tener información.

No hemos logrado ampliar la población que no sólo entiende qué es el derecho de acceso a la información, sino que lo usa de manera cotidiana. “Los grupos que la utilizan son los mismos de entonces: periodistas, académicos, investigadores, empresarios, quienes necesitan tener los datos a la mano”. Pero falta que el acceso a la información sea reconocido por el público en general como un derecho que es útil para la misma población.

Por último, al hablar de la situación actual del INAI, dijo que no puede atender los recursos de revisión, de quejas, de las personas que quieren información, pero eso no es algo nuevo, sino anunciado desde el inicio del gobierno.

Además, la invasión de la privacidad o el robo de la identidad pueden causar daños irreparables; sin embargo, no hay conciencia de esto. No puede ser sólo una tarea del INAI; otros tienen responsabilidad en el tema, y no únicamente los usuarios del acceso a la información, sino los partidos políticos y las organizaciones, finalizó.