Se diversifican los mecanismos de presión y control hacia los medios

Las diversas formas de violencias que se registran en el país han colocado a los periodistas en el ojo del huracán y aquellos que cumplen con la función de vigilancia, denuncia social e investigación se encuentran cada vez en mayor riesgo, advirtió José Arellano Sánchez, académico del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Al participar en la conferencia Violencias y Grupos Vulnerables: riesgos y dilemas éticos de la investigación sobre periodistas, Arrellano Sánchez apuntó que idealmente esta profesión denuncia los abusos de poder, visibiliza la voz de las personas más vulnerables y contribuye a la construcción de un tejido social libre de violencia; sin embargo, el periodismo también suele ser una práctica instrumentalizada por los poderes políticos, económicos, culturales y tecnológicos.

Agregó que el periodismo es una profesión peligrosa en toda América Latina y el Caribe, pero especialmente en México la violencia hacia los comunicadores es un problema social que requiere un enfoque interdisciplinar, multidimensional y estructural.

Por su parte María Grisel Salazar Rebolledo, investigadora de la Universidad Iberoamericana, consideró que en el análisis de esta problemática lo primero es desarticular el discurso que parte de la lógica de que las agresiones contra los periodistas son consecuencias secundarias o colaterales de todo un entorno de riesgo y de violencia criminal.

“La violencia y la inseguridad que enfrentan las y los periodistas proviene de muchos actores y por supuesto uno de ellos es el crimen organizado, pero uno de los problemas más graves que enfrentan son las agresiones desde el poder, precisamente de las autoridades de gobierno y de los encargados responsables de proveer las condiciones mínimas de seguridad.”

Comentó que de acuerdo a un estudio en el que se contó con los testimonios y experiencias de varios periodistas, hay todo este abanico de estrategias que despliegan las autoridades gubernamentales de todos los niveles, para intervenir en los contenidos de la prensa y los medios de comunicación.

En dichas estrategias, señaló, se han identificado tres tipos de agresiones al ejercicio periodístico que van desde los pactos clientelares, con compra de espacios publicitarios en los medios, que tiene un relativo sustento legal al estar regulados por una ley que tiene muchas carencias, pero finalmente termina siendo una acción legal.

En una segunda línea, agregó, también se encuentra todo lo relacionado con recursos financieros que se manejan al margen de la ley, a través de pactos fiscales o sobornos por debajo del agua; entre ellos se encuentra la práctica del embute o chayote que se materializa no sólo con dinero en efectivo, sino también al otorgar unas placas de taxi, el pago de colegiaturas de los hijos o un permiso para abrir un bar, entre otras prácticas que terminan condicionando los contenidos mediáticos.

Y en un tercer plano, se ubicó todo un círculo que tiene que ver con la intimidación legal hacia los periodistas en diferentes modalidades que van desde la aplicación de multas, sentencias de cárcel, prohibición abierta de contenidos, arrestos y detenciones por calumniar o difamar y todo lo relacionado con delitos contra el honor que son usados para amedrentar a los comunicadores.

Salazar Rebolledo expuso que durante la investigación también se pudieron identificar algunos otros parámetros que están directamente vinculados con la incidencia sobre los contenidos en los medios. En aquellos estados que destinan mayor presupuesto para publicidad oficial se registran menos contenidos críticos hacia las tareas de gobierno y se reproducen un mayor número de narrativas oficiales.  En tanto, en aquellas entidades donde se canalizan menos presupuesto para medios, se publican contenidos más críticos.

En su oportunidad, Dasniel Olivera Pérez, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, comentó que hay una preocupación latente entre el gremio periodístico por la descalificación sistemática hacia su trabajo desde el espacio público que si bien no es directamente física, el acumulado de ataques discursivos termina afectando y manipulando el trabajo periodístico.

El ejercicio constante de estigmatización y descalificación, enfatizó, tiene consecuencias serias en cuanto a la legitimidad y credibilidad de la profesión periodística, que además siempre tendrá la amenaza latente de que se les abra un expediente por pertenecer supuestamente a la delincuencia organizada, como represalia por haber publicado alguna investigación incómoda para los gobernantes o grupos de poder.